En 2013, Otto Pérez Molina declaró de interés nacional la creación de un canal seco que conectara al océano Pacífico con el Atlántico, pero ¿qué pasó con el proyecto?
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La crisis que afecta actualmente al Canal de Panamá, debido a las sequías, y la entrada en funcionamiento de una parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en México, ha hecho recordar una obra similar que hace años de planeó construir en Guatemala.
Lleva por lo menos un cuarto de siglo de haberse gestado, pero fue durante el gobierno de Otto Pérez Molina cuando se presentó el Corredor Interoceánico de Guatemala como una opción para facilitar el traslado de mercancías, al conectar los océanos Atlántico y Pacífico, por medio de una compleja estructura terrestre.
Se trata de un proyecto privado cuya longitud estimada es de 372 kilómetros y pasaría por 44 municipios ubicados en cinco departamentos, desde Izabal hasta Jutiapa.
En el gobierno del extinto Partido Patriota se empezó a hablar de los beneficios y las acciones que se requerirían para poner en funcionamiento este canal seco, el cual permitiría transportar contenedores de extremo a extremo de una manera ágil; sin embargo, sigue sin concretarse.
Entre otras características, se planeó que esta megaobra tenga 140 metros de ancho, con un puerto en cada océano y cada uno se extendería sobre aproximadamente 4,419 hectáreas, según los promotores.
El costo de la primera etapa sería de unos 15,000 millones de dólares, que equivaldrían a Q117,300 millones.
Planean primera fase
El exgerente y socio del proyecto, Lionel Toriello, manifestó que están en marcha acciones previas a los trabajos de construcción, que incluyen acercamientos con autoridades electas y búsqueda de nuevos inversionistas.
En ese marco, el próximo 25 de noviembre habrá una presentación a un grupo de empresarios procedente de Corea del Sur, que se ha interesado en el plan. La actividad se desarrollará en Jutiapa y se contempla también la firma de convenios de cooperación.
A decir del entrevistado, hay optimismo respecto del inicio de un nuevo gobierno, el cual se espera apoye obra y así se pueda implementar la primera fase, la cual se llevaría unos 3 años y medio.
"Las circunstancias, finalmente, comienzan a alinearse de manera tal, que todo indica que el proyecto se va empezar a construir el año entrante", expresó. Asimismo, se dijo confiado sobre la inclusión de más inversores internacionales.
Toriello añadió que se cuenta con varios accionistas, incluidos empresarios, propietarios de tierras rurales, municipalidades e inversionistas extranjeros. Los terrenos que serían necesarios para la construcción de las vías serían aportados por socios o comunas, afirmó.
Aparte, refirió que se cuenta con todos los estudios de factibilidad e impacto ambiental, por lo cual se espera que a partir del próximo año no haya retrasos en los trámites de licencias.
Así sería el corredor interoceánico
Según los promotores, este canal seco tiene "un modelo único e integrado de infraestructuras y planes de desarrollo del territorio". En cuanto al traslado de mercancías, plantea tres estructuras:
1. Corredor Intermodal: con un nuevo puerto en el Pacífico y otro en el Atlántico, así como una conexión ferroviaria de doble vía que tendría una extensión de 372 kilómetros.
2. Corredor Energético: con hasta cinco sistemas independientes para transferir hidrocarburos y gas, con la posibilidad de establecer una refinería y un complejo petroquímico.
3. Área Multiactividad: con paso de fibra óptica de alta capacidad que se conectaría a cables submarinos a cada lado del Istmo Centroamericano, con lo cual se busca la producción de energía de bajo costo, un sistema de red eléctrica y varias redes de agua.
Adicionalmente, contempla plataformas de desarrollo económico, con más de 3,500 hectáreas para la creación de parques industriales, agroindustriales, logísticos y tecnológicos.
Para complementar el plan, se tiene previsto reforzar el desarrollo económico regional, mediante el lanzamiento de dos programas. Uno, dedicado a promover actividades agrícolas y agroindustriales; el segundo, destinado a promover una red de zonas francas "altamente competitivas".
Esta es la información que aparece en el sitio web del proyecto y lo que se plantea a posibles inversionistas durante las presentaciones que realizan constantemente, en busca de más capital.
A propósito de la crisis que enfrenta el Canal de Panamá y el funcionamiento del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, en México, en Guatemala se propuso un proyecto similar, hace años. pic.twitter.com/W7kFdc5WSh
¿Por qué no se implementó antes?
Toriello indicó que aunque han pasado tres gobiernos desde que se planteó oficialmente el plan, no ha habido condiciones para su implementación. Agregó que los pasados "regímenes que no veían con simpatía el proyecto o trataron de apropiarse de él".
A decir del empresario, ha existido un tipo de "sabotaje", a pesar de que no se ha buscado establecer una alianza público-privada para crear la estructura y tampoco se ha planteado el apoyo del Legislativo, mediante la aprobación de alguna norma.
El exministro de Finanzas y expresidenciable, Julio Héctor Estrada, estaba al frente de la Agencia de Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) cuando se empezó a hablar de la obra.
El también economista confirmó que nunca se planteó trabajar en conjunto ni se presentó formalmente el proyecto al Ejecutivo, por lo cual no hay documentos emitidos por alguna institución del Gobierno que lo avalen.
Además, manifestó que en su momento se consideró que la obra no era viable, pues "se hicieron análisis a lo interno". Posteriormente, "se presentaron las conclusiones a las autoridades para que estuvieran enteradas", contó.
Sin embargo, en julio de 2013, el entonces presidente Otto Pérez Molina declaró la obra de "utilidad pública e interés nacional", mediante el Acuerdo Gubernativo 270-2013.
Entre otros aspectos, la normativa aseguraba la protección necesaria por parte del Estado para la ejecución y desarrollo del corredor interoceánico, por medio de la emisión de leyes, reglamentos, acuerdos o resoluciones.
Asimismo, se refería a "cualquier otra disposición de orden interno que sea procedente para proporcionar certeza y seguridad jurídica" al proyecto.
Múltiples tropiezos
Poco después de que se publicó el acuerdo, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la norma, lo cual habría propiciado el retiro de algunos inversionistas. Así lo dijo en aquel entonces quien fungía como presidente del proyecto, Guillermo Catalán España.
Durante una entrevista, el empresario también habló acerca de que la caducidad de la vigencia de la cédula de vecindad fue otro obstáculo, ya que buena parte de los propietarios de las tierras que se habían comprado carecía de Documento Personal de Identificación (DPI), lo cual habría retrasado la legalización de la compraventa.
Otro aspecto que afectó al proyecto fue que un grupo que supuestamente aportaría capital resultó ser un fraude, complicando el pago a algunas personas con quienes se habían adquirido terrenos.
