El debate sobre seguridad enfrenta la necesidad de fortalecer a la Policía y redefinir el apoyo militar.
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La firma de los Acuerdos de Paz no solo puso fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado interno, también planteó una transformación del Estado y de su modelo de seguridad.
Lo anterior se debe a que durante años se buscó reducir el peso de las estructuras militares en asuntos internos y fortalecer instituciones civiles capaces de prevenir, investigar y combatir el delito.
El punto de partida fue el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito el 19 de septiembre de 1996. Dicho documento formó parte del proceso que culminó con la firma de la Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de ese mismo año.
El acuerdo estableció que la misión esencial del Ejército debía concentrarse en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.
Su participación en otros ámbitos se concibió como excepcional o de cooperación, a la vez que se planteó una Policía Nacional Civil (PNC) profesional, jerarquizada, de alcance nacional y bajo dirección de autoridades civiles.
El Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, fue suscrito el 19 de septiembre de 1996, hace más de 30 años. https://t.co/IKoYExukYf
La institución en mención sería responsable de mantener el orden público y la seguridad interna, así como de prevenir, investigar y combatir el delito.
La finalidad no era dejar al Estado sin capacidad para enfrentar la delincuencia, sino trasladar la seguridad ciudadana a una institución civil con formación distinta a la militar, controles democráticos y respeto a los derechos humanos.
En ese marco, se redujeron los efectivos del Ejército, se desmovilizó la Policía Militar Ambulante y se creó la PNC mediante el Decreto 11-97. No obstante, la consolidación de esa nueva institucionalidad no avanzó al mismo ritmo que la reducción de las estructuras militares.
Desde sus primeros años, la PNC enfrentó dificultades en la selección y formación de aspirantes, carrera policial, controles internos, investigación criminal, cobertura territorial, equipo y recursos.
La falta de continuidad en las políticas de seguridad también incidió en una institución que ha cambiado prioridades y mandos con cada gobierno.
Según información oficial, hasta marzo de 2026 se reporta que hay 42 mil agentes de la PNC desempeñando labores en todo el país.
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Jorge Santos, analista independiente en derechos humanos, considera que los Acuerdos de Paz registran avances, aunque persisten tareas pendientes.
Entre ellas mencionó continuar la modernización institucional del Ejército y fortalecer el carácter civil de las entidades encargadas de la seguridad.
Respecto de la PNC, señaló que su fortalecimiento debe incluir capacitación, equipamiento, mejores condiciones laborales, investigación criminal y mayor presencia territorial.
También consideró necesario mantener los avances en seguridad dentro del respeto a los derechos humanos.
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El coronel retirado Francisco Girón, analista en seguridad e inteligencia, considera que persisten debilidades institucionales, especialmente por la reducción de capacidades del Ejército y la limitada cobertura operativa de la PNC frente al crimen organizado.
Según explicó, la disminución de efectivos militares no siempre estuvo acompañada de recursos suficientes para mantener movilidad, comunicaciones, equipamiento y presencia territorial.
También señaló que, en varias áreas del país, el Ejército continúa siendo una de las pocas representaciones del Estado.
Respecto de la PNC, advirtió que no todos los agentes están disponibles para prevención y patrullaje, debido a turnos, tareas administrativas y funciones de seguridad asignadas mientras que todavía existen municipios y localidades sin presencia policial suficiente y, en algunos casos, sin destacamentos militares.
Considera que el cierre de comandos militares en puntos estratégicos abrió espacios que fueron aprovechados por organizaciones criminales para movilizarse en el territorio. "El fenómeno criminal avanza a mayor velocidad" que la recuperación de capacidades de las fuerzas de seguridad, afirmó.
El coronel retirado planteó que el Estado debe fortalecer de forma simultánea a la PNC y al Ejército, mediante planes que mejoren la coordinación, cooperación y comunicación entre amabas ambas e instituciones de investigación y persecución penal.
También propuso revisar el marco legal que regula la actuación de los militares en apoyo a la seguridad civil.
Ambos expertos coinciden en que Guatemala no ha consolidado plenamente el modelo de seguridad previsto en 1996.
