La jueza Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia Violeta de León, resolvió conceder medidas sustitutivas a favor de Joam María Ponce Sánchez, exrepresentante legal del restaurante Fulanos y Menganos (Carnes y Ensaladas) y sobrina de Othmar Sánchez, relacionados con la factura de 90 mil quetzales que habría facilitado el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales para respaldar un evento que según pesquisas del Ministerio Público (MP), no se realizó.
La jueza ordenó el arresto domiciliar de Joan Ponce y le fijó una caución económica de 100 mil quetzales que deberá hacer efectiva para poder salir de prisión. La jueza argumentó que Ponce acaba de dar a luz y tuvo según informes médicos un parto complicado.
Anabella en prisión
En relación a la petición de la exregistradora de la Propiedad Anabella De León, la jueza no aceptó y resolvió que la exfuncionaria debe permanecer en prisión preventiva. Sin embargo, explicó que podría autorizarle un permiso para visitar eventualmente a su madre, que está enferma y tiene 93 años.
Anabella De León seguirá recluida en la cárcel ubicada en la brigada militar Mariscal Zavala.
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Otros sindicados
Respecto a la exdirectora de Recursos Humanos, Samantha Marisol Mejía Salguero, la jueza también resolvió que seguirá en prisión, lo mismo decidió para Edwin Ariel García Alvarado y Donald Joseph Byrne.
La jueza también aceptó cambiar los delitos por los que deben enfrentar proceso cuatro de los cinco sindicados que lo pidieron.
Los beneficiados fueron Anabella de León, Joan Ponce, Samantha Mejía y Edwin García, a quienes reformó el delito de peculado por sustracción por el de fraude.
El único que seguirá con el delito de peculado por sustracción es Donald Byrne.
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Por el caso Botín Registro de la Propiedad fueron capturadas 22 personas.
La investigación del MP consiste en sindicar a los procesados de autorizar y beneficiarse con plazas fantasma en el Registro de la Propiedad, para lo que se desembolsaron 3 millones de quetzales.
El segundo evento es el pago de servicios de banquetes que en apariencia no se realizaron, pero sí se pagaron. La suma defraudada suma unos 150 mil quetzales.
