Analistas consideran que lo sucedido en Huité, Zacapa, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, y el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, evidencian debilidades y necesidad de un replanteo en la estrategia de seguridad.
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Tres hechos de violencia registrados en menos de un mes han colocado nuevamente bajo cuestionamiento la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en medio de señalamientos sobre posibles intentos de desestabilización política y la capacidad de respuesta de las autoridades.
La muerte de siete personas en Huité, Zacapa, el pasado 27 de septiembre; los disturbios en Ciudad Peronia, Villa Nueva, el 14 de octubre, que dejaron una autopatrulla incendiada y daños en una sede policial; y el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, el 17 de octubre, son los acontecimientos que analistas consideran relevantes para evaluar la situación de seguridad del país.
Mientras algunos advierten sobre intereses políticos y criminales detrás de estos hechos, otros consideran que el Gobierno debe revisar sus estrategias para enfrentar la violencia.
Compromiso de justicia
Al referirse al asesinato del exfiscal, el presidente Arévalo, expresó que el gobierno también exige justicia y comprometió a "hacer todo lo que sea necesario para que este crimen horrible se esclarezca y las personas que sean responsables tenga el castigo que les corresponda", apuntó.
Reiteró que este el compromiso de este gobierno y que están colaborando con el Ministerio Público (MP) para lograr que se esclarezca quienes son los autores materiales e intelectuales de este "asesinato horrible", externó.
El mandatario dijo que esta situación "nos convoca a reunirnos para reafirmar los principios de lucha, contra el crimen por la democracia, por libertad, y en contra de aquellos que están intentando utilizar esto para "crear desestabilización y miedo".
Advierten sobre posible desestabilización
Para Alejandro Rodríguez, analista de Impunity Watch, los recientes acontecimientos podrían formar parte de un movimiento de desestabilización relacionado con la proximidad de las elecciones generales de 2027.
Rodríguez recordó que Solórzano Foppa había advertido, mediante videos difundidos en redes sociales, sobre la existencia de grupos interesados en desestabilizar al Gobierno y a las autoridades del Ministerio de Gobernación.
A su criterio, el asesinato del exfiscal podría responder a acciones de estructuras clandestinas que buscan generar temor entre la población.
El analista también advirtió que la escalada de violencia podría ser aprovechada por actores políticos para promover propuestas de seguridad basadas en políticas de "mano dura", por lo que llamó a no dejarse llevar por lo que calificó como "cantos de sirena".
Piden replantear la estrategia de seguridad
Por su parte, el analista independiente Renzo Rosal consideró que los acontecimientos de Huité y Ciudad Peronia podrían evidenciar la influencia de estructuras criminales y de grupos con intereses dentro del Estado.
Según Rosal, estos hechos generan incertidumbre y ponen en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades, además de abrir interrogantes sobre posibles intereses detrás de la violencia.
El experto sostuvo que la situación debería convertirse en una oportunidad para efectuar un "reseteo" de los planes de seguridad del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa Nacional.
Rosal advirtió que, de no realizarse una revisión de las estrategias, podrían quedar expuestas deficiencias en la planificación, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta del Gobierno.
También planteó la necesidad de examinar posibles vínculos entre estructuras criminales y funcionarios de niveles intermedios, aunque estos señalamientos requieren investigaciones que permitan establecer responsabilidades.
