La fecha clave para entender como cambió la política del país es el 16 de abril de 2015, día en el que una serie de arrestos modificó para siempre la percepción de justicia de los guatemaltecos y a partir de ese momento cada mes que pasaba era un proceso penal nuevo y el Congreso de la República no fue ajeno a ellos.
En total, 11 diputados fueron sometidos a un juicio político durante este 2015, ya sea por la creación de plazas fantasmas, incidir en contratos públicos, chantajear a funcionarios, cometer delitos electorales o lavar dinero para uso de campaña.
Pese a que muchos de los diputados con proceso de antejuicio abierto fueron electos para el siguiente periodo de cuatro años en el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, decidió no adjudicarles la curul debido a que se cuestiona su honorabilidad, todos apelaron la resolución, pero fueron rechazados.
El primero en recibir una solicitud de antejuicio fue Gudy Rivera, quien tuvo que recurrir a todo su arsenal legal para frenar el proceso que inició el 17 de octubre de 2014, cuando la magistrada Claudia Escobar lo denunció por presiones y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público lo denunciaron por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Fue rechazado un mes después por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero en agosto de 2015, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió reactivar el caso. Rivera accionó contra dicha resolución, pero fue en octubre pasado cuando se rechazó en definitiva y se encuentra en manos de la CSJ.
Este fue el primer golpe que dio el MP y la CICIG en el Congreso, un día después que el comisionado, Iván Velásquez, señalara que investigaban a los diputados. Baudilio Hichos, diputado por Chiquimula fue denunciado por tráfico de influencias, estafa y asociación ilícita, por influir en la construcción de un edificio del Seguro Social, hecho que motivó el arresto del director del IGSS de ese departamento.
En ese momento, Hichos presidía la comisión pesquisidora del Congreso que indagaba el antejuicio en contra del entonces presidente Otto Pérez, al verse presionado, renunció de dicha comisión y en julio presentó un amparo ante la CSJ para detener el proceso y evitar que el expediente lo recibiera un juez.
En agosto, el amparo fue rechazado y en septiembre este continuó accionando para retrasar el proceso. Hichos resultó electo para la nueva legislatura, pero cómo aún está en trámite de resolverse en la CSJ, el TSE decidió no adjudicarle su curul.
El segundo golpe del MP y la CICIG fue contra el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, a quien se le acusó de crear plazas fantasmas durante su presidencia en el Congreso. En varios allanamientos los fiscales a decomisaron información en el Congreso para determinar el alcance de las contrataciones.
Muadi pierde su inmunidad en octubre y el mismo mes tiene una orden de arraigo. Este renuncia a su curul en el Congreso y se entrega a las autoridades. El juez determina que existen indicios suficientes para ligarlo a proceso y se ordena su arresto preventivo en la cárcel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra recluido.
El MP y la CICIG presentaron el 6 de julio un antejuicio multitudinario en contra de cuatro diputados distritales de la bancada Lider, Mario Rivera de Quiché, Mario Yanes de Petén, Mirza Arreaga y Luis Chávez de Huehuetenango.
Mario Rivera recibió una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Rivera perdió la inmunidad en septiembre, ahora el Ministerio Público se encuentra indagando más información para formalizar la denuncia.
Mario Yanes fue denunciado por el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, quien lo acusó de haberle solicitado plazas en renglón 029 o “liberadas” para un grupo de “operadores” del diputado.
Mirza Arreaga también fue denunciada por Rodríguez y la acusó de negociar las adjudicaciones de contratos de hasta 10 millones con empresas a cambio de recibir una jugosa comisión.
Luis Chávez, este diputado de Lider fue denunciado también por el titular del Ministerio de Desarrollo Social por negociar las adjudicaciones con las mismas empresas que trataba Arreaga y exigiendo comisiones.
Estos tres últimos diputados comparten los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Actualmente el caso se encuentra paralizado pues los señalados interpusieron amparos en contra de los jueces pesquisidores.
Sin duda alguna, el 15 de julio, dos meses antes que se realizara la primera vuelta electoral, los diputados con más peso en el partido Lider recibieron una solicitud de antejuicio: Manuel Barquín Durán y Jaime Martínez Lohayza, ambos fueron señalados de lavado de dinero y delitos electorales.
Pero, el golpe más duro, fue la denuncia contra Edgar Barquín Durán, hermano del legislador y en ese entonces era candidato a la vicepresidencia por el partido Lider. Actualmente, Edgar Barquín, se encuentra bajo arresto domiciliario, pues al perder la segunda vuelta electoral, este se quedó sin inmunidad y fue llevado ante un juez.
Mientras tanto, los aún diputados se han dedicado a retrasar el proceso de antejuicio recusando al juez pesquisidor, lo cual aún está pendiente de resolverse en la CSJ, y luego deberá retomarse desde el inicio.
Este caso fue conocido como “Lavado y Política”, pues a criterio del MP y CICIG, los tres señalados utilizaban su posición en el Congreso y el Banco de Guatemala (en el caso de Edgar Barquín quien presidió dicha institución) para trasladar recursos del Estado a cuentas bancarias en el extranjero y que luego regresaban para financiar al partido Lider.
José Inés Castillo, diputado de Lider, fue el último de esta bancada en ser señalado por el MP, pues el legislador fue acusado de delitos electorales cometidos durante sus mítines de campaña.
Se determinó que Castillo entregaba vales de combustible a cambio de votos. En noviembre pasado se nombró un juez pesquisidor y actualmente el caso se encuentra bajo análisis en la CSJ.
La exdiputada del Partido Patriota, Emmilenne Mazariegos, tiene dos procesos de antejuicio vigentes, ambos relacionados a la creación de plazas fantasmas en los centros de salud de Huehuetenango.
Mazariegos ha retardado los procesos de antejuicio al interponer amparos. En noviembre se nombró un juez pesquisidor que deberá entregar un informe al pleno de magistrados de la CSJ para determinar si retira o no la inmunidad a la aún legisladora.
Cabe destacar que Mazariegos, Barquín, Yanes, Arreaga, Chávez, Hichos y Castillo, perderán su inmunidad el 14 de enero de 2016, pues a pesar de ser reelectos en sus distritos, el TSE decidió no adjudicarles sus curules por haber procesos de antejuicio vigentes.
