En el Congreso se cabildea por la aprobación definitiva de una ley que cambiaría el régimen tributario del país.
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Una iniciativa de ley que generó revuelo y se ganó el rechazo de comerciantes de distintos mercados hace al menos cinco meses, avanzó en su tercera lectura en el Congreso de la República.
En su sesión plenaria de este martes 20 de agosto, los diputados retomaron la propuesta que plantea crear el impuesto a la confianza tributaria, el cual, según se discutió en su momento, afectaría a quienes venden sus productos en los citados recintos.
No obstante, se habrían alcanzado acuerdos y se prevé que la ley se apruebe con algunas enmiendas, aunque aún no hay una fecha establecida para ese último paso.
Comerciantes de artesanías
Registrado con la nomenclatura 6351, el proyecto establece la creación de dos regímenes especiales de tributación simplificada.
El régimen primario se aplicaría a quienes se dediquen a actividades de agricultura y artesanías, que vendan sus productos en supermercados, centros de acopio y mercados cantonales y municipales.
Para quedar inscritos en ese mecanismo de tributación, su monto de ventas brutas no tendría que exceder los 3,500 salarios mínimos en todo el año, el cual equivaldría a Q12.1 millones.
A ellos les correspondería pagar un impuesto equivalente al 1.5 % del importe de sus ventas brutas con carácter de pago definitivo. Entretanto, los exportadores de los artículos mencionados pagarían el 2 %.
Para ganaderos y otros
Un segundo régimen sería el pecuario y se destinaría a personas individuales o jurídicas dedicadas a la producción y comercialización de productos de los sectores pecuario, hidrobiológico y apícola.
En este se registraría a quienes se dedican a actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de tales productos y cuyo destino sea su venta en supermercados, mercados cantonales, municipales y centros de acopio.
El proyecto indica que el mencionado sector tendría que pagar un impuesto equivalente al 1.5% sobre el importe de sus ventas brutas, ya sea dentro o fuera de la finca o áreas de producción, con carácter de pago definitivo.
Empero, el tributo para los intermediarios de productos bovinos tendrían que cancelar el 10% sobre sus utilidades y los exportadores tendrían que cumplir con el 2% sobre lo que obtengan de sus ventas brutas, cuando se realicen en pie.
Resaltan beneficios
Quienes impulsan el proyecto han destacado las siguientes ventajas de contar con una ley como esta:
- Creación y regulación de nuevos regímenes de tributación
- Inclusión de distintos sectores, incluso actores invisibles, en la economía nacional
- Promoción del desarrollo social
- Fortalecimiento de la economía local y nacional
- Impulso de la competitividad sectorial y aprovechamiento sostenible de recursos naturales
- Facilitación y adaptación de la tributación en cada etapa de la cadena productiva
No obstante, en abril pasado, cuando se dictaminó la iniciativa, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) opinó que la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso se apresuró en su estudio.
La entidad opinó que la propuesta "carece de elementos básicos y esenciales para una modificación de la legislación tributaria".
#AHORA: pasa en tercer debate la #Iniciativa6351, ley para la integración del sector productivo primario y agropecuario.
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