Tras más de 12 horas de espera en la intemperie, las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán lograron que la presidenta del Congreso retire de la agenda la iniciativa que busca evitar la prisión a policías que usen sus armas.
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Esperaron en la calle en búsqueda de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, y cuando finalmente fueron atendidos las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, ni siquiera les permitieron el ingreso más allá de la puerta del Organismo Legislativo.
"Desde que venimos nos han faltado el respeto... esto sigue siendo una falta de respeto", dijo una de las autoridades ancestrales que optó por sentarse en una grada para descansar luego de haber dormido en la calle del Organismo Legislativo.
La Autoridades de 48 Cantones de Totonicapán llegaron al Congreso a las 18:15 horas del miércoles 10 de agosto para reunirse con la presidenta Rivera. Pese a que varios congresistas de oposición indicaron que ella estaba en el recinto parlamentario, nunca salió y nadie atendió a los líderes indígenas, al contrario, optaron por cerrar las puertas con trancas, dejando afuera a varios legisladores.
Luego de dormir en la calle para esperar que los atendieran, finalmente Rivera acudió con los líderes indígenas y, en lugar de hacerlos pasar a su oficina o a algún salón del Legislativo, los atendió en uno de los pasillos a eso de las 8:30 de la mañana de este jueves 11 de agosto.
Con las manos en la cintura y muy cortante, Rivera indicó: "Aquí estoy ¿quién es el presidente? Me dijeron que querían entregar una petición".
En ese momento el presidente de 48 Cantones, Geovani José María Rosales Tzoc, le explicó que la buscaban desde anoche a lo que ella respondió frunciendo el ceño: "¿Y quién les dijo íbamos a estar?", interrogante que fue ignorada por el líder indígena, quien manifestó: "Nosotros venimos buscando ser atendidos... esta es la Casa del Pueblo".
La intención de las autoridades indígenas es frenar el avance de la iniciativa de ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del Ejército, ya que la misma autoriza a las fuerzas de seguridad y castrenses a utilizar sus armas contra manifestantes, hecho que ha sido considerado como una "ley mordaza" y que está creada para evitar que "el pueblo alce la voz", pese a que lo asiste al Constitución y otras convenciones ratificadas por el país.
En tanto, Rosales Tzoc aseguró: "El trato no lo consideramos digno para autoridades comunales, pero a pesar de ello tenemos la buen voluntad de hablar, porque confiamos que existe la buena voluntad. Es por eso que nosotros, a pesar de las condiciones que hemos vivido desde anoche, vamos a platicar".
Luego de escucharlos, Rivera indicó que ha recibido a muchos sectores que no están de acuerdo con iniciativas. "Lo que no le parece es que hay grupitos que tratan de aprovecharse... y quieran entrar y gritar y hacer un gran relajo". También trató que sólo le dejaran la petición por escrito y justificó la iniciativa argumentando que "muchas personas sin escrúpulos utilizan las manifestaciones para causar violencia".
"Hay vándalos y como siempre pasa, lo que queremos es protegerlos", dijo. Después aceptó detener la discusión de la iniciativa en el Congreso para que sea de nuevo analizada por el equipo jurídico para identificar si hay inconstitucionalidades. También prometió llamar a los líderes indígenas antes de que la misma se vuelva a la agenda, para que conozcan los cambios, si los hay, y puedan dar su opinión.
El compromiso fue verbal, por lo que las autoridades indígenas exigieron que se les entregara un documento por escrito que respaldara las palabras de Rivera.
Durante más de tres horas los alcaldes comunitarios debieron esperar en varias oficinas a donde los llevaban por el documento, hasta que finalmente lograron que el mismo les fuera entregado.
¿De qué trata la iniciativa?
La iniciativa 6076 denominada "Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala" fue presentada el 10 de mayo a Dirección Legislativa por los diputados Napoleón Rojas, Julio Lainfiesta, Karla Martínez, José Arnulfo García, Maynor Castillo y Byron Arreaga.
La propuesta ya avanzó en segunda lectura y se espera que sea aprobada en tercer debate y redacción final.
En la exposición de motivos, los diputados aseguran que la Constitución reconocen el derecho a la manifestación pacífica y sin armas, el cual no puede ser coartado ni disminuido. Sin embargo, señalan que es necesario crear un marco jurídico que le permita tanto a los habitantes como a las fuerzas de seguridad, saber sobre los límites y garantías que se gozan.
Lee la iniciativa de ley:
Iniciativa de ley 6072En el artículo 5 establece los niveles de resistencia y uso de la fuerza. Por ejemplo, para las personas que cooperen utilizarán la comunicación verbal, ante una resistencia activa, se utilizarán técnicas de defensa personal; ante una agresión grave, podrán utilizar el contacto físico y ante una agresión gravísima, podrán utilizar equipo necesario para neutralizar la agresión.
El documento también señala que hay resistencia pasiva cuando una persona o grupo de personas se niegue a obedecer órdenes.
Otro de los artículos establece que el personal de las fuerzas de seguridad recibirán asistencia jurídica por parte de las Instituciones, si se les iniciara un proceso penal por acciones realizadas en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones.
Por último, el artículo 12 propone una reforma al artículo 264 Ter del Código Penal, para que el personal de las fuerzas de seguridad obtengan una medida sustitutiva si en el ejercicio de sus funciones resulten involucrados en la comisión de un supuesto delito.
