Una iniciativa que necesita consulta ciudadana y amplio debate, especialmente en un contexto donde otras prioridades nacionales, como pobreza y desnutrición, demandan atención urgente, según diputados del Congreso.
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Este 10 de diciembre de 2025, Australia pondrá en marcha una ley que impedirá el uso de redes sociales a adolescentes menores de 16 años, posicionándose como el primer país en adoptar una restricción de este nivel.
La normativa obliga a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Snapchat a implementar sistemas eficaces de verificación de edad y a bloquear el acceso de menores. Las compañías que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares.
El gobierno sostiene que la medida busca reducir la exposición de jóvenes a algoritmos que estimulan el consumo excesivo de contenido y pueden generar dependencia emocional.
La iniciativa traslada la responsabilidad legal directamente a las empresas tecnológicas, dejando de recaer únicamente en padres o tutores. Sin embargo, organizaciones juveniles y de derechos digitales han expresado preocupación, al considerar que la prohibición podría limitar espacios esenciales de interacción, expresión y apoyo emocional.
Un informe de ONU Juventud subraya que, para comunidades vulnerables, como pueblos indígenas, adolescentes con discapacidad o jóvenes que viven en zonas alejadas, entre otros, el internet y las redes sociales son un recurso clave para crear redes de convivencia y respaldo psicológico.
Representantes del sector señalan que, aunque existe conciencia sobre los riesgos en línea, la respuesta debería enfocarse en exigir más responsabilidad empresarial y fortalecer la educación digital, en lugar de aplicar un veto total. También plantean regular los algoritmos y acelerar la eliminación de contenido dañino.
Guatemala discute ley para frenar contenido manipulado con IA
De forma paralela, en Guatemala el Congreso estudia la Ley de Protección Digital contra Contenidos Falsificados por Inteligencia Artificial (PRODIGI), propuesta por el diputado Julio Portillo.
El proyecto busca sancionar la creación y difusión de contenido manipulado mediante IA, incluyendo deepfakes (alteración de imágenes) con fines maliciosos. Establece multas de hasta Q500 mil y penas de cárcel, con castigos más severos cuando las víctimas sean menores o pertenecientes a grupos vulnerables.
La iniciativa presenta protección la privacidad y reputación de ciudadanos, incluso cuando el material se aloje en servidores fuera del país. También obliga a las plataformas digitales a habilitar mecanismos de denuncia y retirar contenido reportado en un plazo máximo de 48 horas.
Las víctimas podrán presentar pruebas ante el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil o el Sistema de Información Tecnológica, y los responsables podrían afrontar, además de sanciones, obligaciones de reparación de daño y rectificación pública.
Además, esta iniciativa pretende penalizar la extorsión mediante esta modalidad, proponiendo castigos que llegarían a cinco años de cárcel y sanciones económicas de Q100 mil para quienes exijan dinero a cambio de no publicar el material alterado.
Por su parte, Portillo argumentó que la propuesta surge como respuesta al incremento de delitos cometidos utilizando esta tecnología, especialmente en perjuicio de menores y personas en situación vulnerable. Como el caso ocurrido en un centro educativo de la zona 17, donde fotografías de alumnas fueron adulteradas para colocarlas en escenas de carácter sexual.
La iniciativa también prevé lineamientos para las plataformas digitales, entre ellos la obligación de implementar marcadores visibles que permitan identificar cuando un contenido ha sido generado o modificado mediante IA, con excepción de materiales con fines educativos, artísticos o satíricos sin intención de causar daño.
En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Telecomunicaciones podría imponer sanciones de hasta Q2 millones e incluso ordenar la suspensión temporal o cierre del servicio.
Regulación de IA en Guatemala
Soy502 intentó comunicarse con los jefes de bloque del Congreso. Hasta el momento cuatro de ellos han compartido su opinión y consideran poco probable que prospere una regulación sobre redes sociales e inteligencia artificial en Guatemala
Los tres jefes de bloque coincidieron en que las propuestas relacionadas con la regulación del uso de redes sociales y contenidos generados con inteligencia artificial tendrían dificultades para avanzar en el país, ya sea por falta de cumplimiento de leyes, por el carácter polémico del tema o porque consideran que deben someterse a procesos más amplios de consulta.
Jorge Mario Villagrán, del Partido Azul, señaló que una normativa de este tipo difícilmente tendría efectos reales debido a la baja cultura de cumplimiento legal en Guatemala. Afirmó que no han discutido iniciativas relacionadas con la restricción del uso de redes sociales o IA, pues a su criterio la educación corresponde al ámbito familiar más que al legislativo, y recalcó que el guatemalteco tiende a desobedecer la ley, lo cual limitaría cualquier intento de regulación. "el guatemalteco es el más irrespetuoso de la ley , creo que es por cultura" expresó.
Por su parte, Rodrigo Pellecer, del Partido Elefante, indicó que una propuesta de este tipo podría llegar a plantearse en el Congreso, pero anticipó que generaría un fuerte debate y no tendría grandes posibilidades de prosperar.
Explicó que el tema está vinculado directamente a los derechos y responsabilidades de los padres en la formación de sus hijos, por lo que su bancada ha discutido el tema sin alcanzar consenso debido a su naturaleza polémica.
"En algún momento hemos hablado del tema de las redes sociales y las libertades, pero por lo mismo de lo polémico, no hemos tenido consenso." indicó.
En tanto, Fidel Reyes, del partido BIEN, opinó que cualquier iniciativa relacionada con restricciones en redes sociales o IA debe someterse a consulta ciudadana. Señaló que, pese a ser representantes del pueblo, existen temas delicados que requieren respaldo directo de la población, al igual que otros asuntos sensibles como el aborto o el matrimonio igualitario.
Además, consideró que el país enfrenta prioridades más urgentes como la pobreza y la desnutrición, por lo que temas tecnológicos deben debatirse con participación social y sin desplazar los problemas más delicados en el país.
"Aún cuando somos reconocidos como representantes del pueblo hay temas que no podemos realizar sin la representación de la gente. Estos temas polémicos debe realizarse bajo una consulta ciudadana, así como en temas del aborto, matrimonio igualitario..." expresó.
Mientras que el diputado Elmer Palencia, del partido Valor, señaló que la propuesta resulta "interesante" y que amerita un análisis profundo en el contexto nacional. Aunque indicó que su bloque o aún no ha abordado el tema, consideró que podría ser pertinente evaluar una iniciativa en esa línea.
"Por el momento, el bloque aún no ha discutido este tema; sin embargo, considero que podría ser de alto interés evaluar una iniciativa en esa dirección" agregó
En conjunto, las opiniones sugieren que, mientras las iniciativas puedan discutirse, su avance requerirá amplio consenso social, claridad en prioridades legislativas y un debate público más profundo sobre los alcances y límites de la regulación digital.
Riesgos de regulación
El director del Instituto de Estudios Políticos, Rubén Hidalgo, expresó su preocupación ante la posibilidad de que se aprueben normativas que limiten el acceso a redes sociales o regulen de forma restrictiva el uso de herramientas de inteligencia artificial.
Según explicó, en el actual contexto de fragilidad democrática en Centroamérica, impulsar una ley de este tipo resultaría poco prudente y podría abrir la puerta a abusos institucionales.
Hidalgo señaló que el desempeño del Congreso no se ha caracterizado por apegarse plenamente a los principios del Estado de derecho, por lo que considera riesgoso delegar en este órgano decisiones que impacten directamente en derechos fundamentales.
"Aceptar la promulgación de una ley de ese tipo, para corregir un problema de formación y educación en el correcto uso de los diferentes recursos de la tecnología de la información es un salto que conlleva demasiados riesgos para la vida pública y privada de las personas en una democracia." indicó.
A su criterio, recurrir a una regulación para enfrentar problemas de formación digital no solo es insuficiente, sino que también puede afectar la vida pública y privada de la ciudadanía.
El analista advirtió que criminalizar el uso de redes sociales podría convertirse en un precedente negativo para la libertad de expresión, protegida tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
Además, afirmó que justificar estas leyes como mecanismos para "corregir" el mal uso de plataformas digitales crea un incentivo peligroso, que podría derivar en restricciones más amplias y en el debilitamiento progresivo de la democracia.
"Criminalizar o argumentar el abuzo en la utilización de redes sociales puede ser un primer paso para impactar negativamente el derecho de libertad de expresión, garantizado en la Constitución y en diversos tratados internacionales." agregó.
Regulación de IA en Centroamérica
Según datos del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC), países de Centroamérica y el Caribe han comenzado a impulsar iniciativas legales enfocadas en regular y promover el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de establecer marcos normativos que garanticen su uso responsable.
Además, IPANDETEC señala que en Centroamérica desde 2023 existe una tendencia legislativa para regular la IA.
El Salvador ya aprobó una ley para su aplicación en sectores como energía, seguridad y transporte, marcando un precedente en la región.
En Guatemala se discute una propuesta de Ley de protección digital contra contenidos falsificados mediante IA, orientada a prevenir la creación y difusión de material manipulado digitalmente.
Costa Rica, por su parte, analiza dos proyectos:
- Proyecto N.° 23771, Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial.
- Proyecto N.° 23919, Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial, con los que busca establecer reglas de uso y fomentar el desarrollo tecnológico.
Mientras que en Panamá también se trabaja en tres anteproyectos.
- Anteproyecto de Ley N.° 014 plantea regular la utilización de IA en la República.
- Anteproyecto N.° 149 propone incentivar la inversión en este ámbito.
- Anteproyecto N.° 162, que busca definir un marco legal para la promoción y crecimiento de esta tecnología en el país.
Finalmente, en República Dominicana se presentó un proyecto que fija lineamientos para políticas públicas relacionadas con el desarrollo, regulación e implementación de inteligencia artificial.
Uso empresarial de la IA en Guatemala
Un estudio reciente revela que el 28% de las empresas guatemaltecas con potencial tecnológico ya integra herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos internos. Especialistas destacan que su aplicación permite agilizar tareas, optimizar la gestión administrativa y mejorar la búsqueda de información.
Ruth Revolorio, vicepresidenta de la Gremial de Empresas Outsourcing de Guatemala, indicó que la implementación de IA se ha vuelto indispensable para el reclutamiento de personal, marketing, diseño publicitario y administración.
Ruth Revolorio, Vicepresidente del Gremial de Empresas de Outsourcing (GEO) nos cuenta sobre los "Chatbots" dentro del Talento Humano pic.twitter.com/xbgL8vqvJw
Además, agregó que el uso de "chatbots" facilita la atención de solicitudes y la comunicación simultánea con clientes y aspirantes a empleo, lo que reduce tiempos y tareas repetitivas.
Por su parte, Javier Hernández, fundador de SéOnline, expone que además del porcentaje actual de adopción, un 60% de las empresas medianas planea incorporar soluciones basadas en IA en los próximos tres años.
Explicó que en Guatemala predominan sistemas de IA estrecha, orientados a funciones específicas como asistentes virtuales o filtros automáticos.
