Legislación prohíbe que la ejecución de acciones de ciberdefensa vulnere las garantías constitucionales.
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El Congreso de la República aprobó la Ley Marco de Ciberseguridad, la cual establece un marco institucional, administrativo, penal y procesal para prevenir, atender e investigar ataques en el ciberespacio.
Entre sus objetivos figuran fortalecer capacidades técnicas del Estado, proteger datos e información, perseguir delitos informáticos y promover cooperación internacional.
Dentro de esa estructura, la legislación asigna al Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) las acciones de ciberdefensa, reguladas en el artículo 33.
La norma diferencia esta función de la rectoría sectorial de ciberseguridad, atribuida al Ministerio de Gobernación (Mingob) mediante la Dirección Nacional de Ciberseguridad.
Asimismo, el Decreto define la ciberdefensa como el empleo de capacidades militares frente a amenazas o actos hostiles de naturaleza cibernética que afecten infraestructuras críticas, soberanía nacional, integridad territorial, orden constitucional o institucionalidad del país.
El artículo 33 señala que las acciones de ciberdefensa buscan preservar la independencia, soberanía, honor, integridad territorial, paz y seguridad de Guatemala en el ciberespacio.
Precisamente para lograr ese objetivo, el Mindef deberá actuar por medio de una unidad especializada.
Entre las tareas que fueron asignadas a la cartera de la Defensa está mantener comunicación y coordinación permanente con el Mingob, a través de la Dirección Nacional de Ciberseguridad.
El Ministerio también deberá colaborar en acciones orientadas a prevenir o impedir ciberamenazas que afecten infraestructura crítica y comprometan la defensa nacional.
La norma le encomienda dar apoyo técnico especializado a la Dirección Nacional de Ciberseguridad y al Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala, cuando se registren ataques contra infraestructuras estratégicas.
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Para ello, la cartera de la Defensa deberá desarrollar protocolos de actuación conjunta con ambas instancias.
Otra atribución consiste en dar protección preventiva y activa a redes militares, sistemas informáticos y tecnologías de información y comunicación que formen parte de infraestructuras críticas cuya afectación pueda comprometer la defensa nacional.
Defensa también deberá elaborar y actualizar un Catálogo de Infraestructuras Críticas Digitales, así como desarrollar protocolos de acciones defensivas, estrategias de protección y criterios para resguardar esos activos estratégicos.
La cartera tendrá, además, responsabilidades de inteligencia y análisis, pues debe planificar, identificar, recolectar, procesar, analizar, producir y difundir información sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidades vinculadas con la ciberdefensa y la defensa nacional.
La nueva normativa destaca que esa información deberá servir para la toma de decisiones de las autoridades competentes.
El artículo 33 también ordena establecer protocolos necesarios para atender amenazas en el ciberespacio y actuar como punto de contacto internacional en materia de ciberdefensa.
También debe brindar seguimiento, apoyo y recomendaciones cuando sean requeridos y crear marcos normativos y doctrina para el desarrollo de estas funciones.
La lista de acciones incluye además establecer y actualizar políticas, estrategias, planes y protocolos para prevenir, detectar, contener y responder a incidentes que afecten sistemas vinculados con la defensa nacional.
Otro de los temas que contempla es la recuperación de sistemas luego de ser objeto de ataques cibernéticos.
Asimismo, el Mindef deberá diseñar y ejecutar programas de formación continua, entrenamiento especializado, simulacros técnicos y ejercicios conjuntos de ciberdefensa, tanto a nivel nacional como internacional y tendrá que informar además al Consejo Nacional de Ciberseguridad sobre la atención, seguimiento y resolución de incidentes relacionados con ciberdefensa.
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La legislación también asigna una función de asesoría técnica para el diseño de políticas, estrategias, programas y acciones en esta materia.
Por último, la ley también establece que la ejecución de las acciones de ciberdefensa no podrá vulnerar las garantías individuales y sociales reconocidas en la Constitución Política de la República.
La misma ley señala que la aplicación de estos mandatos para el Mindef dependerá de la reglamentación, la creación de capacidades técnicas y la definición de las infraestructuras que serán consideradas críticas para la seguridad nacional.
Luis Contreras, presidente del Congreso, explicó que contar con dicha normativa es fundamental ante amenazas como el robo de identidad, los fraudes financieros y la vulneración de datos, riesgos que pueden afectar tanto a los ciudadanos como a las instituciones y la confianza en los servicios digitales.
