Cada 23 de julio se conmemora el Día del Psicólogo en el país, pero, ¿te has preguntado qué es lo que más obliga a la población a acudir a los servicios de este gremio? El titular de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito, responde a esta interrogante.
Además de situaciones bastante particulares, los guatemaltecos son más afectados por un sistema estatal que según el experto, es incapaz de suplir las necesidades básicas del ser humano.
Dificultades como la falta de empleo y el poco acceso a servicios básicos generan frustración en la ciudadanía, además de una serie de padecimientos psicológicos como ansiedad, estrés, paranoia o depresión.
A decir de Garavito, si a los problemas que influyen directamente en la relación del humano con su entorno, se le suma la inestabilidad política y el hallazgo de estructuras integradas por funcionarios a los que la población entregó su confianza al darle su voto, el riesgo de enfermedades mentales crece.
A pesar que el contexto nacional parece ser difícil para poder gozar de una buena salud mental y emocional, Garavito destaca que la incidencia de afecciones de ese tipo es baja en Guatemala, debido a que se la sociedad ha desarrollado mecanismos de defensa positivos.
Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2008, Guatemala se sitúa en el puesto 84, de 101 países evaluados, al contar con una tasa de 3.6 por cada 100 mil habitantes.
Para el representante de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, esa fortaleza no ha sido aprovechada. Empero, destaca que a partir del 25 de abril, fecha en la que se registró la primera marcha pacífica masiva en el parque central capitalino, se ha mostrado un nuevo despertar en la valentía y en la lucha por los derechos.
Garavito plantea que un cambio genuino en el sistema político y económico del país podría contribuir a elevar el nivel de satisfacción en la población y, finalmente, repercutir en que se reduzcan los crímenes y conflictividad.
La celebración del Día del Psicólogo surge a partir de la aprobación en diciembre de 1990, del Acuerdo Gubernativo No. 1385-90.
