El sector industrial enfatiza la necesidad de elegir perfiles idóneos para garantizar la certeza jurídica y la estabilidad financiera del país.
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La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) planteó de manera directa al presidente de la República, Bernardo Arévalo, la urgencia de que la designación de las máximas autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Bancos (SIB) responda de forma estricta a criterios de capacidad técnica e idoneidad profesional, en el marco de una serie de elecciones de segundo grado cruciales que culminan este año en el Estado.
Durante la sesión inaugural de la vigésima primera edición del Congreso Industrial, la gremial empresarial subrayó que la conducción de la banca central y la supervisión del sistema financiero nacional constituyen decisiones estratégicas para preservar la confianza de los mercados internacionales.
Relevos de alto nivel
Estas designaciones se enmarcan en una coyuntura político-institucional sin precedentes, pues coinciden con una serie de elecciones de segundo grado cruciales para el Estado de Guatemala que culminan durante 2026.
A la renovación de la cúpula del Banguat y de la SIB se suma el proceso para la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), un engranaje clave en el esquema de fiscalización del gasto público que avanza de manera simultánea en el Congreso de la República.
La convergencia de estos relevos de alto nivel en un mismo año no solo pone a prueba la solidez del servicio civil y la transparencia de las comisiones de postulación, sino que define el rumbo de la gobernabilidad, la certeza jurídica y la fiscalización financiera del país para los próximos cuatro años.
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Criterio técnico
Al fundamentar la postura del sector productivo organizado, la dirigencia empresarial expuso ante el jefe del Ejecutivo que la selección de las cúpulas monetarias sobrepasa la simple cobertura de vacantes ejecutivas en la administración pública, por tratarse de los entes responsables de resguardar la liquidez y el equilibrio macroeconómico nacional.
"Se trata de quienes conducirán técnicamente el Banco Central y supervisarán la solvencia, la liquidez y la solidez del sistema financiero. Ambos nombramientos deben realizarse con responsabilidad, reconociendo que sus funciones son distintas y que quieren perfiles claramente diferenciados", declaró Enrique Font, presidente de la CIG.
El pronunciamiento del sector privado se produce en la antesala de la conclusión del mandato de cuatro años de la actual cúpula financiera, fijada por la normativa legal para este 30 de septiembre de 2026, fecha en la cual vencen los períodos del actual presidente del Banco Central y del superintendente de Bancos.
Autonomía supervisora
Profundizando en los requerimientos del sector productivo para mantener la competitividad del país, la gremial hizo hincapié en que el proceso de selección que debe concretar el Ejecutivo tiene que asegurar un contrapeso técnico libre de interferencias políticas o institucionales en la regulación del sistema bancario.
"El superintendente de bancos debe mantener autonomía total del criterio frente al Banco de Guatemala para garantizar una supervisión objetiva y rigurosa", aseveró Font.
Frente al planteamiento empresarial, el mandatario Arévalo enfatizó que las decisiones del Ejecutivo en materia de nombramientos institucionales se orientan a la preservación del marco democrático y a la estabilidad de largo plazo, por encima de intereses coyunturales.
"Nuestras decisiones institucionales no están pensadas en términos de beneficio partidario o inmediato, sino en términos de los objetivos de sostenibilidad del marco institucional que necesita el país a largo plazo", afirmó el presidente Bernardo Arévalo.
Pasos pendientes
En el caso de la Superintendencia de Bancos (SIB), el proceso ya superó la etapa técnica tras la votación unánime de la Junta Monetaria (JM), la cual conformó la terna integrada por Juan Carlos Catalán Herrera, Saulo de León Durán y Herberth Solórzano Somoza.
El paso pendiente recae de forma exclusiva en el presidente Bernardo Arévalo, quien deberá formalizar la designación final antes del 30 de septiembre para que el nuevo titular asuma el cargo el 1 de octubre de 2026 por un período de cuatro años.
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Por otro lado, la designación de la presidencia y vicepresidencia del Banco de Guatemala (Banguat) responde a una facultad discrecional y directa del mandatario de la República, según lo establece la Ley Orgánica de la institución.
En este caso, no existe una fase previa de terna o convocatoria pública, por lo que el Organismo Ejecutivo deberá anunciar formalmente su nombramiento durante las próximas semanas para concretar la transición antes del vencimiento del mandato fijado para el último día de septiembre.
Ambas designaciones definirán el equilibrio de fuerzas dentro de la Junta Monetaria, el máximo órgano regulador que articula la política económica del país, y servirán como la señal definitiva de certeza jurídica que esperan los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo antes del cierre del ciclo fiscal de 2026.
