Un nuevo caso salpica al gobierno de Alejandro Giammattei y recuerda hechos que fueron noticia durante la gestión de Jimmy Morales.
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Fueron contratadas como secretarias y asistentes administrativas, tomaron en cuenta su calidad profesional y académica para los puestos. Las contrataron bajo el renglón 029 y recibían honorarios entre Q10 mil y Q12 mil. Sin embargo, este grupo de mujeres no desempeñaban estos trabajos y sus funciones, dentro del Ministerio de Comunicaciones eran diferentes.
Este grupo de mujeres habría formado parte del "Catálogo de edecanes" que supuestamente existía en interior del Ministerio de Comunicaciones, durante la administración de Javier Maldonado.
Así lo manifestó el titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, durante una entrevista con un medio radiofónico, este miércoles 22 de mayo. Un día después de que trascendió el caso, que el Gobierno ha calificado como trata de personas, han surgido más detalles.
De acuerdo con Palomo, la exministra Jazmín de la Vega informó sobre "las señoritas que se encontraban adscritas a una dependencia" de la cartera y a quienes "se les rescindió el contrato oportunamente", debido a que no lograron explicar las labores que tenían asignadas.
Hasta ahora, se presume que las jóvenes obtuvieron una plaza temporal, con base en su preparación académica, pero su trabajo habría sido brindar "servicios especiales" a funcionarios.
De la Vega indicó el martes 21 de mayo que estas empleadas aparecían en puestos como secretarias y asistentes administrativas. Por la naturaleza de su contrato, no habrían recibido prestaciones y sus honorarios se les pagarían después de presentar la respectiva factura.
"La punta del iceberg"
Durante sus declaraciones recientes, Palomo no descartó que este caso sea "solo la punta del iceberg" respecto de la presunta corrupción en las instituciones del Estado.
Asimismo, confirmó que se está profundizando en las indagaciones en el ámbito administrativo, a lo cual daría seguimiento también el nuevo ministro Félix Alvarado.
Por su parte, Maldonado se pronunció para desmentir tales acusaciones, las cuales ha calificado de "repugnantes y asquerosas". Además, anunció acciones legales contra la De la Vega, por, según él, hacer señalamientos sin fundamento.
Pese a esto, la Comisión Nacional contra la Corrupción busca evidencias para fundamentar el caso y presentar las denuncias respectivas; paralelamente, el Ministerio Público (MP) informó que abrió una investigación de oficio.
Cabe destacar que durante una citación con diputados del Congreso, la secretaria privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, aseguró que lo que se busca es evitar que el expediente sea desestimado al llegar al MP.
Esto se sabe sobre la supuesta red de trata de personas que había en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno anterior pic.twitter.com/syxj5wHQQh
Rumores de fiestas clandestinas
Este no es el único caso de índole sexual que salpica a un miembro del equipo de confianza del exgobernante Alejandro Giammattei. En aquel entonces, existía un secreto a voces de la posible celebración de "fiestas sexuales" con participación de funcionarios. Sobre esto no hubo pruebas, ni investigaciones del MP.
Uno de los indicios de estas supuestas celebraciones la protagonizó el entonces ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, de quien circuló una explícita fotografía en las redes sociales, en mayo de 2021. En ella, aparecía sentado en un sofá rodeado de tres mujeres desnudas.
Tanto Giammattei como Romero descalificaron la imagen y dijeron que se trataba de un montaje.
También Jimmy Morales
Anteriormente, en 2018, fue al jefe de Estado a quien se acusó de conductas inapropiadas, que incluían acoso y agresión sexual.
En julio de ese año, el excanciller Édgar Gutiérrez presentó una denuncia penal contra el entonces presidente, Jimmy Morales, por los presuntos abusos que habrían sufrido dos mujeres, entre ellas una trabajadora del Ministerio de Ambiente.
El exfuncionario dijo que planteó la acción como "testigo referencial" y aclaró que no presentó ningún video o audio como prueba.
Esto, aunado a que las supuestas víctimas no se presentaron a declarar, hizo que el MP desestimara la denuncia, por lo cual no hubo solicitud de retiro de antejuicio contra Morales.
"El MP no cuenta con los elementos esenciales para solicitar el retiro de la inmunidad del denunciado", informó en aquel entonces la Fiscalía contra la Mujer, a la cual se asignó el caso.
