Expertos y autoridades analizaron las pautas técnicas y comunicacionales requeridas para garantizar la independencia y efectividad de la nueva entidad reguladora que cobrará vigencia plena en diciembre.
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La entrada en vigencia de la Ley de Competencia (Decreto 32-2024), programada para el próximo 9 de diciembre de 2026, marca un hito histórico en el marco regulatorio del país, abriendo el desafío de transformar los preceptos legales en una institucionalidad técnica, independiente y previsible.
Con el objetivo de analizar este proceso de transición, el Instituto para la Competitividad Económica (ICE), en alianza estratégica con Guatemala Visible, celebró este miércoles el foro "Del papel a la práctica: Construyendo institucionalidad en la Superintendencia de Competencia".
Durante la apertura del encuentro, la directora ejecutiva del ICE, Habibi Quiñonez Oliva, enfatizó la trascendencia de construir confianza desde los primeros años de gestión del nuevo ente regulador, destacando que una legislación sólida requiere de criterios transparentes para generar certeza jurídica.
Asimismo, Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, subrayó que la estabilidad económica nacional descansa en entidades fortalecidas que trascienden a los gobiernos de turno, permitiendo mantener reglas claras en el mercado.
Criterios técnicos e independencia
En el marco del primer conversatorio, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, expuso los factores de éxito aplicados en la banca central para garantizar la idoneidad institucional, destacando que la autonomía real depende de la capacitación de sus cuadros técnicos y de nombramientos exentos de compromisos políticos.
"Si me preguntan qué necesita una institución para ser exitosa, claramente es un propósito, tiene que tener reglas claras y tiene que tener un equipo de personas preparadas, sin deudas, porque cuando uno entra a un puesto teniendo deudas no económicas, sino políticas o compromisos, es donde literalmente las cosas se arruinan", declaró González Ricci.
El titular de la banca central argumentó que la rigurosidad profesional y la carrera administrativa constituyen la mejor salvaguarda frente a las presiones externas.
En ese sentido, resaltó la importancia de aplicar esquemas de selección estrictos y de garantizar salarios competitivos dentro del servicio civil para retener al talento calificado en la administración pública.
Abogacía de la competencia
Por su parte, el exministro de Economía, Rubén Morales, abordó la evolución del marco legal desde sus primeras propuestas técnicas formuladas hace una década, indicando que el reto inmediato de la Superintendencia de Competencia (SICOM) consiste en ejecutar una amplia labor de pedagogía sobre los alcances reales de la normativa.
"La abogacía de la competencia para mí es la prioridad uno de la superintendencia, estar seguros que los agentes económicos comprenden totalmente qué sí es una práctica anticompetitiva y qué no lo es, además de asegurarse que la población comprenda exactamente cuáles son los alcances de la ley para evitar confusiones con normativas de protección al consumidor", afirmó Morales.
El exministro de Economía añadió que la entidad debe priorizar la sensibilización en todos los sectores productivos y regiones del país, asegurando que la reputación institucional se consolida en la medida en que los procesos de fiscalización e investigación de mercado resulten comprensibles, objetivos y ajenos a la discrecionalidad.
El camino hacia la institucionalidad
La estrategia de comunicación fue identificada como un pilar clave para la construcción de credibilidad social frente al régimen regulatorio. Según los analistas del panel, la transparencia en la toma de decisiones debe equilibrarse con el rigor técnico y el resguardo de la información reservada que exigen este tipo de análisis económicos.
"Centralicen la vocería en el superintendente, él es el que comunica y da a conocer las decisiones, no puede ser que entren medios de comunicación a las reuniones del directorio; deben replicar historias de éxito de instituciones que funcionan, porque si no se logra credibilidad en que las decisiones son autónomas, la superintendencia va a tener problemas tremendos", sostuvo González Ricci.
De acuerdo con las conclusiones del foro, el fortalecimiento presupuestario de la SICOM resultará determinante para dotar a la entidad de herramientas tecnológicas de vanguardia, acceso a bases de datos y la contratación de especialistas de alto nivel profesional.
La creación de la Superintendencia de Competencia responde a un proceso legislativo que tomó más de dos décadas de discusiones parlamentarias en el Congreso de la República.
Aunque los compromisos internacionales adquiridos tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA) fijaban la creación de este marco legal para 2007, no fue sino hasta el 20 de noviembre de 2024 cuando el Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 32-2024.
La aprobación constituyó el primer régimen de libre competencia en la historia del país, dejando atrás múltiples iniciativas estancadas —como la iniciativa 5074 presentada en 2016— y dando paso a un proceso de implementación gradual de dos años para la conformación técnica del nuevo ente autónomo.
Según las apreciaciones finales compartidas por los organizadores del evento, el desarrollo económico y la eficiencia de los mercados en Guatemala dependerán del equilibrio que logre la Superintendencia entre la aplicación firme de la ley, la independencia operativa y la apertura informativa hacia los agentes económicos.
