Con los recientes señalamientos del MP y la CICIG en contra del partido FCN-Nación de no haber reportado al menos 15 millones de quetzales al Tribunal Supremo Electoral y la confesión de un grupo de empresarios de haber financiado ilegalmente a dicho partido, imagino que habrá muchos dentro y fuera del gobierno dispuestos a hacer hasta lo imposible con tal de no terminar como los corruptos que hoy se encuentran privados de libertad.
Lo anterior podría resultar en la materialización de un nuevo Pacto de Corruptos, es decir, una reforma al Código Penal que proteja no solo a quienes han dado financiamiento electoral ilícito sino también a quienes lo han recibido o autorizado.
Ante esta situación, los ciudadanos debemos estar muy vigilantes, pues, de concretarse dicha reforma al Código Penal, habría un retroceso significativo en la lucha contra la impunidad en nuestro país. Esto debido a que, con condenas de uno a cinco años de prisión que podrían ser conmutables por sanciones económicas, no se castigaría proporcionalmente a quienes, al haber cometido el delito de financiamiento electoral ilícito, no solo han violado la ley sino, peor aún, han contribuido a distorsionar la voluntad ciudadana durante los procesos electorales, socavando así la democracia en nuestro país.
Las recientes acciones del Presidente Morales y sus simpatizantes no deben distraernos a la mayoría de guatemaltecos. Es decir, ni las recientes protestas en contra de la CICIG ni la investigación que el Presidente Morales ordenó en contra de la institución internacional deben desviar nuestra atención del nuevo Pacto de Corruptos que persigue, entre otras cosas, la impunidad para el delito de financiamiento electoral ilícito.
Los guatemaltecos, independiente de nuestra ideología política y postura con respecto a la CICIG, debemos estar muy alerta, pues los corruptos pretenden reformar la ley para beneficiarse a sí mismos y, de esta manera, no tener que rendir cuentas ante la justicia o, de hacerlo, evitar condenas de prisión ejemplares y no conmutables.
Hoy más que nunca los guatemaltecos tenemos que informarnos e involucrarnos en el proceso político para exigirle a los diputados y al Presidente Morales integridad en la toma de decisiones públicas.
Si no lo hacemos y si solo nos sumergimos en nuestras vidas privadas, corremos el riesgo de que los miembros del nuevo Pacto de Corruptos nos hagan retroceder como país en la lucha contra la impunidad.
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