Más de 6 mil jubilados y pensionados del IPM esperan la aplicación del ajuste económico.
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A más de dos meses de la aprobación del Decreto 9-2026, que estableció un incremento en las pensiones de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar (IPM), los recursos destinados para este fin aún no se han ejecutado.
La normativa contempló una asignación presupuestaria de Q148 millones para garantizar un aumento general de Q1 mil en las pensiones, además de ajustes adicionales para que ningún beneficiario recibiera menos del salario mínimo vigente en 2026.
El 20 de mayo, durante una citación en el Congreso, el gerente del IPM, Mario Baeza, informó que el Ministerio de Finanzas Públicas comunicó que no contaba con disponibilidad presupuestaria ni financiera para cumplir con lo establecido en el Decreto 9-2026 e indicó que volverían a realizar otra solicitud a través del MINDEF.
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Sin embargo, hasta el 11 de junio solo se había autorizado una ampliación de Q32.5 millones al Ministerio de la Defensa, por lo que los incrementos aún no habían sido trasladados a los pensionados, según lo expuesto por el diputado Orlando Blanco de la bancada Vos.
Según datos del IPM, la medida beneficiaría a aproximadamente 6,315 jubilados y pensionados y las personas que reciben pensiones inferiores a Q7 mil mensuales tendrían un aumento de hasta Q1 mil, mientras que 4,878 beneficiarios recibirían ajustes complementarios para acercar sus ingresos al salario mínimo establecido para 2026.
Denuncias
El diputado Orlando Blanco presentó una denuncia contra la Junta Directiva del IPM, el gerente Mario Baeza, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Blanco señaló que las autoridades involucradas no realizaron las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos aprobados por el Congreso e indicó que el retraso en la aplicación del aumento afecta a los jubilados y pensionados del IPM.
También mencionó que la publicación del decreto se haya realizado el 9 de abril y no antes tras su aprobación el 17 de marzo lo que pudo retrasar la entrada en vigencia de los beneficios económicos para los beneficiarios.
