“No suena tan normal, pero no tiene prohibición”, expresó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, al realizar la inusual petición para resolver el proceso en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal.
La solicitud consiste en dos maneras de solventar el caso: que Charchal enfrente juicio por asociación ilícita y evite el debate ordinario. Además, que sea sentenciado mediante un procedimiento abreviado, conocido como juicio exprés, por tráfico de influencias.
La petición la realizó el fiscal Sandoval al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien está a cargo del proceso por el contrato adjudicado a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a cambio de sobornos para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La acusación contra Charchal
Los dos maneras de resolver se discuten debido a que, la semana pasada, las representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría General de la Nación se opusieron al acuerdo previo entre la fiscalía y Charchal argumentando que lo desconocían.
Este lunes, el jefe de la FECI mencionó en la audiencia que cuentan con 103 medios de prueba en contra del exmagistrado, entre ellos las declaraciones de Juan Carlos Monzón y Edgar Ranferí Recinos Reyes.
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De acuerdo con la hipótesis del MP, Charchal integró la estructura criminal. “Era parte de una asociación y no se trató de voluntades efímeras, fue un convenio que se extendió por el tiempo” mencionó el fiscal y recordó que en chats intervenidos a Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón se establece que el nombramiento del extogado fue para obtener favores en la CSJ. “La participación fue necesaria y servía como operador judicial respondiendo a Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón”, mencionó Sandoval.
El exmagistrado Douglas Charchal ha permanecido privado de libertad desde su captura el 2 de septiembre de 2016 y el 21 de febrero de 2018 realizó la petición de procedimento abreviado por tráfico de influencias y aceptó su responsabilidad penal por ese delito.
El juez Miguel Ángel Gálvez debe resolver las peticiones.
