Aún no hay una propuesta clara de nuevos reglamentos ni fecha para que vuelvan a ser publicados.
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A un año de que el Gobierno derogara los reglamentos del seguro obligatorio para vehículos, la mesa técnica anunciada como alternativa para construir consensos continúa en funcionamiento, pero sin avances claros sobre su posible implementación.
De hecho, distintos sectores de sociedad civil aseguran que no han sido convocados a las discusiones, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia, inclusión y alcances del proceso de socialización.
El seguro obligatorio
El 17 de marzo de 2025 el Gobierno público varios acuerdos gubernativos con los cuales daba vida a varios reglamentos que obligaban a todos los propietarios de motocicletas, vehículos y autobuses a contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.
Se trata del Acuerdo Gubernativo 46-2025 que establecía que todos los motociclistas deberán contar con un seguro con una cobertura contra lesiones o muertes provocadas con el vehículo.
Asimismo, mencionaba que aquellos que no cumplieran con esta obligación se enfrentarán a una multa de Q500 y en caso de accidente sin seguro, la multa ascendía a Q2 mil.
Para los vehículos particulares, las autoridades publicaron el Acuerdo 47-2025, el cual fijaba una cobertura mínima de seguro e imponía sanciones a las personas que no cumplieran con la contratación del seguro las cuales variaban entre Q800 y Q3,200.
El transporte urbano de pasajeros quedaba regulado bajo el Acuerdo 48-2025, que exigía una cobertura mínima y las multas para este sector oscilaban entre los Q4 mil y Q15 mil.
Además, se prohibía continuar el viaje hasta garantizar que los pasajeros sean trasladados en una unidad asegurada.
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Por último, para el transporte de carga con capacidad superior a tres toneladas, se publicó el Acuerdo 49-2025 que exigía cobertura mínima que para el transporte urbano de pasajeros, con sanciones equivalentes.
Protestas y rechazo
Sin embargo, la medida que generó un amplio rechazo social y derivó en protestas en varios puntos del país.
Diversos sectores señalaron que la normativa implicaba costos adicionales para la población sin que existieran condiciones claras para su implementación.
Al segundo día de su publicación hubo manifestaciones que incluyeron bloqueos de carreteras y concentraciones en áreas urbanas, donde transportistas, motoristas y ciudadanos expresaron su inconformidad.
Las personas argumentaban que la medida afectaría especialmente a quienes dependen de sus vehículos para trabajar. La presión social escaló rápidamente, lo cual obligó al Organismo Ejecutivo a revisar su decisión.
Ante ese escenario, el presidente Bernardo Arévalo anunció el 19 de marzo de 2025 la derogación de los reglamentos y reconoció la necesidad de construir consensos antes de implementar una política de este tipo.
Como parte de la respuesta, se informó sobre la creación de una mesa de trabajo con el objetivo de analizar la viabilidad, alcances y posibles ajustes al seguro obligatorio.
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Sin avances
Desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) se sostiene que “la mesa técnica está en marcha” y que el trabajo ha sido liderado por el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano.
Según la versión de la Secretaria, el funcionario ha sostenido reuniones periódicas en coordinación con la Superintendencia de Bancos y otras entidades.
El Ejecutivo afirma que el enfoque actual es técnico y busca diseñar un modelo de seguro que cumpla un carácter social, garantice atención a víctimas de accidentes de tránsito y sea sostenible sin afectar de manera desproporcionada la economía de la población.
Roberto Solórzano, primer viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, señaló en una conferencia de prensa que con el tema del seguro obligatorio han venido trabajando en una mesa técnica.
Señaló que no se pierde de vista que el seguro tiene que tener un carácter social y que además tiene que llegar a todas las víctimas de hechos de tránsito.
“Hemos tenido reuniones periódicas con la Superintendencia de Bancos, ahora estamos viendo la parte técnica de cómo aplicar, reglamentar y poder proporcionar este tema del seguro”, afirmó el funcionario.
Agregó que también se discute la forma más adecuada de la implementación para que se afecte lo menos posible la economía de las personas con el pago de un seguro para que este sea de beneficio y sustentable en el tiempo.
“Estamos trabajando en ello conjuntamente con la Secretaría Privada de la Presidencia, el Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de Bancos para aportarnos todos aquellos elementos técnicos”, afirmó Solórzano.
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Finalizó señalando que buscan el punto de vista bancario y de aseguradoras, para poder sacar el mejor modelo aplicable para Guatemala.
Sin embargo, a un año de que fueran derogados los acuerdos y que se anunciara la mesa de diálogo las autoridades no precisaron cuáles son los avances reales de la mesa de trabajo, ni compartieron detalles sobre cuándo podrían tener una propuesta nueva.
A esto se suma que organizaciones de sociedad civil confirman que no han sido invitados a participar de las mesas de trabajo.
Por ejemplo, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) confirmó que, hasta la fecha, no ha sido convocada formalmente para abordar aspectos operativos de la implementación del seguro obligatorio, pese a tratarse de un actor central en el diseño del sistema.
“No obstante, reiteramos que estamos en la mejor disposición de reunirnos con las autoridades competentes para discutir los aspectos técnicos y operativos que permitan una implementación ordenada y efectiva”, señaló la Asociación.
AGIS considera que “este es un paso importante que Guatemala debe dar para fortalecer el resguardo de las personas que se ven afectadas por un accidente vehicular”.
Por aparte, César Bol, vocero de la Unidad Nacional por las Víctimas del Tránsito y de la Alianza Guatemalteca por Guatemala, que está conformada por más de 450 organizaciones sociales, señaló que desconocen por qué no han sido invitados a las mesas.
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“Quizás hay falta de interés. Pero nosotros somos muy determinantes al decir que el Gobierno tiene que cumplir su palabra y tiene que volver a publicar esos reglamentos”, aseguró Bol.
Agregó que sectores de la sociedad civil, como comités y asociaciones de víctimas del tránsito están al tanto de la necesidad que se implemente un seguro y recordó que la primera causa de muerte y de discapacidad en Guatemala, son los accidentes de tránsito.
“Además, quiero hacer mención sobre algo muy importante los reglamentos del seguro obligatorio derivan del Artículo 29 de la Ley de Tránsito y recordemos que la ley tiene unos 30 años de existencia”, concluyó Bol.
