Al menos 13 de los 24 distritos electorales se han visto asediados, en los últimos 25 años, por la infiltración del narcotráfico en los procesos electorales.
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Los últimos 25 años de la reciente historia democrática del país, se han visto envueltos en una práctica que, no sólo ha provocado la infiltración y el control del narcotráfico en las estructuras del Estado y de los partidos políticos, sino también ha enmarcado la territorialidad con que estos grupos operan a nivel nacional.
De los 24 distritos electorales, incluyendo el Listado Nacional, al menos 13 se han visto asediados por estas estructuras criminales que, al decir de expertos, muestra la intención del crimen organizado para poderse infiltrar dentro de las instituciones que son las responsables de combatirlo.
Y, es que, de estos distritos, dos han acaparado el mayor número de casos de políticos que, pese a que han llegado a ostentar el poder, se les ha procesado por sus vínculos con el narcotráfico. Se trata de los departamentos de Escuintla y San Marcos que concentran 12 de los 27 casos registrados desde el 2001 al 2026.
En un segundo nivel aparecen Jutiapa, Petén y Santa Rosa, con dos casos cada uno, sin contar dos más que se han registrados con políticos que han llegado a ocupar una curul en el Congreso de la República en representación del Listado Nacional.
Mientras que los demás se distribuyen entre los restantes siete departamentos: Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Retalhuleu, Sacatepéquez y Zacapa.
Geográficamente, según el posicionamiento, existen quienes han pensado que dicha distribución podía tratarse de la creación de un corredor narco que va desde Chiquimula hasta San Marcos, que son áreas estratégicas para la movilización de este tipo de estupefacientes que vienen de países de América del Sur.
Con esto, también resalta que la concentración de poder político en manos del narcotráfico, según quienes han sido procesados, coincide con dos espacios estratégicos: la costa del Pacífico y la frontera con México.
Los corredores del narcotráfico
En la presentación del informe mensual del Índice de Denuncias de Delitos presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Ministerio de Gobernación (Mingob) dibujó el mapa del narcotráfico en el país que constituyen rutas logísticas y financieras.
El viceministro encargado de los temas Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Hugo Cruz Reynoso, detalló que este fenómeno se ve concentrado en cuatro corredores: el Pacífico Oriental, el Central, el Caribe o Atlántico Occidental y el Cono Sur.
A esto agregó que las áreas de mayor incidencia detectada a nivel local son Petén, Huehuetenango y San Marcos, sobre todo por la posición geográfica que representan ya que son considerados puntos ciegos y movimiento ilícito transfronterizo, pasos no habilitados de contrabando y tráfico ilícito de migrantes y corredor con flujo ilícito de mercancías y personas.
Además, señaló departamentos como Izabal, Zacapa y Chiquimula, especialmente por la cercanía con puertos, rutas marítimas y fluviales de contrabando y tráfico ilícito, así como vías terrestres de tráfico de armas y mercancías y de conexión de reces criminales en Honduras.
Comprometen su libertad
De acuerdo a los antecedentes de los últimos 25 años, el analista de seguridad, Mario Mérida, cree que los políticos que han sido procesados penalmente por temas de narcotráfico, siempre han sabido que al involucrarse en estas prácticas podrían afectar directamente su propio futuro.
Aseguró que quienes se enredan en este tipo de actividad lo hacen para dar un salto, para ganar una elección, pese a que está comprometiendo prácticamente su libertad.
Dijo que este fenómeno puede explicarse desde varios puntos de vista, que va desde el costo de las campañas políticas que no eran ni son baratas, hasta la dinámica que ha tenido la expansión del crimen organizado en América Latina.
Señaló que el país, es una plataforma para la llegada de vuelos y naves marítimas, tanto por el pacífico como por el sur hacia el "gran mercado" que es lo Estados Unidos.
Explicó que estas áreas son estratégicas para la movilización de este tipo de estupefacientes que vienen de países de América del Sur, por lo que, prácticamente, Centroamérica es una enorme plataforma para el arribo de aeronaves y naves marítimas cargadas con drogas.
Expresó que, si los gobiernos de América del Sur tuvieran éxito en la contención de la salida de la droga vía marítima de sus territorios, Guatemala como el resto de países de Centroamérica, no tendría este tipo de problema.
En cuanto a que la mayoría de casos de políticos procesados por narcotráfico figuran en departamentos como San Marcos y Escuintla, Mérida aseguró que esto está relacionado con la posición geográfica que estos territorios tienen y a la falta de control en las fronteras.
Con esto, explicó que, actualmente desapareció lo que se llamó las amenazas convencionales que era el temor que un país limítrofe tratar de agenciarse de una parte del territorio de otro, y ahora a pasado al narcotráfico, por lo que las fronteras importantes y el control.
Agregó que la vulnerabilidad de las fronteras no sólo ocurre en Centroamérica sino en las fronteras con EE.UU. y México que sabemos que ahí se desarrolló una una ingeniería muy particular que son los túneles que fabrican los carteles para trasladar la droga por estas vías a los EE.UU.
Fortalecimiento del Estado de derecho
Con relación a qué es lo que gobierno debería de hacer en estos departamentos para contrarrestar este tipo de actividad, el analista político, Jorge Wong cree que un fortalecimiento del estado de derecho sería importante para lograr esa misión.
Además, señaló que institucionalmente, también es importante que entidades como la Contraloría General de Cuentas (CGC), en el tema de "finiquitos", y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), deberían de trabajar de mano para dar esa sensación de legalidad entre las personas que están participando dentro de estos procesos eleccionarios.
Dijo que se debe sentar las bases hacia un nuevo modelo democrático, transparente y que funcione, que la gente crea en él y en las instituciones, pues fenómenos como el narcotráfico, la corrupción han puesto de rodillas a las instituciones en Guatemala.
Indicó que este no es un problema exclusivo de Guatemala, esto pasa en cualquier parte del mundo, en donde el narcotráfico y la trata de personas van cooptando al Estado.
Aseveró que lo más importante sería un Acuerdo Nacional, donde los ciudadanos también tengan que ceder, en cierta forma, ciertos derechos, aunado a la "voluntad política de hacerlo o la inteligencia política de poderlo realizar", apuntó.
"Hay que invertirle tiempo a Guatemala. Se tienen que fortalecer todas las instituciones para garantizar un sistema democrático que valga la pena y que sea representativo y que los ciudadanos mismos lo apoyen", concluyó.
