Las múltiples versiones del hecho y las contradicciones de las autoridades provocan desconcierto y críticas.
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Una semana después de la incursión armada que dejó ocho muertos en Zacapa, el Ejecutivo anunció investigaciones, pero no ha explicado quién ordenó, ejecutó o conocía que se implementaría el despliegue militar.
El Gobierno reconoció el 30 de septiembre que unidades del Ejército participaron en los hechos armados ocurridos en Huité, Zacapa, el pasado 27 de septiembre.
También anunció una comisión multidisciplinaria para investigar lo sucedido y trasladar sus resultados al Ministerio Público (MP).
Sin embargo, el anuncio no respondió las preguntas centrales que rodean una incursión armada que dejó ocho muertos.
El Ejecutivo no ha dado una respuesta directa a las interrogantes de quién planificó la incursión, qué instituciones conocían el despliegue, cuál fue la función concreta de los militares y por qué el Estado no ha presentado una cronología oficial de lo ocurrido.
El vacío no es menor, pues a falta de una explicación unificada de Presidencia, Gobernación y Defensa, han quedado versiones contradictorias sobre la presencia militar, la posible búsqueda de Haroldo Lorenzana Terraza y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Las preguntas para Arévalo
Durante La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que las circunstancias aún no han sido esclarecidas.
El mandatario indicó que ordenó al ministro de la Defensa Henry Sáenz, conformar una comisión para determinar el alcance y la modalidad de la participación del Ejército.
Especificó además que hubo presencia de elementos militares y descartó que la Policía Nacional Civil (PNC) hubiera participado en los hechos, al señalar que los agentes llegaron posteriormente para apoyar las diligencias del MP.
Pero sus declaraciones dejaron sin respuesta si sabía con anticipación que se realizaría un operativo o despliegue militar en Huité.
Tampoco explicó qué instrucciones giró a los ministerios de Gobernación y de la Defensa antes, durante y después de los hechos.
Arévalo indicó que el Gobierno tiene una hipótesis sobre lo ocurrido, pero se negó a revelarla, por lo cual, tampoco aclaró que versión maneja oficialmente el Ejecutivo, quiénes habrían participado en la incursión ni cuál era su objetivo.
También sigue pendiente conocer su evaluación sobre que el Ejército estuviera en el área, pero no ingresara inicialmente al lugar del enfrentamiento y si identifica fallas de inteligencia, coordinación o reacción estatal.
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Tampoco se sabe qué acciones concretas ordenó para establecer responsabilidades y prevenir nuevos hechos similares.
Defensa no explica cómo actuó
El ministro Henry Sáenz aseguró que ordenó averiguaciones y procedimientos administrativos internos para establecer las circunstancias de lo ocurrido y las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, ofreció colaboración con el MP y afirmó que los resultados serán comunicados.
No obstante, el titular de la Defensa no ha explicado quién ordenó que los soldados no ingresaran inicialmente al área del enfrentamiento ni bajo qué protocolo se tomó esa decisión.
Tampoco ha precisado qué significa que el Ejército participó, pero decidió no incidir para evitar una escalada.
La explicación deja abiertos cuestionamientos sobre la posición de las unidades militares, las órdenes que recibieron y si existió alguna intervención dentro de la zona de combate.
Sáenz atribuyó las contradicciones de las primeras versiones a una actualización de la información, pero aún no ha detallado si hubo militares dentro del área de enfrentamiento, disparos efectuados por personal castrense o intercambio de fuego.
Otra pregunta que continúa sin respuesta es si el especialista Emerson Wilfredo Cuxum Sazo, quien ingresó herido de bala a un centro asistencial el 28 de septiembre, participó en los hechos registrados en Huité.
Gobernación sin resultados
El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, indicó inicialmente que la PNC no participó ni fue convocada al supuesto operativo.
Sin embargo, tampoco se ha explicado si la institución tuvo información previa sobre la incursión ni qué acciones tomó al conocerse los ataques.
Durante La Ronda, Villeda se refirió principalmente a otros hechos de violencia registrados en el área metropolitana, sin aportar respuestas concretas sobre Huité.
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El ministro tampoco ha confirmado si existe evidencia de que el grupo armado buscaba a Haroldo Lorenzana Terraza, conocido como "Haroldito", pese a que esa versión ha circulado desde el día de la incursión.
Siguen sin conocerse los resultados de una posible investigación sobre participación de extranjeros o mercenarios.
Estas hipótesis no han sido confirmadas por las autoridades, pero tampoco han sido descartadas mediante información verificable.
Además, Gobernación no ha informado sobre los peritajes balísticos, las diligencias criminales ni avances para identificar a los responsables de las muertes.
Helicópteros, la otra incógnita
A los vacíos sobre el despliegue militar se suman las preguntas sobre los helicópteros observados sobre Huité durante los hechos.
Las autoridades no han informado quién los operaba, de dónde procedían, cuál era su ruta, misión, matrícula o nacionalidad.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha indicado que existen procesos en marcha y que ampliará la información, pero, hasta ahora, esa respuesta no ha despejado las interrogantes esenciales.
Exigen respuestas
Las dudas sobre la incursión armada en Huité han generado críticas por parte de diputados del Congreso de la República que cuestionan que el Gobierno no ofrezca una versión sobre la actuación institucional ni la identidad de quienes participaron.
El diputado Cristian Álvarez, del bloque Creo, consideró que el principal problema ha sido la comunicación del Ejecutivo.
Señaló que la población merece saber con certeza qué ocurrió y calificó como un error que se negara inicialmente la presencia del Ejército mientras circularon videos que, según afirmó, mostraban vehículos y personal militar en el área.
Álvarez pidió que el Gobierno facilite su esclarecimiento y que el MP, el Ejército y la PNC determinen responsabilidades.
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Allan Rodríguez, legislador de Vamos, rechazó que las autoridades se refieran a lo ocurrido como un "incidente", pues, a su juicio, se trató de un ataque armado de alto nivel "que derivó en una masacre".
También cuestionó que el Ejecutivo atribuyera preliminarmente los hechos a una disputa territorial entre estructuras criminales sin explicar la evidencia que sustenta esa conclusión.
Rodríguez exigió al presidente Arévalo, como comandante general del Ejército, explicar cómo se llegó a esa hipótesis y quiénes eran los hombres armados observados en el municipio.
Mientras que el Congresista José Chic, de la bancada VOS, afirmó que el silencio oficial debilita la respuesta frente a las estructuras de crimen organizado, narcotráfico y pandillas.
El legislador reprochó que, ante hechos de violencia, fugas de privados de libertad y robos de armamento, el Gobierno no precise las acciones que tomará para garantizar la seguridad de la población.
Chic pidió al mandatario esclarecer la versión oficial, identificar a quienes —según el Ejecutivo— buscarían desestabilizar al país y coordinar con el MP las investigaciones.
