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¿Es ilegal pagar campaña política en redes sociales?

  • Por José Miguel Castañeda
05 de marzo de 2019, 05:00
Roberto Arzú es uno de los políticos que no respeta la prohibición del TSE de contratar publicidad en redes sociales. (Foto: cortesía José Castro)

Roberto Arzú es uno de los políticos que no respeta la prohibición del TSE de contratar publicidad en redes sociales. (Foto: cortesía José Castro)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que no se podrá hacer campaña en redes sociales, puesto que no hubo empresas que se inscribieran para prestar el servicio. 

A partir del 18 de marzo, los candidatos a puestos de elección popular podrán hacer uso de la campaña en medios de comunicación. Pero, a diferencia de anteriores elecciones, ahora será el TSE el encargado de comprar la pauta electoral. De esa cuenta, podrá fiscalizar mejor el gasto en campaña.

Para ello, convocó a medios de comunicación interesados en pauta electoral, por lo que debieron inscribirse para optar a ella.

Como condición adicional, la relación con los medios debe ser directa, es decir, no se puede fungir como intermediario entre el TSE y los dueños de los espacios.

De esa cuenta, la mayoría de medios masivos a nivel nacional no se inscribió, por considerar que hubo algunas inconstitucionalidades en el reglamento que rige esta parte de la ley. Tampoco hubo interés de medios masivos de publicidad por Internet o redes sociales, como serían las empresas Facebook, Twitter o Google, por citar algunos ejemplos.

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La jefa de la Unidad de Medios de Comunicación del TSE, Rosa María Bolaños, asegura que esta prohibición se debe a que Facebook, Twitter, Google o Instagram no se inscribieron como empresas ante esa dependencia y solo el TSE puede contratar publicidad para los partidos políticos.

"Desde hace algunos meses algunos candidatos han utilizado las redes. Los partidos se aprovechan de los vacíos de la ley, porque suponen que el TSE no los va a poder controlar", asegura el analista Renzo Rosal, quien fungió como jefe de la Unidad de Medios de Comunicación del TSE.

Inicia la campaña en redes

Pese a ello, se ha visto que algunos políticos se han empezado a promocionar (es decir, pagar para que sus publicaciones alcancen a un público mayor) en redes sociales, en especial en Facebook y en Twitter.

Ello tendría un doble impedimento: uno porque es campaña anticipada (antes del 18 de marzo) y dos porque estas redes sociales no mostraron interés en tener pauta política.

Uno de ellos es el candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, Roberto Arzú, quien ha pagado publicidad en Facebook para que sus publicaciones le aparezcan a personas que no lo siguen.

Entre las publicaciones a las que Arzú les pagó publicidad están dos en las que critica al alcalde de Mixco, Neto Bran, y otra en la que aparece una fotografía de él junto a la de un marero con el mensaje: "O se rinden o se mueren".

Otra que podría ser considerada como campaña anticipada es una publicación en la que propone soluciones.

Por el momento, los candidatos pueden usar sus redes sociales, siempre y cuando no paguen publicidad para llegar a un número mayor de personas, y sin que den a entender que ellos son la solución al problema que critican.

Se intentó obtener la versión de Roberto Arzú, pero no atendió a las llamadas de Soy502.

El aspirante a la presidencia por el partido Victoria, Amílcar Rivera, también ha pagado publicidad en Facebook para promover publicaciones en las que se refiere a la pena de muerte, generación de empleo y que los reos trabajen para mantener su estancia en prisión.

Rivera asegura que la ley es ambigua y que él considera que sus publicaciones no son campaña anticipada. "Yo no estoy promoviendo candidatura ni partido, son opiniones personales de lo que yo considero que se ha dejado de hacer en Guatemala".

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Sin capacidad

Renzo Rosal considera que el TSE no tiene la capacidad para verificar todo lo que publiquen los políticos en las redes sociales.

El vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, asegura que la Inspección General monitorea constantemente las redes sociales para detectar posibles violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); sin embargo, no precisa si ya existen advertencias por los casos de Arzú y Rivera.

De acuerdo con la LEPP, la multa por incumplir esta norma es de entre 50 mil dólares (385 mil quetzales) y 250 mil dólares (1.926 millones quetzales).

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