La decisión se da en un contexto de advertencias gubernamentales sobre posibles hechos de violencia política.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó otorgar un bono de riesgo mensual de Q3,000 a cada uno de sus 26 guardias de seguridad, debido a los peligros a los que están expuestos durante el desempeño de sus funciones.
La decisión se da a pocos meses del inicio del proceso electoral del 2027 y luego de que altos funcionarios del Gobierno advirtieran sobre los riesgos de un aumento de la violencia durante la época preelectoral.
La medida quedó establecida en el Acuerdo Número 311-2026, aprobado por el pleno de magistrados del órgano electoral, mediante el cual se autorizó la asignación económica adicional para el personal encargado de la seguridad institucional.
De acuerdo con el documento, la solicitud fue presentada por el director de Seguridad Institucional del TSE, mediante el oficio número DSI-O-237-08-2026, de fecha 18 de agosto de 2026.
El funcionario pidió considerar la asignación de un bono de riesgo mensual de Q3,000 para cada uno de los guardias bajo su responsabilidad.
El Tribunal Supremo Electoral #TSE autorizó un bono de riesgo mensual de Q3,000 para cada uno de sus 26 guardias de seguridad supernumerarios. https://t.co/ViU7p6FtWf
Posteriormente, los directores de Finanzas y Recursos Humanos, junto con funcionarios de las áreas de Planificación y Asuntos Jurídicos, emitieron la Opinión Conjunta número CJA-150-2026, de fecha 26 de agosto, en la cual determinaron que era viable otorgar el beneficio económico.
Según el acuerdo, la opinión favorable se fundamentó en la naturaleza de las funciones que desempeñan los 26 guardias supernumerarios y su exposición a riesgos inherentes al servicio de seguridad institucional.
Con estos argumentos, los magistrados aprobaron la asignación del bono mensual e instruyeron a las direcciones de Recursos Humanos y Finanzas para efectuar las operaciones presupuestarias y financieras correspondientes.
La medida entró en vigor inmediatamente después de su aprobación y representa una erogación de Q78,000 mensuales para pagar el beneficio a los 26 beneficiarios.
"Violencia aumenta en época preelectoral"
La decisión de los magistrados se produce a pocos meses del inicio del proceso electoral de 2027 y en un contexto en el que distintas autoridades gubernamentales han reconocido que los períodos preelectorales en Guatemala pueden caracterizarse por un incremento de los riesgos de violencia.
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Según el cronograma preliminar presentado por el TSE, la convocatoria oficial a elecciones generales está prevista para el 22 de enero de 2027, mientras que la primera vuelta electoral se desarrollaría el 27 de junio de ese mismo año y una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto.
Desde comienzos de 2026, funcionarios del Gobierno han advertido sobre posibles hechos de violencia política, principalmente contra autoridades y personas vinculadas con las actividades electorales.
Uno de ellos fue el entonces director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, quien el 20 de enero de 2026 alertó que la crisis de seguridad registrada en el país podía extenderse hacia el ámbito político.
Durante una citación con diputados de la bancada VOS, Boteo indicó que podían presentarse situaciones complejas, incluida la violencia política, capaces de afectar la tranquilidad del país.

El funcionario también señaló que, por tratarse de un año preelectoral, era importante que los servidores públicos que recibieran amenazas relacionadas con sus actividades políticas presentaran las denuncias correspondientes para que la PNC pudiera brindarles protección.
Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo reconoció el 8 de junio de 2026 la existencia de riesgos de violencia relacionados con las próximas elecciones generales.
En esa oportunidad, el mandatario explicó que el Gobierno trabajaba en la elaboración de un mapa de riesgo electoral para identificar las regiones donde podrían producirse mayores tensiones y situaciones de violencia.
Arévalo señaló que esta herramienta permitiría establecer mecanismos de prevención y respuesta mediante la coordinación entre distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Gobernación, la PNC y el TSE.
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El gobernante indicó que las medidas debían contemplar acciones antes, durante y después de las elecciones generales.
A estas advertencias se sumó el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, quien durante una entrevista con Soy502 reconoció que los años previos a las elecciones suelen registrar hechos de violencia.
"Los años preelectorales en Guatemala normalmente han sido violentos", señaló el funcionario al ser consultado sobre asesinatos y amenazas contra alcaldes.
Villeda explicó que el Ministerio de Gobernación desarrollaba trabajos de inteligencia para identificar los territorios donde podrían registrarse hechos de violencia preelectoral y establecer estrategias destinadas a prevenirlos.



