En el Congreso se conoció sobre la contratación de un consultor para apoyar al Gobierno en la elaboración de una propuesta de ley de competencia.
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El Congreso y el Ejecutivo han manifestado su interés en que se apruebe finalmente una Ley de Competencia en Guatemala; no obstante, el proceso planteado en cada uno de esos organismos enfrenta señalamientos.
En el Legislativo, la creación de una comisión presidencial, que después se convirtió en mesa técnica, no ha tenido buena acogida. Varios diputados consideran que la instancia solo servirá para retardar la creación de la norma.
Por aparte, el Ejecutivo dio a conocer que prepararía una nueva iniciativa, en busca de que sea esa la que cobre vida legal y no las tres propuestas que ahora están bajo análisis en el parlamento.
Empero, este último anuncio ya enfrenta críticas, debido a que se pretende contratar a un consultor para apoyar en la elaboración del proyecto.
El asunto que ha sido cuestionado es que no sea una entidad de Gobierno la que esté a cargo de la contratación, sino la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con una convocatoria que fue difundida por esa entidad, la persona que se elija llevaría a cabo la consultoría: "Elaboración para el Ministerio de Economía -MINECO- de una Propuesta de Ley de Competencia en Guatemala".
La recepción de expedientes cerró el pasado 16 de febrero, por lo cual la contratación estaría en curso.
Así se conoció el tema
Fue el pasado lunes 4 de marzo, cuando se conoció la intención de contratar a un consultor. Durante una sesión de trabajo en la Comisión de Economía del Congreso, el diputado Álvaro Arzú interrogó al respecto a la titular del Mineco, Gabriela García.
Posteriormente, el parlamentario publicó un video en el cual habla sobre la situación y criticó que la ministra no le supiera brindar información sobre la necesidad de que una persona externa, contratada por una entidad internacional, elabore la iniciativa que se pretende remitir al Legislativo.
"Cómo es posible que una organización extranjera esté contratando consultores para hacerle una ley a los guatemaltecos", cuestionó. Asimismo, opinó que el Gobierno no tiene una "cohesión en su ruta".
Hoy en la #ComisiónDeEconomía y #ComisiónDeFinanzas quedó claro que el Ejecutivo no tiene un rumbo claro y no hay cohesión a lo interno. Parece que sus funcionarios no tienen capacidad, al extremo que tienen que pedirle a #USAID que les escriba una ley pic.twitter.com/77eUNImiNm
Pidieron apoyo técnico
Por su parte, las autoridades de la cartera de Economía indicaron que desde hace varias décadas USAID ha cooperado de diversas formas con esa entidad, incluyendo el apoyo técnico.
"En este caso, el Gobierno de los Estados Unidos apoya para contratar consultores expertos nacionales para la revisión de las iniciativas de ley", indicaron a Soy502. Además, hicieron hincapié en que "se hizo una convocatoria pública y abierta".
"Dichos consultores realizarían un análisis y revisiones de las iniciativas que ya están en discusión en el Congreso, desde una perspectiva técnica para poder sugerir modificaciones que enriquezcan la discusión de las propuestas o determinar si tendría sentido redactar una nueva", explicaron.
De acuerdo con lo informado, hasta la fecha no se ha seleccionado a los profesionales que estarían a cargo de esa tarea.
Tres propuestas en estudio
Actualmente, en el Congreso se analiza la viabilidad de tres iniciativas de ley, presentadas entre 2012 y 2023, las cuales buscan establecer reglas claras para mejorar el clima de negocios y de inversión en el territorio.
Para ello, plantean acciones como la erradicación de prácticas desleales, prohibición de los monopolios y multas para acciones que se considerasen anticompetitivas.
Además, coinciden en la necesidad de crear una autoridad en materia de competencia, que se encargue de prevenir, investigar y sancionar tales prácticas. Uno de los aspectos que se tendría que definir es si esta se establece como comisión, dirección o superintendencia.
La ley que se busca crear también especificaría las infracciones que serían motivo de sanción, métodos de apelación y reducción de multas, así como beneficios para los agentes económicos al corregir alguna irregularidad detectada, por mencionar algunos temas.
Asuntos que solo aparecen en los proyectos que datan de 2022 y 2023 son los que se refieren a la competencia desleal y la tipificación del acaparamiento de productos de primera necesidad como un delito.
Esas dos iniciativas son las más extensas, pero varios sectores se inclinan por la que se presentó hace dos años, por considerar que es más completa y ya tiene dictamen favorable. Esta se identifica con la nomenclatura 5074.
Resaltan importancia
Según el Mineco, lo que se busca es contar con una normativa que defienda los principios de la competencia leal, fomente un mercado competitivo y libere el poder de innovación.
"Contar con esta ley permitirá que Guatemala fortalezca su participación en los mercados, que nos demandan contar con esta normativa. Además, crea oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas, así como los nuevos participantes en el mercado, compitan junto a los operadores nacionales", expresaron las autoridades.
