El mundo volteó a ver a Guatemala durante el 2015. El caso La Línea, destapado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), causó una avalancha de inconformidad que terminó en manifestaciones masivas y la caída del Gobierno del Partido Patriota.
Después de La Línea, como un efecto dominó, muchos otros casos de corrupción fueron sacados a la luz pública. Ante la magnitud de esto, cabe preguntarse si se ha generado un cambio sustancial en la corrupción del país.
La organización Transparencia Internacional clasifica anualmente a alrededor de 170 países por su "nivel de percepción de la corrupción". El estudio otorga una calificación de 0 a 100. Mientras menor sea la puntuación, más corrupto se percibe el país. Por ejemplo, Finlandia tiene un puntaje de 89 que lo coloca en el puesto tres del ranking.
Durante el 2015, Guatemala ocupó el puesto 136 con un puntaje de 28. En el recientemente publicado estudio de Transparencia Internacional de 2016, el país no se movió de lugar y obtuvo la misma puntuación.
“Esto significa que la opinión pública, a pesar de haber presenciado que muchos exfuncionarios han enfrentado procesos penales en su contra, aún considera que Guatemala sigue siendo muy corrupta”, dice Carlos Melgar, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Melgar encabezó un equipo de investigadores de ICEFI que, en colaboración con Oxfam, estimó en agosto de 2015 el costo de la corrupción en Guatemala. El estudio hizo un análisis del presupuesto de la nación y detectó diferentes rubros que eran “vulnerables a la corrupción”.
La investigación encontró que casi un 30 % del dinero del Gobierno podía caer fácilmente presa de la corrupción, es decir 20 mil 800 millones de quetzales. De esta manera, el Estado corría el riesgo de perder 4 mil 160 millones de quetzales, equivalentes al 6 % del presupuesto total.
Es innegable que a un año y nueve meses desde la movilización ciudadana que logró sacar a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti del poder, muchos cambios tangibles se han visto en el panorama político, opina Melgar. “El caso La Línea fue un parteaguas en la lucha contra la corrupción”, dijo el investigador.
ICEFI está trabajando en actualizar su estudio del costo de la corrupción para adaptarlo al nuevo contexto.
Melgar considera que los casos penales que avanzan en contra de exfuncionarios del PP ya están empezando a tener un efecto persuasivo en funcionarios públicos para que no se involucren en actos de corrupción.
Y en segundo plano también se trabaja en el tema de concientización de la lucha contra la impunidad.
- LEE:
Embargan cuentas en Suiza a Alejandro Sinibaldi por Q60 millones https://t.co/Uie4ddl2FC pic.twitter.com/zECi7Fmfz9
“Hay propuestas de leyes y cambios para cerrar esos grifos de corrupción, sellar esas grietas por donde se puede saquear al Estado. Hay ejemplos concretos como la Ley de Servicio Civil y las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones”, consideró.
No obstante, también señaló que “la ciudadanía debe demandar medidas para que se luche contra la corrupción”.
