José Luis Espert se niega a declarar por presunto lavado ligados a empresario con operaciones en Guatemala.
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El exdiputado argentino José Luis Espert se negó a declarar y a responder preguntas ante la justicia de su país, en el caso donde se le señala de presuntamente lavar US$ 200 mil (Q 1.5 millones) provenientes de la estructura empresarial de Federico "Fred" Machado,
Machado es un empresario argentino vinculado con una compañía minera que opera en Guatemala y, según el medio de comunicación argentino Clarin, Espert compareció ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez.
Precisa que, por recomendación de sus abogados, presentó un escrito y documentación con la que busca demostrar que el dinero correspondió a un contrato legítimo de asesoramiento económico y no a una operación destinada a ocultar fondos de origen ilícito.
Su defensa aportó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019, los cuales, según sostiene, documentan la negociación, celebración y ejecución del contrato.
Además, solicitó que se cite a testigos y que el juez retome directamente la conducción de la investigación, tras cuestionar la actuación del fiscal y las filtraciones de información relacionadas con el expediente.
El caso se centra en una transferencia efectuada en 2020 a una cuenta de Espert en Estados Unidos.
El exlegislador sostiene que el pago fue un adelanto por sus servicios profesionales para Minas del Pueblo, una empresa minera guatemalteca relacionada con Machado.
Sin embargo, la Fiscalía argentina considera que ese contrato pudo haber sido simulado para justificar el ingreso de dinero procedente de actividades ilícitas.
De acuerdo con la acusación, los US$ 200 mil (Q 1.5 millones) habrían sido utilizados posteriormente para adquirir dos vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso relacionado con una propiedad.
La investigación también mantiene inhibidos bienes de Espert, integrantes de su entorno familiar y sociedades relacionadas con el economista.
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Vínculo con Guatemala
La conexión guatemalteca se encuentra en la empresa Minas del Pueblo, Sociedad Anónima, titular de la licencia de explotación de la mina La Meca I, identificada con el registro CT-110.
Según los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el proyecto se encuentra entre San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, y Purulhá, Baja Verapaz, y está autorizado para la extracción de plomo, zinc y plata.
Los registros oficiales indican que la licencia fue otorgada en enero de 1994 y tiene vigencia hasta enero de 2034.
El listado de licencias mineras publicado por el MEM identifica como titular a Minas del Pueblo, Sociedad Anónima.
En distintas entrevistas a medios de comunicación nacionales, Machado reconoció haber estado vinculado con el proyecto minero guatemalteco y aseguró que sus operaciones habían sido autorizadas por las autoridades del país.
MP/Fiscalía de Delitos contra el Ambiente Guatemala realizó diligencia de allanamiento en inmueble ubicado en el derecho minero denominado “La Meca” propiedad de la entidad Minas del Pueblo, en Tucurú, Alta Verapaz. pic.twitter.com/oqauazwgzb
En abril de 2021, el Ministerio Público llevó a cabo diligencias en un área conocida como La Meca, donde fueron localizadas una avioneta y una pista de aterrizaje que quedaron bajo investigación, además de indicios de tala y explotación de minerales que no estarían autorizados.
Publicaciones retomadas posteriormente por medios argentinos señalaron que la aeronave y las instalaciones estaban relacionadas con la estructura empresarial atribuida a Machado.
El vínculo con Guatemala es uno de los elementos centrales de la acusación contra Espert, debido a que el exdiputado sostiene que los US$ 200 mil (Q 1.5 millones) fueron pagados por servicios destinados a la minera.
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La Fiscalía, por el contrario, ha señalado que no encontró registros de viajes del economista a Guatemala y sostiene que Minas del Pueblo habría servido como pantalla para respaldar documentalmente la transferencia.
Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021 por una solicitud de extradición de Estados Unidos, tras permanecer bajo arresto domiciliario hasta noviembre de 2025, cuando fue trasladado a territorio norteamericano para enfrentar un proceso relacionado con una red de operaciones fraudulentas en la compraventa y financiamiento de aeronaves.
Posteriormente, Machado se declaró culpable en Texas de lavado de activos y fraude electrónico. La acusación por narcotráfico fue excluida como parte del acuerdo alcanzado con la justicia estadounidense.
