La Presidencia de Dilma Rousseff tiene sus días contados en Brasil. Esto, en palabras de los mismos militantes de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). Desde afuera la dimensión de lo que ocurre se lee más a partir de la cobertura de las movilizaciones que a partir de los detalles.
No son pocos los que se atreven a decir que dicho país se acelera hacia un momento de inestabilidad política prolongada, algo que preocupa a la región y al mundo por el peso de la economía brasileña.
Como en Guatemala, y con un parecido escalofriante, según amigos brasileños, la corrupción está extendida a lo largo de todos los sectores de poder y en todo el sistema político brasileño, de ello no muestran dudas. La lucha contra la corrupción inició siendo un clamor ciudadano en 2014 y ahora es la bandera de los opositores de Dilma.
Los militantes del PT no dudan que la corrupción esté ampliamente esparcida en una alianza que lleva más de una década en el gobierno; pero como ocurrió en Guatemala en 2015, los ciudadanos que una vez salieron a la calle para protestar contra la corrupción antes de la Copa del Mundo en 2014, hoy ven con mayor preocupación que la oposición de Brasil podría no ser una cura, sino una peor enfermedad. Por ello, Brasil parece no tener salida.
El caso que fundamenta el "impeachment" no es un caso criminal de corrupción, sino una acusación administrativa de haber utilizado recursos presupuestarios de manera distinta al mandato legal, Algo que en Brasil se conoce como “ruedas fiscales”. A las luces del "impeachment", surge el cuestionamiento: ¿es de un delito de lo que se acusa?
Para cotejarlo con nuestra realidad, de lo que se acusa a Dilma es similar a decir que el Ejecutivo hubiese utilizado los recursos del impuesto del cemento o del impuesto a las bebidas alcohólicas y el tabaco, para fines distintos a los que la ley establece. Eso en Guatemala es una práctica no sólo común sino cotidiana. Si ustedes se preguntasen: ¿cuántos gobiernos en Guatemala han usado los fondos del impuesto del cemento o de la ley del tabaco para cosas distintas a la vivienda o la salud que sus leyes establecen? La respuesta simple es: todos los gobiernos.
Las normas en ese sentido, y según lo que me comentan los brasileños, son muy similares: la legislación sobre impuestos manda un fin y Hacienda distribuye los recursos. No hay delito, pero sí un mandato de ley claro. En otras palabras, es casi seguro que el gobierno de Dilma haya incumplido con las normas presupuestarias, pero seguramente no hay un tipo penal que establezca un delito para ello. Como no lo hay para procesar a Portillo, Berger, Colom, Pérez Molina, y sucesores.
De allí que cuando el supuesto "impeachment" se lleve a cabo, el proceso aparentará ser legal pero sin una evidente causa penal, resulta sólo una excusa para deponer a un gobierno democráticamente electo. Por ello, las causas no sólo oficialistas sino las de todos los brasileños que le temen a las bandas opositoras ven con pavor que el remedio a Dilma sea peor que Dilma. Como en Guatemala tantas veces temíamos el año pasado que con la salida de la clica del Patriota llegase al poder la de Líder. En agosto y septiembre de 2015, mientras el Partido Patriota se derrumbaba los de Líder trataban de mostrarse como niños de primera comunión; es lo mismo lo que ocurre en Brasil, solo que ellos no tendrán elecciones y después del golpe tendrán un gobierno no electo y probablemente más corrupto tratando de ganarle impunidad a todo el sistema.
La caída de Dilma es también la caída del Partido de los Trabajadores, y eso lo añoran muchas fuerzas en Brasil. Fuerzas que muchas veces son de corruptos y corruptores, que esperan con ansias un nuevo balance de poder. Pero son muchos los que ven con preocupación que esa caída no será la caída final de los corruptos, y que el golpe al PT arroje a Brasil a la deriva por un tiempo prolongado. Así la lección en Guatemala como en Brasil será: es más fácil botar a un gobierno que construir los cimientos de un futuro mejor.
