Nueva ley de becas garantiza fondos con mecanismos para supervisar su uso y financiar estudios superiores en Guatemala y el extranjero.
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El Congreso aprobó este martes 10 de noviembre la Ley del Fondo Nacional de Becas de urgencia nacional y en único debate bajo el Decreto 28-2026 con 138 votos a favor.
La normativa crea un mecanismo de financiamiento para apoyar a estudiantes que busquen cursar estudios superiores dentro y fuera del país, con recursos públicos y aportes de otras fuentes.
Uno de los principales cambios incorporados es la creación de una Constancia de Disponibilidad Presupuestaria Multianual (CDPM) para cada becario formalmente admitido con el fin de respaldar el costo total de sus estudios, incluidos los gastos de formación y el estipendio, para asegurar que los recursos estén disponibles durante toda su trayectoria educativa.
La ley también establece reglas para el manejo de los fondos entre ejercicios fiscales.
Los recursos comprometidos con una constancia vigente no tendrán que regresar automáticamente al fondo común al cierre del año. Sin embargo, los saldos que no respalden compromisos formalizados deberán reintegrarse.
Financiamiento de becas
El financiamiento del programa podrá provenir de aportes adicionales del Estado, cooperación nacional e internacional, rendimientos financieros y otras fuentes disponibles.
Además, la normativa amplía las áreas de formación especializada para incluir a servidores públicos y personas que presten servicios técnicos o profesionales al Estado.
La ley también refuerza los controles sobre la asignación de becas a través del Consejo Consultivo que podrá emitir dictámenes técnicos sobre las convocatorias, los estipendios y las áreas prioritarias de formación. Sin embargo, si el Comité Interno decide no seguir sus recomendaciones, tendrá que justificar públicamente esa decisión.
Fiscalización
Sobre la fiscalización, el Consejo Consultivo también tendrá acceso a los sistemas de auditoría interna y financiera para fortalecer la supervisión de las decisiones y del manejo de los recursos del fondo.
Los beneficiarios también tendrán obligaciones sobre el uso del dinero. Es decir, cuando reciban directamente los recursos para cubrir sus gastos educativos, deberán documentar cómo los utilizaron. Si no comprueban su aplicación o los destinan a otros fines, podrán enfrentar procedimientos para devolver el dinero y otras responsabilidades legales.
Asimismo, la normativa también contempla la recuperación de los recursos cuando se compruebe que fueron obtenidos mediante información falsa.
En cuanto a la ejecución, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) podrá coordinar con instituciones públicas especializadas actividades de verificación, acompañamiento psicopedagógico, tutorías y supervisión territorial. No obstante, mantendrá la rectoría de la planificación y evaluación del programa.
La aprobación también modifica la distribución de los recursos provenientes del IVA.
El nuevo fondo de becas recibirá el 0.03%, mientras que la asignación para combatir la inseguridad alimentaria se reducirá del 0.5% al 0.2%. Además, se destinará el 0.8% al Programa de Alimentación Escolar.
