La iniciativa que plantea sanciones de hasta 10 años de prisión pasó en primer debate en el pleno del Congreso.
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El Congreso conoció en primer debate la iniciativa 6746, que busca prevenir y sancionar las comunicaciones ilícitas dentro de los centros de privación de libertad.
La propuesta pretende impedir que las personas privadas de libertad utilicen teléfonos celulares y otros dispositivos para coordinar actividades criminales desde las cárceles por medio de controles tecnológicos, responsabilidades para las empresas de telecomunicaciones y restricciones para el personal penitenciario.
Creación de delito
Entre sus principales enfoques, contempla crear el delito de facilitación ilícita de comunicaciones en centros penitenciarios, con penas de seis a 10 años de prisión y multas de Q100 mil a Q500 mil para quienes ingresen, instalen o administren dispositivos de comunicación no autorizados.
Además, propone obligar a las empresas de telecomunicaciones a implementar mecanismos tecnológicos para detectar y restringir señales dentro de las cárceles. Estas medidas incluirían perímetros virtuales y sistemas de bloqueo, para evitar que las comunicaciones ilegales afecten a las comunidades cercanas.
También plantea sanciones para quienes destruyan o inutilicen equipos inhibidores de señal.
Asimismo, contempla restricciones para que funcionarios, guardias y contratistas penitenciarios ingresen o utilicen teléfonos celulares durante sus jornadas laborales, con excepciones para equipos institucionales autorizados.
La Comisión de Gobernación del Congreso emitió dictamen favorable con modificaciones el 7 de octubre de 2026 y continúa su proceso legislativo.
