La exvicepresidente Roxana Baldetti podría volver a prisión el martes próximo.
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La exvicepresidenta Roxana Baldetti tiene programada una evaluación médica para el próximo martes 24 de noviembre en el Hospital General San Juan de Dios, mientras continúa pendiente el cumplimiento de una resolución judicial que ordena su regreso a prisión por el caso Cooptación del Estado.
El pasado 4 de noviembre, el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Eduardo Orozco, revocó el permiso especial que le permitía permanecer en su residencia durante su recuperación de una intervención quirúrgica y ordenó su traslado al Centro de Detención Preventiva para Mujeres "Santa Teresa", zona 18.
La decisión se produjo después de que se cuestionara su inasistencia a una evaluación médica previamente programada y se solicitara que un especialista acudiera a su domicilio para realizar el chequeo.
A esta situación se sumó la falta de una ambulancia para efectuar su traslado, según lo expuesto en el proceso respecto de las gestiones de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
Al resolver, el juzgador recordó que en el expediente constan las autorizaciones relacionadas con la salud de Baldetti, entre ellas un permiso especial concedido para su recuperación después de una operación.
También señaló que, desde 2023, la exfuncionaria cuenta con autorizaciones para acudir a su residencia de lunes a jueves, en horarios determinados, con el propósito de recibir tratamientos médicos.
MP cuestiona permanencia de Baldetti en su residencia
El Ministerio Público (MP) se opuso a que Baldetti continuara en su domicilio y recordó que un informe del Hospital General San Juan de Dios, fechado el 6 de junio de 2026, estableció que no era favorable la solicitud para que un médico especialista acudiera a evaluarla en su residencia.
El ente investigador también señaló que la exvicepresidenta no asistió a una cita médica programada con anticipación, circunstancia que, según su argumentación, debía tener consecuencias sobre el permiso especial que le había sido concedido.
Como parte de los antecedentes, el MP hizo referencia a una resolución judicial del 23 de junio de 2026, mediante la cual se habría ampliado por 60 días la autorización para que Baldetti permaneciera en su residencia.
También citó un informe del Departamento de Consulta Externa de Adultos del Hospital San Juan de Dios, suscrito por el médico José Rodolfo del Cid Fuentes, relacionado con la atención médica de la exfuncionaria.
A partir de estas actuaciones se programó una evaluación para el martes 24 de noviembre de 2026, en el área de Neurocirugía y la clínica 36, destinada a personas privadas de libertad.
Posteriormente, el 11 de agosto, el juzgado apercibió a Baldetti para que compareciera a esa evaluación, bajo advertencia de revocar el beneficio de permanencia en su residencia si no asistía.
Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó esa disposición al considerar que el plazo de 60 días autorizado anteriormente ya había vencido.
Por esa razón, argumentó que resultaba improcedente mantener a la procesada en su domicilio hasta el 24 de noviembre, fecha establecida para su próxima evaluación médica.
¿Qué ocurriría si no cumple la orden judicial?
El abogado penalista Óscar Morales consideró que el incumplimiento de una resolución judicial podría tener consecuencias procesales para Baldetti.
A su criterio, la situación también podría responder a una estrategia de la defensa para ganar tiempo y presentar recursos legales, entre ellos una acción de amparo, con el propósito de frenar la ejecución de la orden.
Morales explicó que cada proceso penal tiene características particulares y que los jueces deben resolver de acuerdo con los elementos de convicción y las pruebas presentadas en cada expediente.
Esto significa que las medidas sustitutivas concedidas a Baldetti en otros procesos no necesariamente modifican su situación jurídica en el caso Cooptación del Estado.
El profesional también señaló que los abogados deben mantener una conducta adecuada durante todas sus actuaciones y cumplir sus responsabilidades como auxiliares de la administración de justicia.
Consultado sobre las posibles consecuencias de desobedecer una orden de internamiento, Morales indicó que podría plantearse una declaratoria de rebeldía, con las consecuencias procesales correspondientes.
No obstante, esa posibilidad dependería de las circunstancias del caso y de una resolución judicial.
Los procesos que enfrenta Baldetti
Aunque el Tribunal de Mayor Riesgo C autorizó el uso de un dispositivo de control telemático para Roxana Baldetti, esa decisión no implica necesariamente que pueda recuperar su libertad, debido a la existencia de otros procedimientos judiciales.
De los cinco procesos mencionados en su situación legal, el caso Cooptación del Estado es uno de los que actualmente plantea obstáculos para su permanencia fuera de prisión, después de que el juez Eduardo Orozco revocara el permiso especial por motivos médicos.
En su resolución del 4 de noviembre, el juzgador también hizo referencia a las autorizaciones concedidas anteriormente por la entonces jueza Eva Recinos, que permitían a Baldetti salir de prisión de lunes a jueves para recibir tratamientos médicos.
Recinos integra actualmente la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Otro expediente señalado es el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos, que reclamó a Baldetti por delitos relacionados con el narcotráfico.
El 15 de junio de 2017, la exvicepresidenta aceptó ser extraditada ante el Tribunal Quinto de Sentencia. Sin embargo, debe establecerse el estado actual de ese procedimiento y sus efectos sobre una eventual excarcelación.
En los casos La Línea y Agua Mágica, la exfuncionaria obtuvo medidas de arresto domiciliario por razones humanitarias, después de que su defensa presentara recursos contra decisiones que ordenaban su permanencia en prisión preventiva.
Según los antecedentes descritos, esas medidas fueron concedidas por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes.
En cuanto al caso Registro de Información Catastral (RIC), conocido por el Juzgado Cuarto Penal, Baldetti cuenta con una medida sustitutiva desde las primeras etapas del proceso.
En ese momento, la judicatura estaba a cargo del juez Pedro Laynes.
La existencia de medidas sustitutivas en determinados expedientes no elimina las órdenes de privación de libertad que puedan encontrarse vigentes en otros procesos.
