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Declaran reserva parcial de información en proyecto de cárcel de Escuintla

  • Por Carlos Álvarez
09 de octubre de 2026, 08:45
El ministro Marco Antonio Villeda firmó la resolución que restringe el acceso a información relacionada con la seguridad del futuro centro penitenciario. (Foto: Archivo / Soy502)

El ministro Marco Antonio Villeda firmó la resolución que restringe el acceso a información relacionada con la seguridad del futuro centro penitenciario. (Foto: Archivo / Soy502)

La medida no incluye información administrativa, presupuestaria, financiera o contractual que no revele los aspectos técnicos protegidos.

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) clasificó como información reservada, de forma parcial por siete años, el proyecto denominado: "Construcción centro de cumplimiento de condena para hombres, ubicado finca Cuyuta, lote 218, Masagua, Escuintla".

La cartera del interior considera que divulgar determinados detalles técnicos podría representar riesgos para la seguridad del futuro establecimiento penitenciario.

La disposición quedó establecida en la Resolución Ministerial Número 000769, firmada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, mediante la cual se establece que la reserva tendrá una duración de siete años, con posibilidad de ampliarse.

Según la resolución, la clasificación comprende los elementos del proyecto ejecutivo que contienen características arquitectónicas, constructivas, funcionales y operativas del centro penitenciario.

Asimismo, la reserva incluye los productos técnicos de la fase de preinversión que permitan conocer o reconstruir esa información.

Gobernación justificó la medida al señalar que la divulgación de estos datos podría facilitar la identificación de accesos, circulaciones internas, controles, instalaciones críticas y otros componentes relacionados con la seguridad de la infraestructura.

En la resolución, el Mingob sostiene que la publicación de la información técnica protegida podría comprometer la seguridad del centro penitenciario durante sus distintas etapas de desarrollo.

Entre los riesgos identificados por la institución se encuentra la posibilidad de que terceros utilicen esos datos para identificar puntos vulnerables, neutralizar sistemas de seguridad o ejecutar acciones que comprometan la custodia y el funcionamiento del establecimiento.

Asimismo, advierte que conocer determinados aspectos de la infraestructura podría facilitar motines, evasiones, rescates, ingreso de armas, drogas u otros objetos prohibidos, sabotajes y ataques externos.

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El documento también menciona que estos riesgos podrían ser aprovechados por estructuras de delincuencia organizada.

Para sustentar la decisión, el Ministerio invoca el artículo 23, numeral 4, de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008.

El texto de la legislación está relacionado con la información cuya divulgación pueda perjudicar las actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, los procesos de inteligencia del Estado o la impartición de justicia.

Además, hace referencia al artículo 26 de esa normativa, que establece los requisitos para justificar la clasificación de información como reservada, incluida la demostración de que el daño que podría causar su divulgación supera el interés público de conocerla.

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El Mingob argumenta que divulgar los planos y detalles técnicos protegidos podría facilitar ataques, fugas y otras acciones contra el establecimiento. (Foto: Archivo / Soy502)

¿Qué información sí es pública?

La resolución establece expresamente que la clasificación no representa una reserva total de la documentación relacionada con la construcción del centro penitenciario.

De acuerdo con el documento, deberá mantenerse pública la información administrativa, presupuestaria, financiera y contractual que no revele ni permita reconstruir los componentes técnicos protegidos.

También establece que, cuando los datos reservados sean inseparables del resto de un documento, o cuando su divulgación parcial permita reconstruirlos, la clasificación podrá comprender el documento completo.

La Resolución Ministerial 000769 establece que el plazo de reserva será de siete años, sin perjuicio de que pueda ampliarse conforme al artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

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