Las decisiones de algunos alcaldes podrían afectar la certeza jurídica y por ende, la inversión en proyectos de infraestructura.
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Durante una citación en el Congreso para abordar los desafíos en la expansión del sistema eléctrico nacional, autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) señalaron que algunos obstáculos que enfrentan los proyectos de transmisión y generación de energía están relacionados con decisiones tomadas a nivel municipal.
El presidente de la CNEE, Luis Ortiz Peláez, explicó que uno de los principales problemas identificados en reuniones con alcaldes es la incertidumbre sobre las licencias municipales y los cobros que algunas corporaciones buscan imponer a los proyectos.
Según Ortiz, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha establecido en distintas resoluciones que las municipalidades no pueden fijar tasas específicas dirigidas a un proyecto en particular, sino únicamente cobros generales asociados a servicios que prestan las comunas.
Añadió que en algunos casos los las municipalidades condicionan la emisión de licencias a proyectos de electrificación rural, una situación comprensible desde la perspectiva de las necesidades de las comunidades, según indicó, aunque agregó que esto también puede generar dificultades para los inversionistas.
Por su parte la ingeniera Claudia Marcela Peláez, desde la CNEE, aseguró que el principal freno para algunos proyectos energéticos no es técnico ni regulatorio, sino que está relacionado con la forma en que algunas autoridades municipales ejercen su autonomía.
"Realmente el problema que ha frenado el desarrollo de la transmisión y de algunos proyectos de generación realmente no es técnico ni regulatorio, es un tema que la verdad que nadie se atreve a decirlo claramente, pero son los alcaldes y su autonomía municipal lo que viola la certeza jurídica", expresó
Además, Peláez afirmó que existen casos en que empresas obtuvieron licencias municipales para desarrollar infraestructura de transmisión, pero estas fueron canceladas e incluso ha derivado en demandas internacionales que, según indicó, superan los 400 millones de dólares.
También señaló que algunos proyectos han tenido que trasladarse después de completar sus estudios debido a exigencias de pagos irregulares.
Asimismo, consideró que la falta de certeza jurídica representa un riesgo para la inversión privada y afirmó que mientras no se atiendan estos problemas relacionados con corrupción y la aplicación de la autonomía municipal, los proyectos continuarán enfrentando obstáculos.
Las declaraciones surgieron durante una discusión sobre iniciativas orientadas a agilizar los procesos de autorización y mejorar las condiciones para el desarrollo de infraestructura eléctrica en el país.
Autonomía sin arbitrariedad
El director ejecutivo de FUNDESA, Juan Carlos Zapata, señaló que la autonomía municipal es un derecho establecido en la Constitución y una pieza importante para la descentralización del país.
Sin embargo, indicó que el reto está en lograr que su aplicación no genere obstáculos para proyectos de inversión que ya cumplieron con los procesos técnicos, ambientales y legales correspondientes.
Indicó que el desafío es encontrar un equilibrio entre las facultades de las municipalidades y la necesidad de brindar certeza jurídica a las inversiones, especialmente en proyectos de interés nacional como la generación y transmisión de energía, carreteras y otras obras de infraestructura.
Afectar la confianza de inversionistas
Respecto a los señalamientos realizados por la CNEE sobre proyectos paralizados, licencias revocadas y posibles pagos irregulares, consideró que se trata de un tema que debe analizarse con seriedad debido al impacto económico que puede representar para el país.
No obstante, enfatizó que cada caso debe evaluarse de manera particular y que las investigaciones sobre posibles actos fuera de la ley corresponden a las autoridades competentes.
También explicó que muchos de los conflictos entre municipalidades y proyectos de inversión surgen por la falta de coordinación entre las instituciones del Estado, pues existen casos en los que una iniciativa obtiene autorizaciones de distintas entidades, pero después enfrenta obstáculos a nivel municipal.
A esto se suma la incertidumbre que puede generar la cancelación de permisos ya otorgados o la ausencia de criterios uniformes sobre los cobros municipales que podría afectar la confianza de los inversionistas y puede retrasar el desarrollo de nuevos proyectos.
Además, sostuvo que contar con municipalidades con capacidad de gestión y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas son objetivos que pueden avanzar de manera conjunta mediante reglas claras, transparencia y una mejor aplicación de la ley.
"No se trata de quitarle competencias a las municipalidades, sino de ordenarlas y darles previsibilidad", agregó.
Además, mencionó cinco líneas importantes a considerar respecto al trabajo conjunto entre municipalidades y proyectos de inversión:
- Plazos definidos y silencio administrativo regulado, para que un permiso no quede en suspenso indefinido por inacción o decisión política.
- Tarifas y arbitrios estandarizados para infraestructura de interés nacional, eliminando el margen de cobros arbitrarios.
- Reglas claras de servidumbres y derecho de vía, con obligación de colaboración de todas las entidades del Estado.
- Mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mesas técnicas, mediación, para evitar que cada diferencia escale a un cierre o a un arbitraje internacional.
- Transparencia y trazabilidad en el otorgamiento y revocatoria de licencias, de modo que cualquier decisión municipal quede motivada y sea auditable.
Caso Xochi
Un caso reciente que generó controversia en cuanto a la autonomía municipal y proyectos privados se relaciona con la municipalidad de Mazatenango y la inversión privada fue el proyecto Xochi, en Mazatenango, Suchitepéquez.
La Municipalidad de Mazatenango ordenó la suspensión del proyecto tras señalar supuestos incumplimientos relacionados con licencias y autorizaciones municipales.
Por su parte, los representantes de Xochi sostuvieron que el proyecto contaba con las autorizaciones correspondientes y señalaron que la medida generaba incertidumbre para la inversión retrasando los últimos puntos de construcción previo a la apertura del 14 de junio.
Sin embargo, ambas partes alcanzaron acuerdos para permitir la continuidad de las obras.
