Las estafas digitales abren un debate sobre si Guatemala necesita más herramientas legales para combatir los ciberdelitos o una mejor aplicación de la ley.
ARTÍCULO RELACIONADO: MP reporta más de 56 mil denuncias por estafas tecnológicas
Las más de 56 mil denuncias relacionadas con estafas que involucran tecnología reportadas recientemente por el Ministerio Público (MP), mantienen la discusión sobre los retos que enfrenta Guatemala para investigar estos casos y proteger a los usuarios del sistema financiero.
Gustavo Barrios, jefe del departamento de Políticas de persecución Penal de la Secretaría de Política Criminal del MP, explicó que una de las principales dificultades es que Guatemala no cuenta con una legislación específica sobre ciberdelitos.
Según indicó, muchas de las conductas denunciadas deben investigarse utilizando conceptos penales existentes para nuevas modalidades de estafa que han surgido con el tiempo, y que además, suelen involucrar varias acciones delictivas al mismo tiempo.
Además, señaló que las investigaciones se vuelven más complejas cuando los recursos salen del país o son trasladados mediante plataformas digitales y criptomonedas; un proceso que requieren cooperación internacional y acceso oportuno a información.
También se mencionó que Guatemala no forma parte del convenio Budapest sobre ciberdelincuencia, una normativa utilizada para facilitar la cooperación entre países respecto a delitos informáticos.
Sobre la discusión de la iniciativa de la Ley de Ciberseguridad que se encuentra en el Congreso se mencionó que podría ser necesario revisar otros marcos legales relacionados con la investigación criminal y la supervisión financiera.
LEE TAMBIÉN: Proponen ley para fortalecer la ciberseguridad y combatir los ciberdelitos
Controles
Según datos presentados en la citación, Guatemala enfrenta alrededor de 17 mil intentos de phishing al día y cerca de 6.4 millones de intentos al año de una modalidad de fraude que intenta engañar a los usuarios para obtener contraseñas, datos bancarios o información personal.
Representantes del SIB destacaron que la mayoría de estos intentos no llega a concretarse, en parte, gracias a los controles implementados por las entidades financieras, sin embargo, miles de personas continúan siendo víctimas de estas estafas.
Además, explicaron que en los últimos años se han fortalecido las regulaciones sobre riesgos tecnológicos y seguridad de canales electrónicos, incluyendo mecanismos de autenticación biométrica, monitoreo permanente, medidas enfocadas en la prevención del fraude y emite recomendaciones y requerimientos a las entidades supervisadas para actualizar sus sistemas de protección.
Asimismo se destacó que las amenazas cambian de forma contínua y que muchas veces la respuesta debe ser más rápida que los procesos de reforma a las normativas.
La SIB también señaló que cuenta con equipos especializados en tecnología y ciberseguridad que dan seguimiento a las nuevas modalidades de ataque.
Ataques sofisticados
Por su parte, el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, señaló que los ataques son cada vez más sofisticados y que la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la seguridad digital.
También mencionó que el sistema financiero ha fortalecido en los últimos años los reglamentos relacionados con riesgos tecnológicos y protección de canales electrónicos.
"En el banco sí tenemos específicamente un departamento de ciberseguridad me animaría a decir al más alto nivel con la gente mejor calificada para proteger todo el sistema", indico.
Además, consideró que uno de los principales retos sigue siendo la prevención debido a que muchos de los casos reportados ocurren cuando los usuarios comparten de manera voluntaria información confidencial, descargan aplicaciones fraudulentas o son víctimas de engaños diseñados para obtener acceso a sus cuentas.
También se mencionó que fortalecer la educación digital de la población es tan importante como mejorar los mecanismos de investigación y persecución penal.
Análisis de reforma
El diputado Héctor Aldana, quien presidió la citación planteó la posibilidad de analizar reformas que permitan actuar con mayor rapidez para rastrear fondos o fortalecer la coordinación entre instituciones mientras se desarrolla una investigación.
También mencionó que de manera interinstitucional exista la oportunidad de identificar qué cambios podrían ayudar a mejorar la prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos mediante herramientas tecnológicas a través de reformas a la Ley de Bancos y algunos artículos del Código Procesal Penal.
