El Decreto 18-2026 que contiene las reformas al IUSI exonera a las ganancias por venta de bienes inmuebles a personas individuales no dedicadas al negocio inmobiliario del ISR.
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Las reformas contenidas en el Decreto 18-2026 además de modificar aspectos relacionados con el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), también incorporan cambios a la Ley de Actualización Tributaria para exonerar del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) las ganancias obtenidas por la venta de determinados bienes inmuebles.
La medida forma parte del paquete de reformas y establece quiénes podrán acceder al beneficio y quiénes quedan excluidos.
La reforma añade un nuevo numeral al artículo 87 de la Ley de Actualización Tributaria, que indica que las ganancias de capital derivadas de la venta de bienes inmuebles ubicados en Guatemala quedan exentas del ISR cuando correspondan a personas individuales que no desarrollen actividades económicas vinculadas al negocio inmobiliario.
¿Para quienes no aplica esta reforma?
- El decreto también precisa que esta exoneración no aplica para:
- Personas jurídicas
- Fideicomisos
- Sucesiones indivisas que tributen ISR
- Personas individuales inscritas en el Registro Tributario Unificado (RTU) con actividades relacionadas con la compraventa, lotificación, urbanización, fraccionamiento, construcción, desarrollo inmobiliario o comercialización de bienes inmuebles.
En esos casos continuará vigente el régimen tributario establecido en la legislación.
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Perjudicial para la Gobernanza
Según el economista Miguel Gutiérrez, la disposición tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas.
Explicó que la exoneración representa una reducción en la capacidad de recaudación del Estado y beneficia principalmente a los sectores con mayor capacidad económica, que son quienes con más frecuencia realizan operaciones de compra y venta de propiedades.
Gutiérrez sostuvo que la medida también podría afectar los recursos destinados a las municipalidades, al disminuir los ingresos públicos.
"Es totalmente pernicioso y daña la capacidad de recaudación y también la ejecución del gasto descentralizado de las municipalidades", indicó.
Además indicó que, aunque que existen problemas de corrupción y deficiencias en la ejecución del gasto, considera que la solución no pasa por reducir la recaudación, sino por mejorar la administración de los recursos públicos.
También calificó la reforma como una decisión gravemente perjudicial para la gobernanza fiscal del país, al considerar que erosiona los ingresos estatales sin atender los problemas estructurales relacionados con la calidad del gasto público.
"Es una grave, gravísima iniciativa y perjudicial para la gobernanza", concluyó.
