El jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano, le dio al gobierno hasta enero del próximo año para resolver la situación legal de la aduana del Puerto Santo Tomás de Castilla, de lo contrario el personal de la institución se retirará.
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De concretarse la amenaza, no habría control sobre los productos que ingresan por la terminal marítima.
La aduana ubicada en Puerto Barrios, Izabal no está autorizada para operar, debido a que no está inscrita como "depósito aduanero temporal". Solórzano asegura que "la ilegalidad" bajo la que opera el centro de revisión de la SAT impide que se fortalezcan las medidas de control como la instalación de más cámaras.
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El comisionado presidencial de puertos y aeropuertos, Enrique Godoy, reconoce que Santo Tomás de Castilla tiene puntos ciegos y es necesario que los accesos a la aduana sean más limitados.
#CongresoGT @QuiqueGodoy reconoce que el puerto Santo Tomás de Castilla tiene puntos ciegos. @soy_502 pic.twitter.com/i9LNPNrlwk
— José Castañeda (@JoseCSoy502) 6 de julio de 2017
Desde 2016, la SAT le solicitó a la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) que tramitara el permiso para actuar como depósito aduanero temporal. Sin embargo, esto no ha ocurrido.
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El superintendente le dio hasta el 1 de agosto al nuevo presidente de Empornac, Byron Alejandro Monterrosa Salazar, para que le presente un plan para legalizar la situación de la aduana. Si esto no se cumple, la SAT iniciaría el proceso de cierre que se concretaría en seis meses.
Solórzano aseguró que hay empresas interesadas en debilitar los controles de la SAT y retomar el poder en las aduanas.
