La reforma a la ley de puertos busca responder a las necesidades de las deficiencias portuarias actuales que a su vez encarecen las mercancías hasta en un 30% y frenan la llegada de inversiones clave para el país.
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Durante años, el debate sobre la competitividad de Guatemala se ha centrado en atraer inversión, abrir nuevos mercados o fortalecer la marca país.
Sin embargo, detrás de esos esfuerzos persiste un obstáculo que el sector productivo considera uno de los principales frenos para el crecimiento económico; el sistema portuario.
Mientras cerca de la mitad de los contenedores que movilizan los puertos corresponde a exportaciones, las deficiencias en infraestructura, gestión y coordinación institucional siguen trasladando costos a las empresas y, en consecuencia, a la economía nacional.
Bajo este contexto el Congreso avanza en la recta final para aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional.
Antes de que la iniciativa llegue a su discusión por artículos y redacción final, la Comisión de Economía y Comercio Exterior revisa una serie de enmiendas que buscan fortalecer el texto y atender las observaciones planteadas por distintos sectores.
Actualmente, esta comisión analiza 33 enmiendas distribuidas en bloques que abarcan aspectos relacionados con la seguridad portuaria, la gobernanza de la futura Autoridad Portuaria Nacional, el patrimonio de los puertos públicos y la transición institucional desde la actual Comisión Portuaria Nacional.
Seguridad portuaria
Uno de los cambios más relevantes modifica el alcance de las funciones que tendrá la futura Autoridad Portuaria Nacional.
El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, explicó que la propuesta deja atrás el planteamiento original que atribuía a la nueva entidad responsabilidades relacionadas con la inspección de carga.
En su lugar, las enmiendas orientan sus funciones hacia el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
Según Ayala, este ajuste cambia el diseño institucional de la autoridad portuaria y permitirá una mejor coordinación con los socios comerciales internacionales para reforzar la seguridad de los puertos y prevenir el uso indebido de las instalaciones portuarias.
Protección del patrimonio de los puertos públicos
Otro grupo de enmiendas se concentra en garantizar que los activos y recursos generados mediante nuevas modalidades de administración continúen beneficiando a los puertos públicos existentes.
Dentro de esos ajustes se encuentra el artículo 64, que incorpora a las Alianzas Público-Privadas y los Contratos de Administración Portuaria, manteniendo los modelos contemplados en las leyes orgánicas vigentes.
Además, se establece que cualquier nuevo contrato deberá contar con dictámenes técnicos favorables y vinculantes de la futura Autoridad Portuaria Nacional para asegurar que cada proyecto responda a la planificación nacional del desarrollo portuario.
Según Ayala, la intención es combinar nuevas opciones para atraer inversión con mecanismos que resguarden el patrimonio de las empresas portuarias estatales.
Transición a una nueva institucionalidad
Las enmiendas también abarcan el proceso por el cual la actual Comisión Portuaria Nacional trasladará sus funciones a la futura Autoridad Portuaria Nacional.
En este punto la Comisión de Trabajo analizó disposiciones para priorizar al personal técnico de carrera dentro de la nueva estructura institucional y garantizar una implementación ordenada de la ley.
De acuerdo con Ayala, el objetivo es que exista coherencia entre la nueva legislación y las normas que actualmente regulan a los cuatro puertos públicos del país, evitando vacíos legales durante el cambio institucional.
Ajustes en integración y funcionamiento
Entre las enmiendas también se encuentra el artículo 5, que desarrolla la figura del administrador privado portuario.
Esta propuesta busca armonizar la nueva legislación con las leyes orgánicas que actualmente rigen los puertos públicos, permitiendo que estas entidades conserven su autonomía administrativa mientras quedan sujetas a la rectoría, supervisión y fiscalización de la futura Autoridad Portuaria Nacional.
En el artículo 17 también se plantea reducir de cuatro años a uno el período de impedimento para que exdirectivos o exempleados de administradores y operadores portuarios puedan integrar el directorio de la nueva autoridad, al considerar que la restricción vigente resulta excesiva.
Asimismo, las enmiendas incorporan un representante del sector laboral portuario, con el fin de ampliar la participación de los trabajadores sin otorgar representación exclusiva a un sindicato o empresa específica.
Tarifa para cruceros
Las enmiendas también se incluyen en el artículo 53, relacionado con el patrimonio del sistema portuario.
La propuesta duplica la tarifa turística que pagan los pasajeros de cruceros, pasando de un dólar a dos dólares por cada persona que desembarque o aborde este tipo de embarcaciones.
Cuando las instalaciones turísticas funcionen dentro de puertos administrados por entidades públicas, la mitad de esos ingresos será destinada al operador portuario correspondiente, mientras que el resto fortalecerá el financiamiento de la futura Autoridad Portuaria Nacional.
Gobernanza en busca consensos
Uno de los temas que continúa en discusión es la integración del directorio de la futura Autoridad Portuaria Nacional. El diputado Ayala explicó que diferentes bloques legislativos han presentado alternativas para modificar la composición originalmente planteada.
Entre las opciones discutidas se menciona sustituir al representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pues su función principal es aduanera y no portuaria.
También se ha planteado incorporar representantes del Congreso, del Ministerio de Agricultura por su función fitosanitaria, de la Procuraduría General de la Nación (PGN) o ampliar la participación del sector privado organizado.
El diputado Ayala indicó que ninguna de estas propuestas ha sido descartada y que el objetivo es construir consensos que permitan alcanzar los 107 votos necesarios para aprobar las modificaciones durante la discusión final de la ley.
Además, señaló que algunos bloques consideran pertinente que el Congreso tenga representación dentro de la autoridad, debido a que el Organismo Legislativo ya participa en otros órganos del Estado y puede contribuir al fortalecimiento permanente del marco jurídico del sistema portuario.
Últimos ajustes de la Ley de Puertos
La Comisión de Economía y Comercio Exterior prevé realizar nuevas reuniones para revisar técnicamente las enmiendas junto con sus asesores y depurar aquellos conceptos que puedan generar interpretaciones distintas al propósito de la ley.
Después de este análisis los acuerdos serán trasladados a la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso, tal como sucedió previo a la aprobación de la Ley Antilavado.
La intención es que la iniciativa llegue al Pleno con los consensos necesarios para su aprobación por artículos y redacción final con las enmiendas previamente analizadas por la comisión.
Una reforma urgente
Para la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), la principal razón para impulsar la Ley General del Sistema Portuario Nacional es mejorar la competitividad logística del país.
Claudia de Del Aguila, Directora de Incidencia del Entorno Exportador AGEXPORT menciona que los puertos son infraestructura estratégica para el comercio exterior y que las deficiencias actuales terminan encareciendo las exportaciones guatemaltecas.
Según de Del Aguila los costos logísticos pueden representar hasta el 30% del precio de venta de un producto exportado. A ello se suman los retrasos operativos, la limitada inversión en infraestructura y equipo, así como el aumento de las tarifas marítimas registrado en los últimos años, factores que han reducido la competitividad de las empresas nacionales.
Además, sostiene que una legislación moderna permitiría atacar problemas estructurales que van más allá de las variaciones del mercado.
"La ley de puertos modernizará la gobernanza portuaria con criterios técnicos y de largo plazo, reducirá tiempos, costos y cuellos de botella logísticos que hoy restan competitividad, generará certeza jurídica para la operación y la inversión en infraestructura portuaria y
fortalecerá la transparencia, la planificación y la coordinación interinstitucional", enfatizó.
Marco jurídico para atraer inversión
Enrique Font, presidente de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) considera que la normativa representa una oportunidad para fortalecer el sistema portuario " y generar mejores condiciones para el desarrollo del comercio, la inversión y la actividad productiva del país", expresó.
Según Font uno de los principales aportes de la ley es establecer un marco jurídico moderno que genere seguridad para quienes deseen invertir en nuevos proyectos portuarios, terminales especializadas y servicios asociados al comercio exterior.
"Con ello, se busca impulsar la competitividad de Guatemala, facilitar las operaciones de importación y exportación y contribuir al crecimiento económico, en beneficio de todos los sectores que integran la cadena logística y productiva", agregó.
Reforma para aprovechar el nearshoring
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) coincide en que la modernización del sistema portuario es una reforma estratégica para fortalecer la competitividad nacional y mejorar la posición del país en las cadenas internacionales de suministro.
AmCham considera que un sistema portuario más eficiente permitiría reducir costos logísticos, agilizar el movimiento de mercancías y convertir a Guatemala en un destino más atractivo para la inversión y el comercio internacional.
No obstante, señala que el éxito de la reforma dependerá de que las enmiendas que apruebe el Congreso mantengan los principios centrales del proyecto original, entre ellos fortalecer la institucionalidad del sistema portuario, delimitar claramente las competencias de cada entidad, garantizar altos estándares de seguridad y ofrecer certeza jurídica para inversiones de largo plazo.
AmCham también resalta que mecanismos como el Usufructo Oneroso Portuario (USOP) y los Contratos de Administración Portuaria (CAP) pueden facilitar la llegada de capital privado, tecnología y experiencia internacional para desarrollar infraestructura moderna, siempre que existan reglas estables y predecibles.
Además, sostiene que una legislación actualizada fortalecería la transparencia y la trazabilidad de las operaciones portuarias, al tiempo que reforzaría los controles contra el contrabando y otras actividades ilícitas.
"Una Ley del Sistema Portuario Nacional que preserve estos principios permitirá generar impactos positivos para el país, entre ellos una mayor competitividad logística, la reducción de tiempos y costos para el comercio exterior, el incremento de la inversión en infraestructura estratégica, la generación de empleo y mejores condiciones para aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring y del crecimiento del comercio internacional", indicó.
