El arbitraje permite a expertos independientes resolver disputas afuera de los tribunales, principalmente comerciales o contractuales y en el caso de Guatemala, diputados plantean reformas a la normativa que lo regula.
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Los diputados Elmer Palencia, Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva, y Cristabel Guardado de Nájera, ambos integrantes del bloque VALOR, presentaron este martes una iniciativa para reformar de manera profunda el Decreto 67-95, Ley de Arbitraje.
El diputado Palencia enfatizó que no se trata de una modificación superficial, sino de una reforma integral que abarca aproximadamente el 80% de la ley actual, con el objetivo de actualizar un marco legal que tiene casi tres décadas de antigüedad para acoplarlo a los estándares internacionales de arbitraje modernos.
El arbitraje es un mecanismo alternativo para resolver controversias mediante el cual las partes acuerdan someter su disputa a uno o varios árbitros independientes, en lugar de acudir a un tribunal
"Tenemos una ley de arbitraje que necesita estar pues acoplada a los nuevos estándares internacionales, de tal manera en que
Guatemala pueda también ser competitivo en todo lo que se refiere a las diferentes negociaciones económicas que el país pueda suscribir", manifestó.
Según el congresista, la propuesta es el resultado de un trabajo técnico conjunto con centros de arbitraje, diversas cámaras empresariales y la Corte Suprema de Justicia. Además, cuenta con el respaldo de más de 15 legisladores de distintas bancadas que firmaron el contenido.
"Es importante tener un marco legal moderno de resolución de controversias que no signifique la judicialización de los procesos, sino que sean más ágiles y sencillos", explicó Palencia y citó a manera de ejemplo, la judicialización de tramos carreteros, mencionando un proyecto en San Carlos Alzatate, Jalapa, que permaneció bloqueado legalmente durante 14 años, algo que el arbitraje eficiente busca evitar.
Impacto en la inversión y proyectos estratégicos
La modernización de la ley pretende:
Atraer inversión extranjera: Al ofrecer certeza jurídica y evitar las demoras millonarias del sistema judicial ordinario.
Seguridad en contratos estatales: Facilitar la resolución de conflictos en contratos entre el Estado y privados, especialmente ante proyectos de gran magnitud como el propuesto sistema de metro o subterráneo mediante convenios con el Reino Unido.
- Desfogue judicial: Reducir la pesada carga de trabajo que actualmente satura al sector justicia
