La propuesta de reforma constitucional recién presentada al Congreso obtuvo un revés que obligó su retiro y suspensión temporal en menos de un mes.
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La propuesta de reforma constitucional presentada al Congreso de la República por el Movimiento Poder Ciudadano, y cuyo retiro fue anunciado como "irrevocable", también fue objeto de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó suspender temporalmente su trámite legislativo, menos de 45 días después de su presentación.
Ambas decisiones se conocieron el jueves 5 de noviembre. Mientras Poder Ciudadano anunciaba el retiro de su iniciativa, los magistrados de la CC resolvían, por mayoría, otorgar un amparo provisional ante la amenaza de que el Congreso diera trámite a la propuesta.
La acción fue promovida por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) y quedó registrada en el expediente 9090-2026. Esta cuestiona la iniciativa de reforma constitucional presentada por Poder Ciudadano el pasado 28 de septiembre.
La CC también conoció otro expediente, identificado con el número 9130-2026, relacionado con una propuesta de reforma constitucional presentada por el político Carlos Pineda el 22 de septiembre.
Las decisiones
En el primer escenario, Edgar Ortiz, fundador de Poder Ciudadano, anunció en conferencia de prensa el retiro "irrevocable" de la propuesta de reforma constitucional presentada al Legislativo.
Ortiz aseguró que el jueves 5 de noviembre presentó ante la Junta Directiva del Congreso la solicitud correspondiente, luego de que la Asamblea de Asociados del movimiento adoptara esa decisión.
Según explicó, la determinación no fue fácil, pero respondió a la necesidad de proteger la seguridad de los integrantes y voluntarios de la organización.
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad informó mediante un comunicado, que otorgó por mayoría un amparo provisional relacionado con la iniciativa de Poder Ciudadano, respaldada por más de 16 mil firmas ciudadanas.
La resolución ordena suspender temporalmente su trámite legislativo mientras se verifica que los nombres de los firmantes sean legibles, que no existan firmas ni registros duplicados y que cada ciudadano haya consignado su Código Único de Identificación (CUI) o número de empadronamiento.
Además, la CC dispuso solicitar información al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por medio del Registro de Ciudadanos, para obtener certificaciones e informes relacionados con la inscripción de las personas que respaldaron la propuesta.
El objetivo es comprobar que los firmantes sean ciudadanos debidamente inscritos y empadronados, que no tengan suspendido el ejercicio de sus derechos políticos y que las firmas correspondan a las registradas oficialmente.
También se contempla una verificación grafotécnica para determinar la autenticidad de las firmas.
Asimismo, la resolución requiere al Registro Nacional de las Personas (Renap) un informe que permita establecer, mediante el cruce de datos con los registros de defunciones, si alguna firma corresponde a una persona que ya había fallecido cuando supuestamente suscribió la petición.
De igual manera, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) deberá verificar los movimientos migratorios de los firmantes para determinar si alguno se encontraba fuera del territorio nacional en la fecha en que habría firmado.
La CC también estableció que los promotores de las iniciativas deben acreditar de manera fehaciente el texto exacto que fue presentado a los ciudadanos durante la recolección de firmas.
Esto permitirá comprobar que el contenido respaldado por los firmantes coincida con el articulado finalmente presentado al Congreso de la República.
La Corte advirtió que, si durante las verificaciones se encuentran indicios de posibles hechos delictivos, deberá presentarse la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP).
La Corte de Constitucionalidad, a la opinión pública hace saber:
En el siguiente enlace puede consultar los votos razonados y autos:
https://t.co/BgLNugjxHi https://t.co/3t1XtECw2W
El retiro "irrevocable"
El retiro de la propuesta de reforma constitucional fue atribuido por Poder Ciudadano a las amenazas e intimidaciones que, según sus promotores, han enfrentado desde que comenzaron a impulsar la iniciativa.
Edgar Ortiz aseguró que estas situaciones no solo lo han afectado a él, sino también a su esposa, Marjorie von Ahn, quien forma parte del movimiento.
El fundador de Poder Ciudadano recordó que, debido a esta situación, fue cancelado un Congreso Ciudadano programado para el 31 de octubre.
También informó que presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, institución encargada de investigar los hechos denunciados.
Ortiz sostuvo que, desde el desarrollo de la propuesta, integrantes del movimiento han sido objeto de vigilancia, persecución y amenazas.
La propuesta de Poder Ciudadano
Entre las dos propuestas de reforma constitucional relacionadas con los expedientes conocidos por la CC destaca la iniciativa del Movimiento Poder Ciudadano, presentada públicamente el 28 de septiembre y respaldada, según sus impulsores, por más de 16 mil firmas ciudadanas.
La propuesta planteaba reformas constitucionales al sector justicia, particularmente relacionadas con la sustitución del sistema de Comisiones de Postulación, que participan en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las salas de Apelaciones.
Además, impulsaba cambios para establecer nombramientos escalonados en las cortes, fortalecer la carrera judicial hasta las salas de Apelaciones y eliminar la reelección de magistrados.
La iniciativa también contemplaba modificaciones al mecanismo de elección de las autoridades judiciales, actualmente a cargo del Congreso de la República.
