Instituciones señalan que medida fortalece la credibilidad del país y demuestra disposición de cumplir con estándares internacionales.
OTRAS NOTAS: Guatemala prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) valoraron positivamente la decisión del Gobierno de prohibir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.
Ambas organizaciones coincidieron en que el Acuerdo Ministerial 377-2026 permite a Guatemala avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) y fortalece la confianza internacional en las cadenas de suministro del país.
Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, indicó que la publicación del acuerdo materializa uno de los compromisos adquiridos por Guatemala con Estados Unidos y alinea al país con las tendencias internacionales de comercio responsable.
A criterio de la representante de Agexport, la medida envía una señal positiva a los mercados internacionales sobre el compromiso de Guatemala con cadenas de suministro libres de trabajo forzoso, un elemento que adquiere cada vez más importancia para conservar la confianza de compradores y socios comerciales.
Del Águila explicó que existen herramientas internacionales, como la Lista de Bienes Producidos con Trabajo Infantil o Trabajo Forzoso del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que identifican productos y cadenas de suministro en las que se han documentado estas prácticas.
Sin embargo, aclaró que el propósito de esos instrumentos no es calificar de forma general a los países, sino orientar a las empresas y autoridades en la identificación y gestión de riesgos.
Aseveró que para Agexport, uno de los principales efectos del acuerdo será la necesidad de que las empresas exportadoras fortalezcan sus procesos de debida diligencia.
Asimismo, que acrediten que los insumos o bienes importados que incorporan a sus procesos productivos no provienen de compañías relacionadas con trabajo forzoso.
Del Águila puntualizó que este control adquiere especial relevancia para las empresas que posteriormente exportan sus productos a Estados Unidos, debido a las exigencias de trazabilidad y verificación que se aplican en ese mercado.
Destaca competitividad
AmCham Guatemala también valoró favorablemente la normativa al considerar que fortalece la credibilidad del país y demuestra su disposición de cumplir estándares internacionales en materia laboral y de comercio responsable.
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Waleska Sterkel, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, señaló que el respeto de esos estándares tiene efectos directos sobre la competitividad, la atracción de inversión y el acceso de los productos guatemaltecos a los mercados internacionales.
Resaltó que Guatemala presentó su posición ante el Comité de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y publicó el Acuerdo Ministerial 377-2026 el día en que vencía el plazo para presentar comentarios y un día antes de la audiencia pública celebrada en Washington.
Sterkel precisó que esa actuación evidenció el cumplimiento de los compromisos asumidos en el ART y convirtió a la prohibición en uno de los primeros resultados regulatorios concretos derivados de ese acuerdo comercial.
También sostuvo que Guatemala se encuentra entre las 14 economías clasificadas por Estados Unidos en el denominado nivel arancelario más favorable, correspondiente al 10 %, frente al 12.5 % propuesto para otras economías investigadas.
A juicio de la directora ejecutiva de AmCham, esta clasificación refleja los avances alcanzados por el país en el cumplimiento de sus compromisos.
Añadió que los señalamientos internacionales por trabajo forzoso suelen concentrarse en actividades como la agricultura intensiva, la pesca, la minería, la manufactura y la industria electrónica.
Entre los productos mencionados se encuentran el café, la caña de azúcar, la palma de aceite, el algodón, los productos del mar, los minerales críticos, los paneles solares y los componentes electrónicos.
Sterkel señaló que uno de los casos que ha recibido mayor atención internacional es el de China, particularmente por denuncias relacionadas con la región de Xinjiang y cadenas de suministro de algodón, paneles solares y productos electrónicos.
No obstante, subrayó que el acuerdo guatemalteco tiene un alcance general y podrá aplicarse a cualquier mercancía, sin importar su país de origen, cuando existan elementos que demuestren que fue producida total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
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La directora ejecutiva agregó que la debida diligencia, la trazabilidad y el conocimiento de los proveedores son factores esenciales para las empresas que participan en el comercio internacional.
También consideró que la prohibición ayudará a reducir la competencia desleal que enfrentan las compañías que cumplen las normas laborales frente a productos elaborados bajo condiciones irregulares.
Alcance del acuerdo
El Acuerdo Ministerial 377-2026 prohíbe el ingreso al territorio aduanero de Guatemala de bienes extranjeros extraídos, producidos o manufacturados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.
La normativa asigna al Ministerio de Economía la coordinación de su implementación, mientras que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social será responsable de solicitar información por conducto diplomático y elaborar un listado oficial de empresas extranjeras vinculadas con estas prácticas.
El listado deberá publicarse en los portales de ambas instituciones y servirá de base para que las autoridades aduaneras apliquen los controles correspondientes.
El acuerdo también regula el procedimiento administrativo y el tratamiento de los bienes cuestionados. Mientras se determina su vinculación con trabajo forzoso, las mercancías podrán quedar bajo resguardo preventivo en depósitos aduaneros temporales.
Si la importación es denegada mediante una resolución firme, el importador podrá solicitar la reexportación, la destrucción de los bienes en los casos previstos o mantenerlos bajo resguardo mientras se tramitan los recursos administrativos.
La medida fue adoptada después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyera a Guatemala entre 60 economías investigadas por no imponer o aplicar efectivamente prohibiciones contra la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
