La guardia del Organismo Judicial hizo su trabajo y cumplió el protocolo.
Colocó a la detenida de espaldas y la revisó, como se hace con las personas que están arrestadas y son conducidas a un juzgado. También, cada vez más, como hacen los guardias de los aeropuertos.
En el video no se ve que la guardia se conduzca de manera incorrecta mientras ejecuta una operación de rutina. No hay muestra alguna de abuso.
La detenida, en cambio, sí se ve alterada. Se voltea con mal gesto y gruñe: "ni mi marido me toca así".
Luego sigue una ráfaga de insultos murmurados entre la mujer de saco azul, Emilia Ayuso, la exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC) y la mujer de uniforme, cuyo nombre no se hizo público.
Después de esa rápida batalla verbal, las imágenes se tornan inauditas. La arrestada se lanza sobre la guardia del Organismo Judicial, a quien intenta agredir, a patadas y manotazos, mientras le grita: "¡No me diga ladrona, imbécil!".
La reacción en redes sociales fue tan rápida como inclemente. Ayuso, desde luego, recibió la peor parte, porque en el video resulta evidente que fue ella quien inició y buscó el pleito, no la guardia.
La guardia, si acaso, le devolvió el insulto, cosa que no debería haber hecho. ¿Pero acaso ella está ahí para soportar los vituperios de los reos? ¿Acaso queremos que el mundo funcione al revés?
En las siguientes horas, Ayuso se convirtió en la comidilla del internet. "Ladrona que ladra", comentó una usuaria de Facebook. Llovieron los memes jocosos sobre el esposo de la señora Ayuso.
Lo más revelador del exabrupto de Ayuso, que además se quejó del incidente con el juez, es que transparenta un malestar que emana del campo de los detenidos: pareciera que muchos sienten que no merecen que se les trate como a todos los sindicados de este país y les gustaría exigir deferencias.
Las patadas de Ayuso son la versión, esperpéntica e infantil, de los virulentos ataques que vemos en medios y redes sociales en contra de la Fiscal General, Thelma Aldana, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) y cada vez más, en contra de intelectuales y personajes que protestan contra la corrupción y exigen --oh atrevimiento, oh pecado-- que la justicia sea pareja.
Hace un par de años yo enfrenté una acusación por difamación y calumnia que después de una larga batalla en Tribunales, se resolvió a mi favor.
Pese a que nunca fui detenida, sí puedo afirmar que la experiencia fue muy desagradable. Verme sentada en el banquillo de los acusados, escuchar que me llamaran "la sindicada" y que el abogado de la contraparte me acusara de cuanto quiso, me enchinchó la sangre.
Entiendo que las circunstancias de los acusados del caso #CooptacionEstadoGT deben ser mucho peores.
Pero eso no es excusa para agredir a la autoridad, negarse a someterse a la justicia y mucho menos, para buscar impunidad a través de las mañas de siempre.
Sí, las garantías procesales deben respetarse: existe la presunción de inocencia y todos los privados de libertad, no solo ellos, merecerían condiciones dignas. Nadie lo discute.
Pero antes que eso, también existe la igualdad ante la ley, un principio que hoy pone a prueba a la Guatemala que somos hoy, cooptada por la corrupción, y la que queremos construir, la que debe ser.
Varios usuarios de redes sociales comentaron, con razón, que en los Estados Unidos esa pataleta de muchachita salvaje que desplegó la señora Ayuso hubiera provocado una reacción muy distinta de las autoridades. Probablemente hubiera recibido un choque eléctrico que la hubiera dejado quieta y cargos adicionales por agredir a una agente de las fuerzas del orden.
Tal vez ahora que la justicia toca a quienes siempre han sido intocables, caemos en cuenta que debemos corregir la precariedad de las instituciones encargadas de procurarla y resolver, de manera definitiva, las miserias de todos los eslabones que conforman la administración de justicia.
