El expediente del antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, está nuevamente a disposición del pleno del Congreso. El pasado sábado, la comisión pesquisidora recomendó retirarle la inmunidad a Charchal.
Este martes, los diputados podrían definir si dejan sin el derecho de antejuicio al funcionario o le mantienen el privilegio judicial. Sin embargo, de entramparse por alguna razón la agenda esta decisión se postergaría hasta agosto.
El artículo 17 de la Ley en Materia de Antejuicios establece que esta votación debe efectuarse en el periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de mayo, y para esta semana solo han sido convocadas sesiones para martes y el jueves.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, señala que lo ideal es que el antejuicio se conozca esta semana, porque aunque la ley deja abierta la posibilidad de que se efectúe en una sesión extraordinaria se podría impugnar la decisión en una corte por lo que se establece en ese artículo. Sin embargo, considera que "es prematuro especular".
De no conocerse en alguna de estas sesiones, y si no se convoca a alguna adicional entre viernes y domingo, la decisión podría prolongarse hasta agosto, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones del año.
Este lunes los jefes de bloque acordaron presentar una moción para alterar la agenda y conocer diversos temas, entre estos el antejuicio a Charchal. Para ello necesitan de 105 votos, la misma cantidad requerida para que el magistrado sea investigado por la fiscalía como cualquier ciudadano y un juzgado pueda emitir una orden de captura o de arraigo sin mayor complicación.
Algunos parlamentarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sostienen que el Frente de Convergencia Nacional (FCN) busca retrasar el proceso y que no se alcance el mínimo de diputados requerido para iniciar la sesión. Sin embargo, el oficialismo niega este señalamiento.
El Presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, considera que este martes habrá sesión. "Yo hice un sondeo y todos dicen que sí", señala Taracena.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Charchal intervino para favorecer con una resolución judicial a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), para que no tuvieran que pagar 24 millones de quetzales por la licencia de construcción, que había requerido la municipalidad del Puerto San José.
