En el caso Libramiento de Chimaltenango, el Juzgado de Mayor Riesgo D decidió enviar a juicio a dos de los acusados.
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La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió enviar a juicio a dos acusados en el caso Libramiento de Chimaltenango y dictó sobreseimiento a favor de tres señalados en el mismo proceso.
Según lo la juzgadora, los señalados que deberán enfrentar debate oral y público lo harán por el delito de peculado por sustracción, son el exviceministro financiero del Ministerio de Comunicaciones, Edgar Aníbal Gómez Escobar, y Selvin Eduardo Girón López, de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal (DAFIM)
Mientras que quedaron libres de cargos el exdirector de Caminos, Juan José Hanser, Marcia Lorena Barrios Salazar y Claudia Lizbeth López Hernández.
Tanto los acusados que enfrentarán juicio, así como los quedarán libre al sobreseer el proceso a su favor, fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de haber autorizado la erogación y entrega de fondos público para la ejecución de la obra carretera.
La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió sobreseer el proceso contra tres señalados en el caso conocido como Libramiento de Chimaltenango, entre los que sobresale el exdirector de Caminos, Juan José Hanser. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/OUqstSzEFR
Sobre el caso
El caso Libramiento de Chimaltenango es sobre un posible fraude millonario que supera los Q550 millones, producto de la construcción de aproximadamente 14 kilómetros de carretera.
Según la investigación del Ministerio Público (MP), y la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI), se determinó que en dicho tramo carretero se benefició a dos empresas Constructora Nacional, S. A (CONASA) y Renova Ingenieros, S. A, que contaban con la capacidad técnica y financiera.
En este caso figuró como principal protagonista el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, quien se acogió al procedimiento de aceptación de cargos y le fue reducida la condena.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso dicha sentencia tras declarar con lugar la apelación presentada por el ente investigador y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Además, en el presente proceso también han figurado nombres de varios empresarios, así como funcionarios de gobierno, específicamente de entidades ligadas a la construcción y mantenimiento de carreteras.
Por último, este caso ha sufrido el traslado de la carpeta judicial a varios juzgados de mayor riesgo, pues ya pasó por las manos del Juzgado de Mayor Riesgo A y ahora es conocido por el de Mayor Riesgo D.
