El conversatorio de la EBG y la ABG planteó el método de autodiagnóstico y los criterios técnicos del Decreto 15-2026 para el sector económico.
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La entrada en vigor del Decreto Número 15-2026 plantea un proceso de reestructuración para el sector productivo y profesional de Guatemala, al sustituir una normativa con más de dos décadas de antigüedad por un marco preventivo enfocado en la gestión de riesgos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Con el propósito de responder a la interrogante central sobre qué criterios definen si una persona individual o jurídica mantiene, adquiere o deja de tener la condición de sujeto supervisado, la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), con el patrocinio de Soy502 y Nuestro Diario, realizaron este jueves el conversatorio "¿Eres o dejas de ser una Persona Obligada?".
En el acto de apertura de este espacio destinado a brindar claridad operativa ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), las autoridades promotoras destacaron la relevancia de propiciar espacios de análisis para disipar dudas y afianzar la certeza jurídica de las inversiones en el mercado nacional.
Sobre este aspecto, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, Christian Lux, subrayó la trascendencia de articular esfuerzos entre la academia y el sector financiero para fortalecer la transparencia institucional del país.
"En el tema tan delicado que es el Decreto 15-2026 hay un poco de desinformación y un poco de dudas, por lo que estos espacios ayudan a que en realidad se puedan aclarar", afirmó Lux.
El profesional agregó que la meta es "tener una visión hacia el futuro en el que el país, macroeconómicamente, se vea como un destino seguro para todos los empresarios y para todas las personas que puedan desarrollar un negocio acá en Guatemala de manera transparente".
Modelo de riesgos
Durante la conferencia magistral, Susan Rojas, exintendente de la IVE y socia fundadora de EvaluaCompliance, explicó que la nueva legislación transforma de manera radical el cumplimiento normativo al migrar de una verificación burocrática de listas hacia un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
Bajo este paradigma, cada persona individual o entidad debe evaluar sus vulnerabilidades específicas para concentrar sus recursos de control en las operaciones de mayor complejidad transaccional.
Preguntas clave
Para determinar con precisión el estatus de cada agente económico, en el encuentro se expusieron las preguntas esenciales que integran el autodiagnóstico desarrollado por Evalua Compliance, disponible de forma interactiva en el sitio https://evaluemos.com/autodiagnostico-page.
En una primera etapa, el análisis requiere definir la situación institucional del interesado: ¿está actualmente inscrito o estuvo inscrito ante la IVE?; ¿representa a una entidad bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Bancos?; o bien, ¿realiza actividades comerciales como financiamiento con fondos propios, emisión de tarjetas, divisas, corretaje inmobiliario, venta de vehículos, empeños o gestión de activos virtuales?
En una segunda fase, la evaluación se enfoca de manera específica en el ejercicio profesional independiente. Para notarios, contadores u otros asesores corporativos, la pregunta clave es si preparan o ejecutan actos societarios, administración de bienes o fondos a nombre de clientes sin que medie una relación laboral de dependencia.
Responder afirmativamente a estos criterios de evaluación permite identificar si la persona debe estructurar su programa de cumplimiento desde cero, adecuar los manuales operativos existentes o gestionar formalmente la cancelación de su registro si ha dejado de figurar en el listado legal.
Sanciones e impacto
Un elemento crucial discutido en la jornada fue la modificación del régimen sancionatorio, el cual faculta a la autoridad para imponer multas administrativas que van desde los US$500 hasta los US$300 mil, además de permitir la inscripción de oficio y sanción a quienes omitan registrarse oportuna y debidamente.
En este sentido, Rojas enfatizó ante los participantes el riesgo que implica operar en el desconocimiento de sus obligaciones legales.
"Si en el ejercicio de sus funciones la IVE tiene conocimiento de que usted es persona obligada y no se ha inscrito, puede requerirle la información para inscribirla y además podría multarlo por no haberse inscrito oportunamente", advirtió la especialista.
Rojas remarcó que la autoridad no notificará de forma previa ni enviará invitaciones para el registro. "Usted puede estar expuesto a que, por desconocimiento o por no haber tomado las previsiones necesarias, le puedan requerir que se registre y además que cumpla con todo lo que no ha hecho en el tiempo", puntualizó.
El encuentro concluyó reiterando la importancia de adecuar las estructuras de control antes de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), programada para febrero de 2027.
Superar este examen internacional resulta decisivo para que Guatemala prevenga su ingreso a la lista gris, protegiendo las relaciones de corresponsalía bancaria, el flujo de inversión extranjera y el envío de remesas.
