El sector del transporte de pasajeros pide al Gobierno acciones inmediatas para contrarrestar la situación de inseguridad.
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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) advirtió que las extorsiones contra el sector transporte continúan en aumento y ya provocan una reducción de hasta el 25 % de su capacidad laboral.
Asimismo, la situación la provocado la salida de miles de pilotos que han dejado de trabajar por temor a ser víctimas de la delincuencia.
Ante este escenario, la organización exigió al Gobierno y a las instituciones del sistema de justicia implementar medidas inmediatas para contener la violencia.
Durante una conferencia de prensa, el vicepresidente de Gretexpa, René Zamora, afirmó que el problema ya no afecta únicamente al transporte urbano y extraurbano de pasajeros, sino que también alcanza al transporte de carga.
El dirigente señaló que la inseguridad ha profundizado la crisis de pilotos que enfrenta el sector, pues además de la escasez de conductores, muchas personas rechazan trabajar en el transporte debido al riesgo que representa desempeñar esa labor.

"Hay personas que ya no quieren trabajar en la industria del transporte porque ponen en riesgo su vida al estar sujetas a estas personas que exigen extorsión a las empresas", expresó.
Zamora indicó que el transporte es una de las actividades económicas más afectadas por las extorsiones en Guatemala y aseguró que numerosas empresas afiliadas a la gremial destinan una parte importante de sus ingresos para enfrentar este problema.
Explicó que, en algunos casos, las extorsiones representan una afectación equivalente al 30 % o 40 % de los ingresos de las empresas, mientras que otras estimaciones sitúan el impacto entre el 20 % y el 30 % de sus recursos.
Añadió que, como consecuencia directa de la violencia, el sector registra una pérdida del 25 % de su capacidad laboral, ya que entre 2,000 y 3,000 pilotos han abandonado sus puestos de trabajo por razones de seguridad.
Asimismo, recordó que durante el presente año 35 pilotos han fallecido en hechos relacionados con la criminalidad, situación que, aseguró, refleja la gravedad del problema que enfrenta el transporte de pasajeros.
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Aunque indicó que las cifras oficiales sobre extorsiones son administradas por la Policía Nacional Civil (PNC), sostuvo que las denuncias por este delito son presentadas diariamente por los transportistas cada vez que reciben llamadas o amenazas de grupos criminales.
El vicepresidente de Gretexpa reconoció que las autoridades han realizado algunas acciones para combatir las extorsiones, sin embargo, consideró que estas no responden a la magnitud del problema que enfrenta el sector.
En ese sentido, explicó que desde principios de año han mantenido acercamientos con la PNC, pero señaló que desde el año pasado no se reúne una mesa técnica que integre a todas las instituciones responsables de la investigación y persecución penal.
Por ello, insistió en la necesidad de reactivar un espacio permanente de coordinación entre el Ministerio de Gobernación (Mingob), la PNC el Ministerio Público y el Organismo Judicial (OJ) para diseñar respuestas conjuntas frente a las estructuras dedicadas a las extorsiones.
"Necesitamos una política criminal que ataque este problema", afirmó.

Como parte de sus planteamientos, la gremial solicitó la implementación inmediata de un plan de seguridad para las unidades de transporte de pasajeros, que incluya acciones específicas para proteger a pilotos, ayudantes y usuarios.
Entre las propuestas planteadas destacan la creación de paradas seguras, el desarrollo de planes territoriales de seguridad por regiones en coordinación con las autoridades policiales y la realización de reuniones regionales con los responsables de la PNC para atender los focos de mayor incidencia criminal.
Además, Gretexpa pidió instalar de forma inmediata una mesa de diálogo interinstitucional integrada por representantes del Mingob, la PNC, el MP y el OJ con el propósito de acordar medidas urgentes mientras se desarrolla una política criminal de largo plazo.
Zamora enfatizó que estas acciones deben implementarse de forma inmediata, ya que, según afirmó, lo que está en riesgo es la vida de miles de pilotos, ayudantes y usuarios del transporte público.





