Guatemala advirtió sobre el peligro de restringir los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
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El Gobierno de Guatemala rechazó las declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) calificó la postura del gobernante nicaragüense como una grave vulneración de los principios democráticos y de los compromisos internacionales relacionados con los derechos políticos de la ciudadanía.
"Esa aseveración constituye una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", señaló la Cancillería.
Ortega hizo las declaraciones el domingo 19 de julio, durante un acto realizado en Managua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista.
Comunicado sobre la situación en Nicaragua.
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Al referirse a sus opositores, el mandatario afirmó: "Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder".
Ante ese pronunciamiento, Guatemala advirtió que la supresión de las elecciones elimina cualquier posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder y restringe los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
Según el Minex, prescindir de los procesos electorales también debilita el Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político, principios considerados fundamentales para el funcionamiento de un sistema democrático.
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Las declaraciones de Ortega se producen después de una amplia reforma constitucional aprobada en 2025, la cual amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y estableció la figura de copresidentes, cargo que actualmente comparte con su esposa, Rosario Murillo.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y mantiene un fuerte control sobre las instituciones estatales.
La situación política se agravó después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 personas fallecidas, además de miles de heridos, detenidos y ciudadanos obligados a abandonar el país.
