Más de 56 mil denuncias relacionadas con estafas digitales fueron presentadas ante el MP, quien señala retos para investigar los ciberdelitos.
TE PUEDE INTERESAR: Advierten fallas estructurales en la ciberseguridad de las instituciones públicas
En los últimos tres años, el Ministerio Público (MP) ha recibido más de 56 mil denuncias relacionadas con delitos cometidos mediante herramientas digitales, sin embargo, las autoridades consideran que el número real de afectados podría ser mayor, debido a que muchas víctimas optan por no denunciar.
Durante una citación en el Congreso, Gustavo Barrios, jefe del departamento de Políticas de persecución Penal de la Secretaría de Política Criminal del MP, explicó que la investigación de estos casos enfrenta desafíos, debido a que muchas de las conductas denunciadas no encajan en una sola figura penal y suelen involucrar distintos delitos al mismo tiempo.
Además, indicó que Guatemala aún no cuenta con una normativa específica para perseguir los ciberdelitos y señaló que la falta de algunos mecanismos internacionales de cooperación dificulta el seguimiento de investigaciones que trascienden las fronteras nacionales.
Estafas frecuentes
Según Barrios, entre las modalidades más frecuentes se encuentran:
- Suplantación de identidad
- Uso indebido de servicios bancarios
- Perfiles falsos en plataformas digitales
- Fraudes relacionados con criptomonedas
Ley de Ciberseguridad
El MP explicó que mantiene coordinación con la Superintendencia de Bancos (SIB) y otras entidades financieras para obtener información relacionada con las investigaciones. Sin embargo, mencionó que algunos datos están protegidos por el secreto bancario y en determinados casos es necesario solicitar autorización judicial para acceder a ellos.
En la citación también participó el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, quien indicó que las modalidades de fraude digital evolucionan constantemente y que los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los usuarios.
Además, indicó que la Junta Monetaria y la SIB han impulsado modificaciones regulatorias orientadas a fortalecer la gestión de riesgos tecnológicos, la ciberseguridad y la protección de los canales electrónicos utilizados por las entidades financieras.
Importancia de la prevención
González Ricci consideró que uno de los principales retos sigue siendo la prevención debido a que muchos de los casos reportados ocurren cuando los usuarios comparten de manera voluntaria información confidencial, descargan aplicaciones fraudulentas o son víctimas de engaños diseñados para obtener acceso a sus cuentas.
También se mencionó que fortalecer la educación digital de la población es tan importante como mejorar los mecanismos de investigación y persecución penal.
Las autoridades señalaron la necesidad de continuar el análisis de la iniciativa de Ley de Ciberseguridad, una propuesta que busca dotar al país de herramientas más modernas para prevenir, investigar y sancionar los delitos informáticos, así como mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos.
Las declaraciones ocurrieron en el Congreso este 17 de junio con representantes del MP, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y la Policía Nacional Civil durante una citación presidida por el diputado Héctor Aldana donde se expuso los principales obstáculos que enfrentan para investigar los casos de estafas cibernéticas.
