El Gobierno de Bernardo Arévalo ha enfrentado, en lo que va de 2026, al menos ocho episodios que elevaron la presión política sobre el Ejecutivo.
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Ataques contra policías, motines carcelarios, el aumento de los combustibles, bloqueos, una incursión armada con participación militar bajo investigación, una jornada de violencia y reveses institucionales han marcado el año previo a las elecciones generales de 2027.
La respuesta estatal ante cada una de estas coyunturas ha tenido distintos alcances, pero en varios casos dejó cuestionamientos sobre la capacidad de reacción, la coordinación entre instituciones y la comunicación del Gobierno.
1. Motines y ataques contra la PNC (17 y 18 de enero)
La primera gran crisis del año comenzó con motines simultáneos en las cárceles de Fraijanes II, Renovación I y el sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18.
Privados de libertad retuvieron a guardias y personal administrativo, mientras se reportaron ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los hechos dejaron 11 policías fallecidos y obligaron al presidente Arévalo a decretar estado de sitio en todo el país por 30 días, una medida que fue ratificada por el Congreso.
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El Gobierno vinculó los ataques con estructuras criminales y una posible acción para desestabilizar al Estado.
El impacto político fue inmediato pues el Ejecutivo tuvo que recurrir a una medida excepcional, suspender clases y desplegar fuerzas de seguridad en todo el territorio.
La crisis volvió a colocar en el centro del debate la debilidad del sistema penitenciario y la capacidad de las pandillas para ordenar acciones violentas desde prisión.
2. Primera escalada por el alza de los combustibles (febrero-mayo)
El incremento internacional del petróleo comenzó a trasladarse a los precios locales de diésel y gasolinas a finales de febrero e inicios de durante marzo último.
El Gobierno anunció medidas para mitigar el efecto en el costo de vida y respaldó iniciativas para subsidiar los combustibles.
Como respuesta, el Congreso aprobó el Decreto 11-2026 y autorizó Q2,000 millones para reducir temporalmente Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina.
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El subsidio entró en vigencia el 1 de mayo y se esperaba que tuviera una duración de tres meses, sin embargo, su temporalidad fue menor debido a la alta demanda de carburantes.
Aunque la medida frenó temporalmente la presión, también abrió un debate sobre el uso de recursos públicos para atender una crisis provocada por factores internacionales.
El Gobierno asumió el costo político de defender un subsidio que no resolvía la volatilidad de los precios.
3. Bloqueos y presión en las carreteras (julio-septiembre)
La tensión por los combustibles volvió a crecer tras el vencimiento del primer subsidio y el 24 de julio se registraron bloqueos en al menos ocho rutas del país, mientras el Ejecutivo anunciaba una nueva iniciativa de apoyo.
Opositores en el Congreso aprovecharon el momento para llevar a cabo duras críticas en contra del Ejecutivo en la cual resaltaba su inacción y falta de propuestas para atender la crisis, la que a la postre llegó.
En agosto, la propuesta oficial permanecía sin respaldo suficiente en el Congreso y la situación escaló durante septiembre, cuando se reportaron bloqueos durante varios días por el aumento del diésel, la gasolina y la canasta básica.
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El 11 de septiembre, el Gobierno informó que había 34 puntos bloqueados y ordenó una operación conjunta para liberar las rutas, resalta que en algunas protestas también se exigió la renuncia del presidente.
La crisis tuvo un alto costo político para el Ejecutivo, no solo por el impacto en la movilidad y el abastecimiento, sino por los cuestionamientos a la ausencia inicial de Arévalo de las conferencias para explicar la respuesta gubernamental.
La liberación de las carreteras mediante el despliegue policial elevó la tensión con los sectores inconformes, aunque apaciguó con el pasar de los días.
4. Leyes del Congreso y veto presidencial (septiembre-octubre)
En medio de las protestas, el Congreso aprobó el Decreto 21-2026, que planteaba precios máximos de Q39 por galón para diésel y gasolina regular, y Q41 para la gasolina superior, la medida contemplaba Q2,500 millones para su financiamiento.
Sin embargo, el malestar seguía en aumento y el Congreso decidió aprobar el Decreto 22-2026, que estableció una exención temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución del Petróleo y sus Derivados.
La presión pasó una vez más al Ejecutivo y el presidente terminó por vetar el Decreto 21-2026 y sancionar el Decreto 22-2026.
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El Gobierno tardo varios días en decidir qué hacer, pero su argumento fue que vetar el primer decreto era necesario debido a que, si entraban en vigencia ambos, se había puesto en riesgo la estabilidad financiera del Estado.
El episodio reflejó las dificultades del Gobierno para alcanzar una salida política y legislativa frente al aumento de los precios.
También alimentó las críticas por la falta de una estrategia sostenida para responder al impacto económico en los hogares y los sectores productivos.
5. Incursión armada en Huité, Zacapa (27 de septiembre)
La incursión armada ocurrida en Huité, Zacapa, dejó ocho personas fallecidas y abrió la crisis más delicada para el Gobierno por la actuación del Ejército.
Las explicaciones oficiales variaron en los días posteriores ya que inicialmente se negó participación militar, luego se admitió la presencia de unidades en el área y finalmente el Ministerio de la Defensa confirmó que soldados efectuaron disparos.
El presidente Arévalo ordenó una investigación administrativa y el informe fue trasladado al Ministerio Público.
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Defensa informó que 107 militares quedaron a disposición de la Fiscalía y se produjeron relevos en mandos castrenses.
La crisis golpeó la credibilidad del Ejecutivo debido a las contradicciones iniciales y a la falta de una explicación pública sobre quiénes fueron responsables de las muertes.
El caso mantiene bajo presión al Gobierno, mientras la investigación penal permanece bajo reserva.
6. Jornada de ataques armados y percepción de inseguridad (29 de septiembre)
Dos días después de los hechos en Huité, se registró una jornada de ataques armados en distintos puntos de la capital y municipios cercanos.
Los hechos dejaron seis personas fallecidas, mientras Gobernación informó que al menos tres de los ataques podrían haber sido coordinados para obligar a las fuerzas de seguridad a atender varios puntos de manera simultánea.
Aunque las autoridades señalaron que parte de los ataques podría estar vinculada con disputas entre estructuras criminales, la jornada aumentó la percepción de inseguridad y agravó el desgaste del Ejecutivo en materia de seguridad.
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Gobernación reconoció que no tenía indicios para vincular estos hechos con lo que había ocurrido hacía tan solo unos días en Huité.
Sin embargo, consideró que cabía la posibilidad de que los delincuentes habían aprovecho la coyuntura nacional para crear más zozobra entre la población.
La sucesión de hechos violentos, ocurrida inmediatamente después de Huité, reforzó las dudas sobre la capacidad estatal para prevenir y contener la violencia.
7. Anulación del nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat (8 de octubre)
El presidente Bernardo Arévalo designó a Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, después de que este dejara el Ministerio de Finanzas.
Menkos asumió el cargo el 1 de octubre, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el nombramiento ocho días después.
La resolución estableció que Menkos mantenía su condición de diputado, pese a contar con permiso para ejercer funciones en el Ejecutivo, y que existía una incompatibilidad para asumir la presidencia del banco central.
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El fallo dejó sin efecto las actuaciones realizadas durante su breve gestión y ordenó que el cargo fuera asumido temporalmente por el vicepresidente de la institución.
El caso representó un revés jurídico y político para Arévalo, pues la decisión de la CC cuestionó la interpretación legal utilizada por el Ejecutivo.
Además, obligó al Gobierno a buscar un nuevo perfil para dirigir una institución clave para la estabilidad monetaria y financiera del país, además de ampliar el desgaste de la Presidencia en una semana marcada por las dudas sobre la actuación militar en Huité.
8. Crimen de Solórzano Foppa y captura de los hermanos Choc Toz (17 de octubre)
El asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, así como de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, abrió una nueva crisis para el Gobierno en materia de seguridad, investigación criminal y confianza en la actuación policial.
Horas después del ataque, la PNC capturó a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz.
Sin embargo, un juzgado les otorgó falta de mérito al considerar insuficientes los elementos para ligarlos a proceso en esa etapa.
La defensa y fuentes judiciales plantearon señalamientos sobre posibles irregularidades en la detención y el arma reportada por la Policía, extremos que deberán ser establecidos por las investigaciones correspondientes.
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La Presidencia y Gobernación han indicado que existen investigaciones en curso y que se debe respetar el debido proceso.
No obstante, las respuestas oficiales no han precisado si existe una pesquisa administrativa específica sobre la actuación de los agentes involucrados en la captura.
El caso coloca bajo presión al Ministerio de Gobernación, a la PNC y al Ejecutivo, debido a las preguntas pendientes sobre el crimen, la seguridad que tenía Solórzano Foppa y el procedimiento utilizado contra los primeros detenidos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que no existían elementos para adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen y que la investigación debía sostenerse en evidencia y no en versiones preliminares.
Año preelectoral bajo presión
Estas crisis se producen en pleno año preelectoral, cuando los partidos políticos preparan sus estructuras y las disputas por el control institucional adquieren mayor intensidad de cara a los comicios de 2027.
En distintas ocasiones, autoridades del Gobierno han advertido que el contexto preelectoral puede elevar la tensión política y abrir espacio a narrativas de confrontación o desestabilización.
En el caso de Solórzano Foppa, Villeda reconoció que el hecho ocurre en ese ambiente, aunque afirmó que no se puede establecer, sin evidencia, que el crimen o los hechos violentos recientes busquen generar zozobra o tengan un objetivo político.
