El secreto profesional, las sanciones y la capacitación son algunos de los temas que generan dudas en el gremio de agobados.
EN CONTEXTO: Colegio de Abogados advierte riesgos jurídicos en la Ley Antilavado recién aprobada
Hasta el Congreso de la República llegaron las preocupaciones expresadas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en torno a la reciente aprobación de la Ley Antilavado.
El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, diputado Jorge Ayala, indicó que el CANG ha manifestado su respaldo a la normativa debido a su importancia para que Guatemala cumpla con sus compromisos y estándares internacionales.
Sin embargo, señaló que el gremio de abogados ha planteado observaciones relacionadas con la futura elaboración del reglamento de la ley.
Mencionó que entre los puntos planteados por el CANG se encuentran las dudas sobre el alcance del secreto profesional, la aplicación de las sanciones y multas administrativas, así como la necesidad de procesos de capacitación y acompañamiento para las personas obligadas a cumplir con la normativa. "Yo creo que varios de estos temas ya fueron atendidos en la ley", indicó.
Además, explicó que el artículo 41 establece mecanismos de protección al secreto profesional cuando los abogados obtengan información en el ejercicio del derecho de defensa, evitando que deban trasladar información protegida bajo estas circunstancias.
Sobre la capacitación, señaló que es necesario que las personas obligadas reciban inducción mediante guías, manuales y procedimientos claros para conocer el alcance de sus responsabilidades. "El artículo 52 en la enmienda que se puso da facultades específicas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por ese tema", indicó.
Respecto del régimen de sanciones, el diputado Ayala explicó que la normativa establece rangos y criterios generales tomando en cuenta el tipo de sujeto obligado, la naturaleza de la infracción y su gravedad, mientras que los detalles de su aplicación deberán ser definidos en el reglamento.
"Yo creo que lo más importante es que estamos de acuerdo con el CANG en el sentido de que el reglamento va a atender y aclarar muchas de esas inquietudes que ellos tienen en este momento", señaló.
En ese sentido, indicó que la elaboración del reglamento ya no corresponde al Congreso, sino a la IVE y a la Superintendencia de Bancos (SIB), entidades que deberán desarrollarlo junto con sus equipos técnicos y consultar con los sectores involucrados.
"Algo importante es que ellos (CANG) no estarían impugnando en este momento sino que lo que quieren es esperar, ver qué tanto está cubierto a través de los reglamentos para garantizar las dudas que ellos tienen", agregó.
Por su parte, el diputado José Chic indicó que el CANG tiene el derecho de presentar las acciones legales que considere pertinentes ante la Corte de Constitucionalidad (CC), encargada de determinar si algún artículo de la normativa vulnera derechos constitucionales.
"Y, de ser así, ya nuevamente el Congreso de la República deberá reformar los artículos, adecuarlos y esperar la evaluación de GAFI y con ello determinar qué va a suceder", expresó.
Además, Chic mencionó que la Ley Antilavado fue elaborada con base en las recomendaciones y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como parte del proceso de evaluación internacional al país.
No obstante, indicó que existen "algunas cuestiones de controversia con los artículos donde los notarios han dicho que pueden salir afectados directamente"
Sin embargo, resaltó que el Congreso realizó un trabajo técnico con el que se atendió la mayoría de observaciones planteadas por el GAFI.
"El Congreso de la República hizo un trabajo técnico, un trabajo eficiente. La mayor cantidad de recomendaciones de GAFI se cumplieron", indicó.
Riesgos Jurídicos
El CANG expresó el pasado 9 de junio su preocupación por diversos aspectos de la normativa Antilavado por la inclusión de los notarios como personas obligadas en ciertas operaciones.
Además, señaló la importancia de que la implementación de la ley respete principios como el secreto profesional, la proporcionalidad de las sanciones y las garantías constitucionales vinculadas al ejercicio de la profesión.
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