La modernización del sector justicia recae en una serie de iniciativas que se encuentran encaminadas en una comisión específica del Congreso.
TE PUEDE INTERESAR: Respaldan reformas que fortalecen el marco legal y operativo de la PNC
Desde el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta abordar temas sensibles relacionados con la niñez, prisión preventiva y legítima defensa, varias son las iniciativas de ley que pasan por una comisión específica del Congreso de la República para reformar la Justicia en el país.
La Comisión de Reformas al Sector Justicia mantiene una agenda enfocada en varias iniciativas que buscan atender problemas puntuales del sistema de seguridad y justicia en Guatemala, entre las últimas que fueron emitidas, está la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, aprobada por el pleno el 24 de febrero mediante el Decreto 7-2026.
Además, esta semana se emitió dictamen favorable a la iniciativa 6502, que busca la creación de la ley de protección del menor y sus relaciones paterno-filiales. Al respecto, René Girón Palacios, magistrado Tercero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), adelantó que es necesario legislar de forma actualizada en las sentencias penales que los juzgados emiten, ya que la última reforma al respecto fue emitida hace 30 años.
Enumeran avances legislativos
Según Álvaro Arzú, presidente de dicha sala legislativa, uno de los objetivos centrales en la comisión es fortalecer el Estado de Derecho mediante la actualización del marco normativo y adelantó a Soy502 que se busca "dotar a los actores de la administración de justicia, de normas modernas, que fortalezca y agilicen la aplicación de la justicia, siempre en resguardo y respeto de los derechos constitucionales de los guatemaltecos".
Más allá de reformas puntuales al Código Civil o al Código Penal, Arzú señaló que el enfoque de la comisión es más amplio y responde a distintas problemáticas, las cuales abarcan desde conflictos familiares hasta temas de seguridad ciudadana, con el propósito de crear herramientas legales que permitan a las instituciones actuar con mayor eficacia.
Como parte del análisis está la propuesta sobre legítima defensa, identificada como iniciativa 6212. Esta plantea que las personas que actúan para proteger su vida, su familia o su propiedad puedan acceder a medidas como arresto domiciliario de forma inmediata, evitando procesos judiciales prolongados.
Sobre la iniciativa para crear una ley de protección del menor y las relaciones paternofiliales, el objetivo es "proteger el derecho de los niños o niñas, a tener relación con su padre o madre, en aquellos casos, en los lamentablemente, alguno de los progenitores, impide que el otro, pueda verlos, visitarlos o tener relación con sus hijos, esto sin causa justa, es decir, sin que haya existido un hecho de violencia o delito en contra de los menores", comentó el legislador.
En materia de seguridad, el presidente de la comisión también se refirió a las reformas orientadas a fortalecer el trabajo de la PNC ei indicó que uno de los problemas detectados es que personas capturadas por delitos, especialmente vinculados a pandillas, recuperan su libertad con medidas sustitutivas.
Para agilizar este tema, se trabaja en cambios al Código Procesal Penal y por aparte, en 2025 se aprobó la Ley para el Combate Frontal de las Maras o Pandillas, con la que se busca brindar herramientas legales más sólidas a la PNC para enfrentar el crimen organizado.
Sobre los avances alcanzados, Arzú resaltó la reciente aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, la cual calificó como un paso importante en la modernización institucional y resultado de un trabajo técnico sostenido y coordinado con distintas entidades que "constituye un avance significativo en la modernización de una de las instituciones más importantes del Estado de Guatemala", indicó.
Sobre la calidad del trabajo legislativo
Francisco Quezada, investigador en el área de Seguridad y Justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), desde una mirada crítica se refirió a los avances tanto de la comisión como del pleno sobre el tema, por ejemplo, la ley de la PNC aprobada de urgencia en noviembre de 2024 y el abordaje de pandillas.
Sobre la primera, Quezada señaló que fue aprobada pese a advertencias técnicas que ya muestra consecuencias por mecanismos que afectan la carrera policial, como ascensos automáticos sin criterios de mérito, lo que, a su criterio, debilita la institucionalidad. En sus palabras, "están comprometiendo la carrera de la policía" y agregó que la ley "tiene 19 inconstitucionalidades".
En cuanto a la ley que declara terroristas a las pandillas, Quezada indicó que su contenido presenta serios problemas de redacción. "En los tribunales no saben a quién asignarle los casos", afirmó y a su vez advirtió, que esto ha provocado retrasos en procesos vinculados a estos grupos.
En ese contexto, planteó una recomendación directa para la Comisión de Reformas al Sector Justicia, es revisar y reformar las ya aprobadas. "recuperar su calidad y lo que deberían de hacer es empezar a tomar las leyes que ya aprobaron y empezarlas a reformar para ajustarlas al ordenamiento legal", indicó.
Quesada subrayó que el problema es estructural y no se limita a una sola comisión. A su criterio, el Congreso ha perdido el enfoque técnico en la creación de leyes. "Es preferible que no legislen a que legislen como está pasando ahora", concluyó.
