Tribunal ordena al MP localizar testigos en caso Asalto al Ministerio de Salud

  • Por Cristóbal Veliz
17 de junio de 2026, 14:27
El Tribunal de Mayor Riesgo D fijó tres días al MP para ubicar a dos testigos técnicos para que declaren ante dicha judicatura. (Foto: Cortesía/Soy502)

El Tribunal de Mayor Riesgo D fijó tres días al MP para ubicar a dos testigos técnicos para que declaren ante dicha judicatura. (Foto: Cortesía/Soy502)

El Tribunal de Mayor Riesgo D frenó la intención del MP de prescindir de dos testigos técnicos en el caso "Asalto al Ministerio de Salud" y fijó tres días para ubicarlos.

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Previo a que continúe el juicio contra tres exdiputados al Congreso de la República acusados del delito de tráfico de influencias, el Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por el juez Fredy Aguilar, otorgó un plazo de tres días al Ministerio Público (MP) para localizar a dos testigos técnicos y garantizar su comparecencia ante esa judicatura, dentro del caso denominado "Asalto al Ministerio de Salud".

La decisión surgió luego de que el MP manifestara su intención de renunciar a dichos medios de prueba, al argumentar que no había logrado ubicar a los testigos técnicos para que comparecieran al juicio.

Sin embargo, los integrantes del tribunal consideraron necesario agotar los esfuerzos para localizarlos antes de prescindir de sus declaraciones, por lo que instruyeron a la Fiscalía a realizar las diligencias correspondientes dentro del plazo establecido.

Sobre el caso

El proceso penal se desarrolla contra los exdiputados Aracely Chavarría Cabrera, Humberto Leonel Sosa y Ronald Estuardo Arango, quienes enfrentan cargos por el delito de tráfico de influencias.

La acusación forma parte del expediente conocido como "Asalto al Ministerio de Salud", una investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sobre una presunta estructura de corrupción que habría operado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) entre 2012 y 2014.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los tres exlegisladores habrían utilizado la investidura y las facultades derivadas de sus cargos para gestionar la contratación de personas afines o recomendadas dentro de la cartera de Salud, acciones por las que fueron señalados de incurrir en el delito de tráfico de influencias.

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