Varios activistas guatemaltecos han solicitado la renuncia de los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, señalados por corrupción en investigaciones del Ministerio Público, MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG: Douglas René Charchal Ramos, Vladimir Osmán Aguilar Guerra y Blanca Aída Stalling Dávila.
"En cualquier país con mayor desarrollo democrático, con la mitad de presión y repudio que hay contra ellos, estarían fuera", indicó la activista Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.
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Ibarra explicó que la permanencia de estos magistrados le hace "un daño enorme" a la credibilidad de la CSJ. "A los tres se les vincula con casos donde su función consistía en manipular a las cortes para brindar protección o promover los intereses de personas metidas en estructuras de crimen organizado o corrupción", afirmó la activista.
Para el integrante del colectivo #JusticiaYa, Alvaro Montenegro, la ciudadanía debe exigir la dimisión de estos magistrados por una razón aún más poderosa. "Es crucial que renuncien para evitar un pacto de impunidad mutua entre el Congreso y la CSJ", pues ambas entidades conocen de manera cruzada los antejuicios de sus integrantes.
Los tres magistrados señalados --Aguilar, Charchal y Stalling-- son "figuras principales de un grupo homógeneo de magistrados de la CSJ, que a veces son 7 y a veces son 8, que representan los intereses de las corrientes políticas que los eligieron, del Partido Patriota y Lider", explicó Ibarra.
Montenegro explicó que el antejuicio contra el magistrado Charchal "evidencia nuevamente las anomalías que condujeron a la elección de la actual CSJ", en octubre de 2014.
El joven activista recordó que en ese entonces, la magistrada Claudia Escobar denunció públicamente que el ex diputado del Partido Patriota, Gudy Rivera, trató de chantajearla para que otorgara un amparo a favor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. A cambio, le ofrecieron la reelección como magistrada de sala.
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A finales de 2014, varias organizaciones ciudadanas solicitaron que se repitieran las elecciones de la CSJ, por las irregularidades cometidas por los operadores de PP y Lider, quienes operaron con éxito para nombrar una CSJ con magistrados proclives a sus intereses.
"Esto es lo que vemos nuevamente con el caso del magistrado Charchal, que se puso al servicio de los negocios que le requirió Monzón, en nombre de la Presidencia", indicó Alvarado.
1. Douglas René Charchal Ramos enfrenta desde el viernes 15 de abril una solicitud de antejuicio por supuesto tráfico de influencias en el caso del usufructo otorgado a la Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ. Según la declaración anticipada rendida por el colaborador eficaz de este caso, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Roxana Baldetti, Charchal habría gestionado un amparo a favor de TCQ en un juzgado de Escuintla, a solicitud del propio Monzón.
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2. Vladimir Aguilar fue también mencionado en el contexto de la investigación sobre la concesión de TCQ, pues para entonces él era el Procurador General de la Nación y participó en algunas negociaciones sobre el tema. La Fiscal General, Thelma Aldana, indica que no descartan que el magistrado Aguilar haya estado involucrado en las negociaciones anómalas de TCQ, por lo cual profundizarán la investigación alrededor de este funcionario.
3. Blanca Stalling también ha sido investigada por tráfico de influencias, ya que el MP presentó un audio en el caso "Bufete de la Impunidad" donde uno de los acusados habrían recurrido a influencias en el Organismo Judicial para procurarse medidas sustitutivas. En la escucha telefónica, el prófugo Luis Mendizábal indica que Blanca Stalling "es quien está detrás, ellos tienen muy buena comunicación". Asimismo, el hijo de la magistrada, Otto Molina Stalling, fue capturado en el caso de compra anómala de medicinas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.
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