En Guatemala, las pandillas han evolucionado de grupos relativamente "pequeños" a "grandes estructuras criminales". La recién aprobada ley que pretende combatir dichos grupos supone un avance, pero aún hace falta, coinciden expertos. Mientras tanto, siguen las extorsiones, asesinatos, usurpaciones, venta de drogas y más, en el país.
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Hablar de pandillas en Guatemala es remontarse a más de 40 años atrás. Se estima que estos grupos empezaron a surgir entre 1985 y 1996, según el Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación, con actividades delictivas como robo y consumo de drogas.
A partir de 1996, empezó la expansión hacia otras regiones, ya que al estar consolidadas, sus actividades delictivas se ampliaron a asesinatos, disputas territoriales, robos y más.
Fue en 2003, cuando las pandillas se expandieron de tal manera que incluyeron entre sus acciones las extorsiones, asesinatos con sadismo, control de las cárceles, fabricación de armamento, tráfico de armas y drogas, entre otros.
En la actualidad, sus actividades se han expandido a sicariato, extorsión, venta y distribución de drogas, usurpación de propiedades, e incluso han incursionado en la política y han suscrito acuerdos con otros grupos criminales.
La discusión de la problemática de las pandillas en el país se retomó tras un repunte en la violencia, lo que provocó que Estados Unidos las declarara como grupos terroristas. Incluso, uno de los hechos más recientes, fue la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 del centro de reclusión Fraijanes II, cuya logística aún no ha sido aclarada por las autoridades.
¿Qué ha funcionado?
Según los investigadores, tienen mapeados los lugares en donde operan las pandillas, también se tiene conocimiento de cómo están estructuradas y datos de sus principales líderes, muchos de ellos ya en prisión, condenados a cientos de años por los múltiples crímenes.
Froilán Cuxum, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en entrevista con Soy502, aseguró que el trabajo de inteligencia y la investigación que realizan agentes ha sido fundamental para el combate a dichos grupos delictivos.
"Como Dipanda, tenemos equipos especializados, con técnicas y métodos de investigación, que tienen la finalidad de contrarrestar el grupo, como el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y otros grupos criminales que se dedican a delitos de extorsión y otros delitos conexos", dijo.
También explicó que la denuncia ciudadana es vital para combatir el crimen y a las actividades delictivas de las pandillas.
"Si presentan una denuncia realizamos la diligencia de investigación, y así se puede llegar con el responsable de los actos delictivos, en este caso la extorsión", adelantó.
El funcionario destacó que la denuncia es fundamental, para dar con quienes incurren en hechos delictivos. Entonces,
¿Qué ha fallado en el combate?
Stu Velasco, ex subdirector de la Policía Nacional Civil y consultor en temas de inteligencia, aseguró que para combatir las pandillas hay que conocer su comportamiento y cómo han evolucionado, pues debido a la impunidad en el sistema de justicia se empezaron a dedicar a otras actividades delictivas, por ejemplo, lavado dinero a través de "empresas".
Aseguró que la ausencia de trabajo integral por parte de varias instituciones no ha permitido desarticular todas las estructuras y recordó como proyectos realizados entre 2015 y 2016, permitieron recuperar territorios y evitar que más jóvenes incursionaran en las pandillas.
"Hay ausencia de la prevención del delito. El combate y superar el flagelo de las pandillas está condicionado a que el Estado pueda cortar y finalizar el relevo generacional que poseen para sustituir los cuadros detenidos", expuso.
También recordó que hubo un proyecto con la Embajada de Estados Unidos con el cual se ubicó áreas geográficas en donde los integrantes de estos grupos adoctrinan niños y adolescentes de 6 a 14 años.
Dijo que además de prevenir el delito, recuperar territorios, extinguir bienes y cortarles el financiamiento a las pandillas, es urgente el trabajo en conjunto, porque considera que, de nada sirve, que la policía los capture si al llegar a las cárceles, estas son controlados por estos grupos.
"La inexperiencia de un Sistema Penitenciario no ha permitido el combate a las pandillas. Podemos tener una inteligencia civil en armonía, pero si eso está copado, no va a funcionar", detalló.
Pandillas versus policía
El factor económico es otro gran aspecto a considerar. Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) ha tenido históricamente problemas por un escaso presupuesto, salario reducido para agentes, deficiencias en vehículos, comisarías y equipamiento, las pandillas poco a poco se han agenciado de recursos económicos, como lo demuestran las incautaciones de dinero en efectivo y las viviendas que alquilan para algunos de los líderes.
"Se estima que el valor de la extorsión de personas en Guatemala varía entre US$40 millones y US$57 millones anuales", se lee en el informe Siguiendo el dinero de la extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica, emitido por la Global Financial Integrity (GFI) en 2022.
En ese documento, se señala que la extorsión deriva en otros delitos, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la corrupción.
¿Qué cambia con la nueva Ley Antipandillas?
En octubre pasado, el Congreso aprobó la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, más conocida como "antipandillas", la cual tipifica y declara como terroristas a los integrantes de las maras y endurece las penas en contra de sus integrantes cuando incurren en delitos y le asigna recursos al Ministerio de Gobernación.
"La ley antipandillas es una herramienta muy importante para la PNC. Tener esa herramienta es fundamental para contrarrestar esas estructuras criminales, declaradas como terroristas, nos da más prácticamente herramientas para contrarrestar desde la raíz, prácticamente", dijo el jefe de Dipanda.
Mientras, para Velasco, hay un desafío vigente para las autoridades y es que dentro de los siguientes 10 meses debe avanzar con el combate a estos grupos y se está a las puertas de un proceso electoral, que "de no atenderse podría ser violento ya que tanto el narcotráfico y las pandillas han entendido la importancia del poder político".
